Se esforzaron y lo lograron. Con semejante desmanejo de la situación fiscal y financiera, el resultado no podía ser otro que la cesación de pagos. Lo más curioso de toda la historia es que se llega al “default” no por la coyuntura internacional sino por errores propios.

Sin tener el menor escrúpulo y la menor intención de salvar a miles de mipymes, comerciantes y autónomos de una quiebra casi segura, el Estado arremete queriendo meter mano nuevamente en el bolsillo del contribuyente, violando incluso hasta la Constitución Nacional.

Ya no sólo no les alcanza con gobernar en estado de emergencia pública -es lo mismo que si fuera un estado de sitio económico-, sino que ahora la emprenden con imposición de sanciones por fuera de la justicia y legislando con retroactividad.

La intención de imponer nuevamente un gravamen a quienes ingresaron al blanqueo implica que se van a pagar dos veces por el mismo hecho imponible. El pago de tributo del blanqueo, liberaba al contribuyente de tener que pagar por la misma operación. Ahora no solo tendrá que pagar bienes personales por el capital blanqueado sino que deberá pagar por el hecho de haber blanqueado en 2017, algo que ya fue realizado.

Esto es lo mismo que legislar con retroactividad, algo que está expresamente prohibido por el derecho argentino. Mientras todo esto ocurre, el gobierno no sabe cuántos son los beneficiarios de los 10.000 pesos y cuando esperaban 3,6 millones de beneficiarios se anotaron 11 millones de personas.

Tampoco sabe cómo comprar alimentos ni cuantas son las personas que se incorporaron a los merenderos. Se habla de 3 millones, o 6 millones otros indican 11 millones. El descontrol es total.

En el gobierno de científicos, nadie se hace cargo de nada. El manejo de la pandemia se mueve por impulsos. El presidente del BCRA no sabe organizar un cronograma de atención al público, avala el uso de efectivo, fomentando la economía informal. El sindicato le impuso un cierre de entidades financieras ante la total pasividad oficial.

Es decir, un cajero de supermercado puede trabajar pero el cajero de un banco con muchas más seguridades, no, como si fueran oficios distitntos. Mientras se invoca el aislamiento social obligatorio se permite que miles de personas se agolpen frente a los bancos para cobrar un subsidio o un beneficio previsional, poniendo en juego la salud de millones de personas. El director de la ANSES, aun procesado, por la venta del dólar futuro en los últimos días de CFK, no tiene información aún de cuánto cuesta el pago de la asignación de emergencia y del aumento de la AUH.

En el medio de todo este absurdo, el ministro de Economía, se hace el guapo con los acreedores locales y los defaultea hasta que al Estado se le ocurra pagar, pero le paga a los acreedores externos en tiempo y forma.

Y todo coronado por un broche de oro donde el Estado paga en una compra sin licitación, alimentos para los sectores más humildes un 50% más caro que en los supermercados, mientras le dan facultades a los intendentes del conurbano para clausurar comercios que vendan bienes por encima de la lista de precios máximos, con un claro tufillo gestapista.

A menos de cuatro meses de haber asumido en la Casa Rosada, Alberto Fernández deberá oxigenar el gabinete o de lo contrario la crisis va a devorar su mandato.