Este viernes, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.

Según consignaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam, la información que sustenta la presentación fue hallada a fines de enero en una caja fuerte del organismo y estaba contenida en tres sobres que tenían las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.

Por un sorteo realizado por la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal, la denuncia recayó el Juzgado Criminal y Correccional Federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa.

Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al ex director general de la AFI Gustavo Arribas; a la ex subdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al ex presidente Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.

De acurdo con la presentación, entre los materiales encontrados hay de 403 fichas de periodistas, quienes habían solicitado su acreditación para la Cumbre del G-20 de 2018, que se llevó a cabo en noviembre de ese año.

“En las 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia respecto a periodistas de distintos medios”, se hallaron “28 fichas de personas con vinculaciones académicas”.

Además se encontraron otras “58 fichas con información colectada de distintas personas que habrían sido observadas en la acreditación para la participación de estos eventos”.

En el documento presentado ante la Justicia, se consigna la existencia de un “informe cuyo asunto reza “OMC”, el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas”.

Se trata de un material que se remite al el mes de junio de 2017, cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró y dio a conocer un documento interno con lineamientos de seguridad en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la OMC que se llevaría a cabo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de de ese años.

El documento calificado como “confidencial” establecía, entre otras cuestiones, las locaciones donde se desarrollaría en la conferencia, “con una estimación de recursos necesarios que debían comprometerse en cada una de ellas”.

“Así como también una breve reseña de las experiencias anteriores llevadas a cabo en otros lugares del mundo respecto a la seguridad”, subraya la denuncia.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”, añade.

Entre el listado hallado en la AFI están incluidos cronistas, reporteros gráficos, técnicos y camarógrafos de medios gráficos, electrónicos y audiovisuales de Argentina y el exterior.

En esa nómina se incluyen caracterizaciones como “Siempre con posturas contra el Gobierno”; “Se opone fuertemente al kirchnerismo”, “Hay una (foto) con Estela de Carlotto (titular de Abuelas de Plaza de Mayo)”; “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista”, sostiene la denuncia.

También “se destaca que en FB la única página de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Macri)”, o “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”.

Además, se detalló en la denuncia que en “la AFI se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, producidas con motivo de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC del año 2017”.

“Todas con la correspondiente fotografía y detallan información privada de las personas, como datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles, participación en sociedades y hasta el salario de empleadas domésticas”, detalla el escrito presentado ante la Justicia.

El escrito también incluye “un informe de inteligencia sobre organizaciones sociales y políticas que planteaban objeciones a los eventos, como el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo ‘Julio Godio’.

También se halló un relevamiento “con información obtenida de “fuentes propias” sobre una reunión política convocada contra estos eventos”, en relación a la Cumbre del G-20.

Caamaño remarcó en la denuncia que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20”.

“Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”, fundamentó la interventora de la AFI.

En ese sentido, la funcionaria solicitó también “la citación a declaración indagatoria de los agentes involucrados”, de quienes debe preservarse la identidad, en los términos de la Ley Nacional de Inteligencia.