El intento golpista del cristinismo contra la justicia, es de una gravedad institucional inmensa. La autora intelectual de esta obsesión por lograr la impunidad es Cristina y el autor material es el ex espía Juan Martín Mena quien, además, está procesado en la causa por el encubrimiento a los terroristas que volaron la AMIA.
La brigada que intenta tomar por asalto a la justicia ya está en operaciones. Avanzan a paso redoblado y a tambor batiente. Ese pacto de impunidad, ese pacto negro, es el ADN, el núcleo duro de coincidencias del matrimonio político por conveniencia que celebraron Alberto y Cristina. Pero Alberto se demora.
No quiere o no puede llevarse por delante la independencia de los poderes. Pero Cristina está sumamente apurada y no se fija en formalidades republicanas. Nunca respetó la Constitución. Mucho menos lo va a hacer ahora.
Quien se mostró con más firmeza en la resistencia activa y pacífica a semejante atropello fue la doctora Elisa Carrió, poco antes de dejar de ser diputada. Denunció directamente y sin eufemismos un “golpe institucional” y le exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que repudie la violación del régimen de protección a testigos y a arrepentidos.
Alberto mediante un decretazo puso ese programa bajo las órdenes del Poder Ejecutivo. Es decir que puso al lobo a cuidar a las ovejas. O más grave todavía, dejó a la intemperie a los valientes denunciantes de la corrupción. Los convirtió en un blanco móvil. Si algo malo le llegara a pasar, por ejemplo, a Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner, la responsabilidad caerá en la espalda de Alberto y Cristina.
Los tiraron debajo de un camión. Los arrojaron a la jaula de los leones. No tuvieron escrúpulos ni estómago. Por suerte, hasta ahora, esta grosera intimidación y amenaza no logró su objetivo: que los arrepentidos se arrepientan de haberse arrepentido. Todo lo contrario.
Alejandro Vandenbroele, ex testaferro de Amado Boudou, dijo claramente que las coimas se las pagaron el ex vicepresidente hoy preso y el actual gobernador de Formosa, el señor feudal Gildo Insfrán. Y también se puso en manos de la entidad de defensa de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.
Esta salvajada puede traer consecuencias terribles y significa la utilización del aparato del estado para perseguir a aquellos que combaten la mega corrupción del gobierno K que durante 12 años, cometió la mayor cantidad de delitos de la historia y por fortunas colosales.
Pero este fue solamente un eslabón en la cadena que busca la impunidad de Cristina, su familia y sus funcionarios asfixiando a la justicia independiente y a los medios de comunicación que no se rinden ni se arrodillan.
El proyecto de las senadoras cristinistas fue del más explícito autoritarismo chavista. Por ahora y solo por ahora, fue abortado pero fue un globo de ensayo. Intentaron envenenar el trabajo de los periodistas de investigación para que nadie denuncie nunca más la corrupción K.
El texto proponía anular las prisiones preventivas si los medios “afectaban la presunción de inocencia”. Eso y decir que no hay que informar nada es lo mismo. Un mamarracho anticonstitucional. Solo les faltó proponer que dejaran libres a Boudou y a De Vido y que encarcelaran a Diego Cabot o Jorge Lanata.
Fue tan feroz que tuvieron que retroceder aunque sea por ahora. Pero describe con claridad lo que los fanáticos de Cristina piensan sobre la libertad de prensa. Lo mismo que los venezolanos de Nicolás Maduro y sus socios cubanos.
Pero el plan “Impunidad para todos y todas”, tiene infinidad de alternativas. El eje central es colonizar definitivamente a la justicia. Ponerle camiseta partidaria. Transformar a los tribunales en Unidades Básicas K.
Los más talibanes como Fernando Esteche, ex comandante de Quebracho que sufrió un intento de asesinato por sus propios ex camaradas, planteó hacer tierra arrasada. Poner a todos los jueces en comisión y tirar por las ventanas de los tribunales a los que no se subordinen a Cristina. Y colocar en su lugar a militantes dispuestos a todo.
El camino elegido, al parecer, va a tener el mismo objetivo pero va a ser un poco más sofisticado con la reforma judicial que detallará Alberto en estos días Alberto. La idea es llenar de jueces federales el país para diluir el poder actual de Comodoro Py, aprovechar el nuevo Código Penal y darle un lugar preponderante en el sistema acusatorio a los fiscales.
Como si esto fuera poco, tal como es su costumbre, el cuarto gobierno kirchnerista, profanó un reclamo sagrado respecto de eliminar la jubilaciones de privilegio. Más allá de la forma con la que le dieron media sanción al proyecto con la payasada inmoral del “dipu-embajador” Daniel Scioli, en lugar de llevar más equidad, están a punto de lograr que alrededor de 400 jueces pidan su jubilación inmediata.
Scioli hizo la “ve” de la victoria y todos los diputados peronistas se rieron de nosotros. Saben que por más que protesten, si el Senado la convierte en ley, todas esas vacantes serán cubiertas con magistrados soldados de Cristina.
La frutilla del postre será el intento de poner como jefe de todos los fiscales a Daniel Rafecas. Sería un verdadero escándalo de complicidad que algún senador del radicalismo o del PRO, vote por este hombre que se movió con tanta parcialidad y que tantos favores importantes le hizo a los actuales gobernantes. Otro tiro para el lado de la injusticia fue el pedido que hizo un senador jujeño de intervenir la justicia de esa provincia.
Directamente, sin medias tintas, Guillermo Snopek, pidió romper el federalismo con la idea de liberar a Milagro Sala a la que insisten en calificar como presa política pese a que está condenada en cuatro instancias por corrupción de alta envergadura, por hechos de violencia y por haber sometido casi a la esclavitud a gente de su agrupación, sobre todo a mujeres a las que golpeaba y castigaba con latigazos. Solo basta leer las declaraciones de las víctimas para comprender el nivel de robo y patoterismo que lideró la jefa de la Tupac Amaru a la que la mayoría de los jujeños, no defienden.
El que “si” la defiende, insólitamente, es el actual presidente pese a ser profesor de la facultad de Derecho. Alberto compró todo el discurso mentiroso del Lawfare que Cristina intenta venderle a la Argentina con la anuencia del Papa Francisco. Si Boudou y Milagro Sala son presos políticos yo soy Manuel Belgrano.
Forzar tanto la realidad con falsedades permanentes es necesario para que Cristina pueda zafar de todas las causas que tiene, de sus procesamientos y del juicio oral que está en marcha. Cristina se lo dijo en la cara a los jueces en su momento: “Ustedes son los que van a tener que responder preguntas”.
¿Se acuerda? Y su abogada y jefa legal de Asesores en el Senado, Graciana Peñafort también lo señaló pero en forma un poco más grosera cuando le dijo a los jueces que “muevan el culo”. Someter al poder Judicial es una forma de denigrar a la democracia. Y utilizar al poder legislativo en ese trabajo sucio es una mancha imborrable en la memoria colectiva.
Elisa Carrió dijo que Cristina, con su intento de golpe judicial, erosiona y lastima la autoridad presidencial y eso también constituye un desafío populista cargado de acechanzas. El fuego amigo está dañando demasiado a Alberto Fernández.
La principal responsable de ese deterioro de la investidura es Cristina, su compañera de fórmula. Así como Alberto fue el principal crítico de Cristina, hoy es ella la que más daño le produce. Alberto tiene una tarea muy difícil que es administrar la Argentina. Pero tiene una tarea imposible: gobernar a Cristina. Por ahora fracasó en el intento. Hoy todo indica que Cristina manda y Alberto obedece. Pero esa es otra historia.