Desde el comienzo de la cuarentena –e incluso un poco antes- que se debió realizar en el marco de la pandemia del coronavirus, el Gobierno ha generado gastos que no tienen el más mínimo sentido, sobre todo porque se contraponen con otros desembolsos que hubiesen sido más lógicos.

El caso más elocuente refiere a las partidas que se han llevado a cabo para que las empresas y los particulares reciban cierta asistencia por parte del erario público. Unos, para soportar los sueldos, y otros, por el hecho de no poder trabajar como consecuencia de la prohibición de la propia administración Gubernamental encabezada por el presidente Alberto Fernández.

Las medidas tienen sentido quizá si se hubiesen aplicado únicamente al comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y, lo que se hubiese gastado después, en concepto del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se hubiese utilizado para poner en condiciones el sistema sanitario.

De esa manera, se podría haber soportado el pico de contagios y no se hubiese tenido que volver a la fase 1 en el Área Metropolitana (AMBA), resultando de ello un menor cierre de comercios, y por ende, una pausa en la pérdida del empleo y en los indicadores de pobreza.

Pero no, Alberto, en las antípodas de lo que él mismo se considera, es un facilista. Es mucho más sencillo “regalar” dinero a mansalva que tratar de rescatar a las PyMEs –y con ello no se hace referencia a la expropiación, obviamente- y “subir la tecla de la economía”, como predicaba el hoy jefe de Estado durante la campaña presidencial.

Más allá de este caso puntual, se viene dando una hiperbólica emisión monetaria que, indudablemente, llevará al país a tener una inflación inusitada (¿Será acaso una hiper?) y con ello se profundizará, por obvias razones, la pobreza y la desocupación (¿Se animará Marco Lavagna a dibujar los números del INDEC?).

Dice Alberto Fernández que de los problemas económicos se vuelve, pero de la muerte no. Ello resulta tener cierto grado de veracidad. Lo que aquí entra en juego son los elementos que tenga el Gobierno para solucionar los problemas económicos –con ineludible repercusión social- postpandemia.

No obstante, parece no haber un plan, más allá de las declaraciones del propio presidente. Una idea lógica hubiese sido pagarle a los acreedores. Sobre todo porque la plata está ¿Cómo hubiesen expropiado Vicentín, cuyas deudas llegan a casi el triple de los 500 millones que se debía pagar a quienes la Argentina quedó debiendo, si ese dinero no estuviese?

Esa es otra muestra de gastos sin sentido. El ministro de Economía, Martín Guzmán, prefirió cerrarse en la idea de que a los acreedores no había que pagarles. ¿Y si se les hubiese pagado? Argentina podría acceder a ciertos créditos evitando, de esta forma, entrar en un ciclo interminable de emisión monetaria.

No hay plan, no hay estrategia y, como si ello fuera poco, el Gobierno continúa con una idea sumamente estructurada y cerrada en cuanto a la liberación del confinamiento y la puesta en marcha de la producción.

Amén de lo aquí descripto, no se pueden olvidar las compras con sobreprecio en el Ministerio de Desarrollo Social, en el PAMI, en la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) y tantos otros ámbitos del poder.

Realmente, y sin temor a exagerar, el Gobierno está errando gravemente en el manejo de la administración económica del Estado. Lamentablemente el país tiene muy bajas –casi nulas- chances de salir airoso de esta situación tan compleja.