Su designación producto de un sorteo en marzo de 2018 como Fiscal del juicio oral y público en el caso “La ruta del dinero K”, que comenzó en octubre de 2018 y cuyo principal acusado es Lázaro Báez, había despertado serias dudas por su simpatía por el kirchnerismo. De hecho, casi dos años antes, Abel Córdoba (foto) había sido “premiado” por la ultrakirchnerista Florencia Saintout en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata por su trabajo en casos de delitos de lesa humanidad.

Los argumentos que sostuvo el Dr. Córdoba para expresarse a favor de la reciente excarcelación del presunto testaferro k no hacen más que confirmar aquellas sospechas: “La consideración conjunta de los plazos de detención del imputado Lázaro Antonio Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”.

Es que el pasado 8 de julio, la Sala IV de la Cámara de Casación le había ordenado al Tribunal Oral Federal 4, que lleva adelante las audiencias del juicio, que resolviera sobre un planteo de su defensa en la causa conocida como M&P, donde se acusa a Báez de lavado de dinero por $125 millones . Casación tuvo en cuenta la opinión del Fiscal.

Sin embargo, 7 meses y medio atrás, más precisamente el 26 de noviembre de 2019, ya con Alberto Fernández como Presidente electo, se opuso a la excarcelación del empresario patagónico, solicitando que se prorrogue la prisión preventiva “hasta la finalización del juicio oral”. También había dictaminado que “la indudable criminalidad transnacional, potencia los indicadores vigentes del riesgo procesal, en tanto el acusado no ya instigaría, sino que podría contar con la colaboración de aquellas personas escogidas para asumir roles formales en sociedades y cuentas radicadas en el exterior que continúan bajo el dominio de Lázaro Báez”.  

Oriundo de la localidad bahiense de Villalonga, Abel Córdoba se graduó en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, ciudad en la que comenzó su carrera. Pero su gran salto se dio el 22 de abril de 2009, cuando, en una clásica práctica de la Justicia durante el kirchnerismo, fue designado Fiscal Federal subrogante para entender únicamente en “causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, según consta en la Resolución 30/09, que tramitaban en los Juzgados Federales 1 y 2 de la ciudad del sur bonaerense. Su actuación debía hacerse en forma conjunta con las Fiscalías Federales. El nombramiento de Córdoba fue confirmado por la Procuración General de la Nación, por entonces a cargo del fallecido Esteban Righi, el 18 de junio de 2009.

En la Resolución de Ministerio Público para la designación del Fiscal Córdoba, se aduce que “del informe practicado por el titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, doctor Jorge Auat, surge que la jurisdicción (N. de la R.: Bahía Blanca), tiene una intensa actividad jurisdiccional en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”. Y agrega que se registra “una sobrecarga de trabajo que configura una situación extraordinaria que justifica la necesidad de designación de un fiscal con dedicación exclusiva en causas por los crímenes cometidos desde el Comando del Cuerpo V del Ejército en Bahía Blanca”. Así mismo, le confería al Dr. Córdoba “amplias facultades para que pueda actuar en cualquier instancia procesal”.

Si bien es cierto que tuvo destacadas actuaciones en dichas causas, de acuerdo a lo que pudo indagar este medio en base a diversas fuentes judiciales de Bahía, el accionar del Fiscal en algunos casos por delitos de lesa humanidad no fue del todo clara.

En el marco de la causa “Armada”, particularmente contra uno de los acusados, Arturo María Quintana, ex integrante del Batallón de Comunicaciones 1, Córdoba incluyó entre sus víctimas por secuestro y aplicación de tormentos a Miguel Ángel “Petaca” Chisu, ex Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 de Bahía Blanca, a su vez hermano de Héctor Oscar “Ginebra” Chisu, detenido en mayo de 2015 en Trelew por orden del ex Juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, quien un mes después sería desplazado por la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura. También incluyó entre las víctimas de Quintana a Héctor Alfredo Mansilla, acusado de ser integrante de la “Triple A” bahiense, quien se desempeñaba como custodio en la CGT y guardaespaldas del diputado Rodolfo Ponce. Tanto Chisu como este último, figuran en el listado publicado de víctimas por juiciobahíablanca.wordpress.com 

Respecto a Chisu, en las propias crónicas del juicio llamado “Triple A Bahía Blanca”, se puede leer textual: “Participó en diversos operativos represivos junto a su hermano Miguel Ángel, a órdenes del diputado nacional Rodolfo Ponce”. El funcionario judicial de DDHH ya citado, refiere que “lo incoherente es que Córdoba los haya hecho figurar como víctimas. Desde el principio se sabía que cuando detuvieron a esos tipos, los encerraron separados de las verdaderas víctimas. Me acuerdo que ellos mismos decían y se jactaban que no les iba a pasar nada”.

