Me gustaría saber si las llamadas organizaciones sociales tienen un régimen jurídico diferente del resto de la ciudadanía. Ya la semana pasada el Polo Obrero reunió en el obelisco a una cantidad de gente que, de acuerdo a las normas de la cuarentena, no podrían haber estado allí.

Ahora en lo que sería el tercer desafío abierto al aislamiento social obligatorio otras organizaciones se manifiestan frente al Ministerio de Desarrollo Social.

La nueva marcha con “distanciamiento social” cuenta con la adhesión de organizaciones territoriales y políticas, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento de los Pueblos, MRP- Movimiento Resistencia Popular FAR- Frente Arde Rojo/COPA FOB La Libertaria, FOB Autónoma, entre otras.

Me pregunto qué ocurriría si un conjunto de ciudadanos libres, no “organizados” decidiera salir a la calle a reclamar el fin del confinamiento y la recuperación de la libertad de trabajar. ¿Seguiría a ello una manifiesta inacción de las autoridades como está ocurriendo cuando las que salen son las “organizaciones sociales”? ¿O se aprendería a esas personas bajo el argumento de haber desafiado a la autoridad?

De hecho ya han sucedido hechos de esa naturaleza, incluso con ciudadanos individuales, es decir “de a uno” que, entre las garras de los policías, pedían por favor que los dejaran ir a trabajar para poder comer.

Fue también muy conocido el caso de la jubilada que vivía enfrente del Parque Las Heras y decidió bajar sola, con una sillita playera, a tomar sol en el pasto: tres patrulleros de la Policía de la Ciudad vinieron a retirarla.

¿Acaso están rigiendo en la Argentina dos órdenes jurídicos diferentes, uno para los “pobres” que ejercen la fuerza bruta en banda y otro para los “ricos” que actúan solos?

Este punto es esencial porque se va consolidando la idea que la arremetida de la fuerza por las “huestes propias” es tolerada, mientras que la rebelión del ciudadano que quiere trabajar es vista como un acto sedicioso. Son cada vez más claras las señales en ese sentido. Lo eran antes de que comenzara el aislamiento social y ahora ha quedado palmariamente expuesto con el diferente tratamiento que tienen (que tenemos) unos y otros.

Sería interesante confirmar si efectivamente estamos frente a un gobierno aluvional de masas que desconoce los derechos civiles y que solo está dispuesto a respetar a aquellos que puedan demostrar un determinado ejercicio de la fuerza.

Obviamente se trataría de un escenario peligroso, porque por más allá de que este tipo de gobierno se la de “guapo”, aun ellos no podrían descartar la idea de que ciudadanos normalmente pacíficos pero hartos ya de vivir en una cárcel, se “organicen” y comiencen también una contraofensiva libertaria que enfrente las regulaciones, los límites a la libertad y los atropellos de los “defensores de los pobres”.

La mismísima idea de que los “pobres” por ser “pobres” tienen habilitadas acciones que los demás tienen prohibidas es un concepto muy peligroso que contraviene los principios sobre los que teóricamente este país está asentado y debería funcionar.

Sería interesante que el presidente Alberto Fernández se defina de una vez y diga claramente si encabeza un gobierno clasista que alienta la lucha de clases y un diferente tratamiento según sea la fortuna de los ciudadanos.

El principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 16 de la Constitución no opera según estemos enfrente de una persona con o sin recursos: opera de modo independiente del patrimonio de las personas.

Antes del confinamiento ya eran muchas las señales de que, al menos una parte importante del gobierno -esencialmente la que responde a Cristina Fernández-, tiene en la cabeza un esquema social de ese tipo. El resentimiento social en el que se inspira esa línea proviene de odios ancestrales que, evidentemente, Kirchner ha asumido como propios. La concepción clasista de la sociedad aflora en cada una de sus expresiones y muchas veces, a través de las redes sociales, se ha manifestado en todo su esplendor haciendo gala de un rencor que, al menos en su caso, resulta inexplicable.

Solo alguien con un conflicto interior muy serio (pese a haber tenido la vida que tuvo) puede alentar un diseño social como ese, en donde el conflicto y la discordia con la regla y la paz y la libertad, la excepción. Y no hay dudas de que el contexto de la pandemia ha favorecido ese esquema y permitido tener delante de los ojos caricaturas como las que comentamos.

A todo esto cabe preguntarse también por la actitud del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Porque todas estas manifestaciones suceden en su jurisdicción. ¿Por qué envía tres patrulleros a levantar a una jubilada inofensiva de una plaza y no mueve un dedo contra tres manifestaciones consecutivas de “organizaciones sociales”? ¿Tiene miedo Larreta? ¿Alcanzó un acuerdo de “convivencia” y de “conveniencia” con el presidente que incluye tener que soportar algunas humillaciones como éstas? No lo sabemos.

Pero sí sabemos que estamos, una vez más, frente a la desigualdad ante la ley. A 210 años del primer grito de libertad en la América del Sur, la Argentina ha regresado a la Colonia.