Luego de varias horas de debate, pero en apenas 72 horas de recibido el paquete de medidas presentado por el Ejecutivo, el Congreso sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, una herramienta clave para “salir de la emergencia económica y social en la que estamos”, según lo expresara el presidente Alberto Fernández.

En la aprobación de esta ley en la Cámara de Diputados, mucho tuvo que ver el apoyo del Interbloque Federal y sus once legisladores, liderado por Eduardo “Bali” Buca y que coordinan el excandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna y el cordobés Juan Schiaretti. Además de los tres diputados de Cambiemos electos en 2017, a quienes tildaron de traidores: Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia, que decidieron sumarse al interbloque Unidad y Equidad Federal, junto a legisladores de otras provincias. Y en la Cámara de Senadores, contó con el apoyo de Lucila Crexell (Movimiento Neuquino); Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y del santafesino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.

El interbloque de Juntos por el Cambio/Cambiemos si bien se opuso a esta ley y amagó con no dar el quorum estuvo al borde de la ruptura por la presión ejercida durante toda la semana por los gobernadores del radicalismo, especialmente por el de Jujuy, Gerardo Morales, quien no solo facilitó la convocatoria a una sesión especial para que asumieran los nuevos diputados sino que neutralizó una rebelión de parte de algunos legisladores “más duros”, encabezada por Martín Lousteau (y en línea con Alfredo Cornejo en la Cámara Baja), para que no se llegue al quorum en el Senado.

¿Por qué fue tan resistido este proyecto enviado por Fernández? Para la oposición, si bien algunos reconocen que la Argentina está en una situación de emergencia, no se trata de un proyecto realmente “solidario” porque, en palabras de Lousteau, “le está sacando a los jubilados que ganan un poco más de la mínima para darle a los que ganan la mínima” y “es equivalente a un impuestazo de dos puntos del PBI”.

Pero históricamente en nuestro país, que se caracteriza por tener un déficit fiscal crónico, el que gobierna, ajusta. Además de sumarse la situación actual de restricción presupuestaria, la imposibilidad de colocar deuda y los riesgos de emisión por la escalada inflacionaria. Ajustó el presidente Mauricio Macri, sobre todo a partir de abril de 2018 y ahora ocurre con Alberto Fernández. Y lo interesante es que lejos de haber acuerdo, en que todo gobierno ajusta, hay confrontación. Básicamente porque se ha instalado la percepción de que gana el que se opone al ajuste, lo cual es cierto, porque se busca capitalizar el costo político que conlleva todo ajuste. Curiosamente, cuando el que ajustaba era Macri, en términos relativos los que más perdían eran sus votantes. Ahora, cuando ajusta Fernández, en principio los que más pierden también son los votantes de Juntos por el Cambio.

Por supuesto que toda la ciudadanía, incluyendo a los votantes del Frente de Todo, se vio perjudicada con las medidas adoptadas por el presidente Macri que condujeron a la caída de la actividad económica y a una alta inflación que caracterizó especialmente al final de su mandato, pero no en términos estrictos del costo del ajuste como ocurre ahora con esta grosera escalada impositiva.

Haciendo un paralelismo, las medidas implementadas por Macri para controlar el déficit fiscal, luego del acuerdo con el FMI, nos retrotraen al gobierno de Fernando De la Rúa, cuando su ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anunció un severo plan con 28 medidas que fue duramente resistido y terminó con su renuncia quince días después. Es que la mayor parte del ajuste recaía en el recorte a las universidades, los fondos provinciales y el incentivo docente, lo que provocó la quema de bancos en la Universidad de Buenos Aires porque el plan incluía arancelamiento universitario, pero también afectaba a otros sectores, como a los tabacaleros con la respectiva poda al Fondo Especial del Tabaco, una rebaja de 60 millones del presupuesto para dos años de la SIDE, quita en el aporte del Tesoro a la caja previsional de las Fuerzas Armadas, y otros ahorros en la ANSeS y Salud.

Sin embargo, el ajuste de López Murphy aplicado en esa oportunidad era el equivalente a un tercio del implementado por el actual gobierno del Frente de Todos y a diferencia del actual que recae en pocos sectores, era fragmentado, eran muchísimos sectores que pagaban poquito. Habrá que esperar cómo evoluciona esto en términos de reacciones o de judicializaciones, pero la clave es que mientras en el gobierno de la Alianza fue sobre todo contra su electorado, porque estaba dirigido a la clase media, ahora el ajuste es sobre el electorado de Juntos por el Cambio, lo que permitiría entender la dinámica actual.

Este “ajustazo” pudo ser reglamentado en tiempo récord, y tiene altas chances de tener éxito en su implementación por el hecho de que la coalición gobernante incluye a actores que tiene capacidad de acción colectiva y de detener o bloquear esta clase de iniciativas, pero sobre todo porque el peso del ajuste lo pagan los “no votantes”. Esto, por un lado, consolida al oficialismo porque es un triunfo importante que da peso y afianza la figura del presidente y le facilita más recursos para gastar incluso en su propio electorado, y por el otro, no genera respuesta de bloqueo. Particularmente, porque los gobernadores de Juntos por el Cambio, los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, además de otros actores en el Congreso, tienen vocación o interés en colaborar con el oficialismo, por diferentes motivos. Los gobernadores de Mendoza y Jujuy, junto con Schiaretti, tal vez necesiten refinanciar con ayuda de Nación su abultada deuda en dólares. Y el jefe de gobierno de la CABA, buscará sostener un buen vínculo con Fernández para evitar que una mala relación con la Nación entorpezca su gestión en la Ciudad, como le ocurrió a Macri en su segundo mandato.