Si alguno tenía alguna duda respecto de que la pandemia iba a ser utilizada para expandir los alcances del populismo fascista, del estado policial, del ataque a la propiedad e incluso de la expansión del robo, algunos hechos ocurridos en las últimas horas deberían borrar todo vestigio de vacilación.

En primer lugar el presidente Fernández se mostró partidario de delegar en los intendentes el control policial de los comercios de cercanía respecto de los precios máximos.

Más allá de la aberración de los precios máximos en sí misma, la profundización de ese sistema mediante una autorización policíaca a los intendentes para controlarlos es una prueba irrefutable del carácter inmanentemente fascista del gobierno de Fernández.

Los intendentes vecinales tienen una larga y siniestra historia de apretar comercios pequeños mediante “inspectores municipales” que, sumergidos en el mar enmarañado de regulaciones y papeletas que el poder legisferante local emite incluso con el manifiesto desconocimiento público, clausuran negocios si estos no están dispuestos a “arreglar”.

La Argentina tiene antecedentes groseros en este terreno. Tan groseros que algunos, como sátira cómica -aunque más bien sería trágica- han llegado a la pantalla de la televisión o el cine.

Todos estos hechos son reales y ocurren en la calle todos los días con “inspectores” que, escudados tras el océano de regulaciones, salen a pescar a gente que de un modo u otro caerá en las redes de la hijaputez.

Ahora Fernández se propone glorificarlos. Todo en aras de la emergencia. Allí van las huestes de camisas negras a terminar con los enemigos del pueblo. Munidos de sus baldes de alquitrán y sus brochas gruesas listos para estampar una cruz negra en la puerta del delincuente del barrio.

Si los individuos nos asociamos con Fernández en lugar de con nuestro vecino, estamos listos. Porque eso es lo que buscan: que nosotros nos unamos al ejército del pueblo integrado por coimeros e hijos de puta para arremeter contra la propiedad privada.

En otra variante de ataque a esa misma propiedad, Fernández se mostró favorable a aplicarle un impuesto a los que tienen activos en el exterior. Si, si, otro impuesto. Ya no les alcanza con haber aumentado -en virtud de la emergencia decretada ni bien asumieron- las alícuotas de bienes personales en flagrante violación a las promesas hechas, justamente, en la ley que estimuló el blanqueo, sino que ahora van por otro impuesto a esos mismos fondos.

Todo esto al mismo tiempo que gritan a los cuatro vientos que no consideran justo bajarse sus ingresos, tanto el de los funcionarios administrativos como los del poder legislativo y judicial. Estudios hechos por Roberto Cachanosky demuestran que una reducción across the board de los ingresos de los funcionarios públicos a nivel nacional, provincial y municipal podría significar un ahorro de U$S 12 mil millones.

Pero ¿qué hace Fernández? Manda a un ejército de coimeros a apretar a los comerciantes y amenaza con otro impuesto a la gente que cometió el peregrino crimen de ejercer la prudencia y reservar una parte de sus ahorros para su vejez, bajo una jurisdicción legal segura que no confisque la propiedad privada.

No me extrañaría nada que respecto de esta medida, ahora saliera a emitir una declaración de arrepentimiento. Pero ya explicamos más de una vez que el kirchnerismo es literal y avisa. Su verdadera intención es ir por esos patrimonios para quedárselos, para robarlos. Que es lo que va a terminar ocurriendo cuando la gente deba vender todo o parte del bien gravado para para el impuesto al bien gravado. Si esa no es la señal que cualquier juez debería tener para demostrar que el impuesto es confiscatorio, no sé qué otra prueba se necesitaría.

¿Recuerdan el caso de la propiedad privada de las AFJP? Le echaron el ojo en la crisis mundial de 2008 porque hacia rato que se la tenían jurada. El marasmo internacional de aquel entonces les dio la excusa. Entonces se armó un revuelo. Entonces dijeron que iban a establecer un sistema voluntario de regreso al sistema de reparto. El regreso fue mínimo, infinitesimal, casi nadie regresó.

Entonces fueron por más y obligaron a las AFJP a establecer un formulario de consulta a sus afiliados para ver si querían dejar el sistema y volver al reparto estatal. El resultado fue 8 a 2 a favor de mantener el sistema privado. Ya sabemos cómo terminó el cuento: al poco tiempo estatizaron el sistema de todas formas.

Pero el fascismo no iba a perder la oportunidad de aprovechar la “emergencia” para robar de modo directo. Ahora se sabe que en una compra por $900 millones en alimentos básicos como arroz, fideos, harina o lentejas, el gobierno pagó precios por encima del 50% en más respecto de los precios que ellos llaman “cuidados”. Es decir que en una compra por $900 millones se robaron $600 millones. Dicho de otro modo, los alimentos que deberían haber costado $300 millones de acuerdo a los propios precios que ellos toman como referencia para perseguir a la gente por la calle, amenazarla con la clausura e imponerle multas estratosféricas (salvo que el inspector municipal “arregle”), costaron $ 900 millones.

¿Qué más tienen que hacernos para darnos cuenta la calaña de gente que nos gobierna; a la caterva de delincuentes que volvimos a poner en el gobierno?

En las redes sociales ya son muchos los que han impuesto un giro para terminar muchos de los ejemplos que demuestran que los argentinos no aprendemos más. Ese giro dice si tal cosa es cierta (y cuentan el caso) “merecemos extinguirnos”. Más del 90% de los casos contados son o fueron ciertos. Saquen ustedes las conclusiones, muchachos.