Estoy preocupada, más que preocupada, asustada. Asustada por vivir en un país que no está a la deriva, estoy, estamos en un país cuyos gobernantes saben muy bien hacia donde quieren llevarnos y ese objetivo no es el que votó el casi 45% de los ciudadanos. Probablemente tampoco lo votó más de la mitad de los que votaron la fórmula ganadora. Las mayorías argentinas no quieren ser Venezuela, ni responden al Grupo de Puebla (organismo que representa intelectualmente al Foro de San Pablo y maneja el chileno Marco Antonio Enriquez-Ominami, quien se encuentra a la izquierda de Karl Marx). Los argentinos no queremos eso.

Me preocupa, me asusta que entre lo que dice y hace el gobierno existen años luz de distancia. Con 3 ejemplos, los 3 de la semana pasada, bastan para ilustrar el miedo.

El vice presidente del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), Gustavo López, en una entrevista otorgada a la Televisión Pública dijo que "los jueces deberían cerrar los portales que generan alarma social con noticias falsas sobre la pandemia". Ante la reacción generalizada de entes que apoyan la libertad de prensa, el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini salió a desmentir a su vice presidente. El mismo López se apresuró a decir que no había dicho lo que sí había dicho.

El sistema es conocido. Se larga una idea difícil de aceptar y se lo hace a partir de una 2ª línea de conducción, si pasa sin demasiado ruido, el objetivo se hace realidad. De no ser así, se da marcha atrás, se desmiente y...se espera una oportunidad más propicia para "esta vez vamos por todo". En ese todo entra la libertad de expresión.

Con el maldito tema de la pandemia se ha hecho imperativo liberar y o enviar presos a domiciliaria. Los lugares cerrados y muy concurridos son caldos de cultivo para cualquier enfermedad contagiosa y el covid-19 lo es y mucho. Pero en vez de liberar o mandar a sus casas (en prisión custodiada, ¿cómo y por quiénes? no se sabe) a presidiarios de delitos menores o a punto de cumplir condena, sin tener en cuenta los requisitos indispensables para tomar esta resolución, se soltó a personas inviables. Abusadores sexuales, violadores, quizás hasta homicidas. Un fenomenal cacerolazo que se escuchó en todo el país hizo reaccionar al poder ejecutivo.

La prestigiosa ministra de Justicia (compañera de estudios de Alberto F.), Marcela Losardo, por todos los medios radiales y televisión que la solicitaron aclaró que la división de poderes es absoluta, que el poder judicial es el responsable del atropello, que el ejecutivo no tiene nada que ver. Dijo, "el ejecutivo no detiene ni excarcela". Pero todos sabemos que el poder judicial es sensible a los deseos del ejecutivo. También dijo: "Nadie puede estar de acuerdo con que los violadores y los homicidas estén en la calle". Nadie está de acuerdo, pero hay 56 violadores sueltos en la provincia de Buenos Aires.

El presidente echó a Vanoli de ANSES, lo merecía. Lo reemplazó por María Fernanda Raverta (Cámpora y fiel a CFK). ANSES maneja hoy $2.000 billones, el equivalente al 38% del presupuesto nacional. ANSES tiene una representación en cada ciudad pequeña, mediana y grande de la Argentina. ANSES tiene un representante de La Cámpora al frente de cada una de sus sucursales. O sea que todas las jubilaciones, las AUH, los subsidios existentes y por existir, están en manos de la Cámpora. Todo el dinero, toda la ayuda social, todo el poder... en manos de Cristina.

Alberto Fernández es el que debería tener el poder. El poder ejecutivo es unipersonal de acuerdo al artículo 88 de la CN (y tiene todas las atribuciones del artículo 99 con sus 20 incisos). Se sabe que Alberto F. es experto en derecho penal, pero la Constitución debe conocerla. La pregunta es, ¿comparte la ideología de Cristina o no se anima a enfrentarla? Cualquiera fuere la respuesta, el miedo está justificado.