Los 40.000 pesos que fijó la canasta básica total para delimitar la línea de pobreza, establece que la gran mayoría de los convenios colectivos de trabajo cobija a trabajadores pobres.

Esto equivale a decir que más allá de los comentarios aduladores del sindicalista estatal Hugo Yasky, respecto de la aplicación de cláusulas gatillos en las discusiones salariales, las próximas negociaciones paritarias van a llevar los mínimos de convenio por encima del costo de esa canasta.

Si se sigue esta línea argumental donde la mayoría de los gremios va a exigir un piso convencional superior a los 40.000 pesos, ello llevará a que el resto de las posiciones salariales también tengan un ajuste similar.

Para establecer en 40.000 pesos el mínimo convencional, los gremios deberán pedir aumentos superiores al 40% con el objeto de preservar el poder adquisitivo de los salarios lo que llevará a tensar la discusión salarial.

Muchas empresas no estarán en condiciones de hacer frente a los pedidos de actualización de los salarios lo cual llevará a conflictos en muchos sectores productivos, en el marco de una economía que no arranca por el enorme peso de la estructura impositiva.

 Los 40.000 pesos traducidos en dólares al tipo de cambio oficial significan un piso salarial del orden de los 650 dólares, una cifra que se encuentra por encima de las economías competidoras en la región, algo que descoloca a la producción local y la hace menos competitiva.

El Estado alimentó una caída del salario real porque si se mitigaba su efecto, la tasa de desempleo volaría a niveles exponenciales.

Lo cierto es que a este costo de la canasta básica se llegó por vía del aumento de la inflación generado por el Estado y que es alimentado por una emisión monetaria descontrolada, lo cual generará más inflación y tensión social, en una tendencia hacia la espiralización.

Aquí también, el Estado vuelve a ser protagonista provocando, más inflación y pobreza.