La conexión con la causa de las facturas truchas

El 18 de junio de 2015, el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla fue designado por el Consejo de la Magistratura dominado entonces por el kirchnerismo  para subrogar el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo por entonces de Santiago Ulpiano Martínez, removido de su cargo por el mismo Consejo. Allí estaba radicada la causa de las facturas truchas, emitidas por una red de empresas propiedad de reconocidas familias bahienses para favorecer a Austral Construcciones, firma de Lázaro Báez, ocasionándole al Fisco pérdidas por caso $700 millones.

Para graficar la trascendencia de dicha causa, conviene citar a quien la instruye en la actualidad, el Juez Walter López Da Silva, que procesó a Báez en diciembre de 2019: “La importancia de la maniobra delictiva que se desplegó en Bahía Blanca de que en esta jurisdicción prima facie se concentró gran parte del esquema de vínculos y el diagrama de operaciones utilizadas como cobertura para la estructura ilícita encabezada por Lázaro Antonio Báez, que tiene su inicio y origen en las empresas bahienses”. Dicha investigación conecta claramente con la “Ruta del Dinero K” y con “Vialidad”.

Los motivos aducidos por la Magistratura para designar a Ramos Padilla en Bahía fueron similares a los esgrimidos para el nombramiento de Abel Córdoba 6 años antes: dilaciones en las causas de derechos humanos. Como se dijo, en la ciudad del sur bonaerense tramitaban varias, entre ellas las llamadas “Armada”, y “Ejército”, y otras que involucraban al ex Director del diario “La Nueva Provincia”, Vicente Massot, al sacerdote Aldo Vara, y al ex camarista Néstor Montezanti. La resolución del Consejo menciona “parálisis procesal” del Juzgado Federal 1 y “desfile interminable de jueces y secretarios”. Lo curioso del caso es que desde hacía años venían trabajando en aquellas causas varios fiscales identificados con el kirchnerismo, como el caso del Dr. Córdoba.

La maniobra de las facturas apócrifas en beneficio de Lázaro Báez, aunque tomó estado público en octubre de 2014 generando la formación de una causa, en verdad venía siendo investigada desde 2011 y en Bahía era muy conocida en todo el mundillo judicial de la ciudad. En el contexto de dicho proceso, el juez posteriormente desplazado Santiago Ulpiano Martínez, había dispuesto una serie de allanamientos en los cuales se detectaron que familiares de víctimas requeridas en causas de derechos humanos figuraban como empleados de las firmas “fantasmas” allanadas, principalmente en Constructora Patagónica Argentina. Entre ellos, Pablo René Bustos Arnst, hijo de René Bustos, cuyo caso fue requerido en la causa “Ejército”, y hermano de la ex concejala por el Frente Para la Victoria Gabriela Bustos Arnst; Enrique Lambrecht, emparentado con Saturnino Lambrecht, casado con María Marta Bustos; y Martín Alejandro Cardinalli, hijo de Ricardo Cardinalli, requerido también en la causa “Ejército”.

Aquí conviene detenerse en un episodio no menor. La mencionada Gabriela Bustos Arnst fue condenada en junio de 2016 a dos años de prisión en suspenso por utilizar pasajes de colectivos en provecho propio y por falsificar la firma del Director del Hospital Interzonal de Agudos de Bahía Blanca “Dr. José Penna” a fines de 2011. El asunto se torna más grave debido a que dichos pasajes estaban destinados a enfermos e indigentes que cobijaba el mencionado nosocomio. Durante el proceso judicial, se investigaron 13 viajes entre noviembre de 2010 y septiembre de 2011, la mayoría a nombre de la ex concejala y uno con la identificación de su padre, René Bustos. En concreto, fue acusada de “falsificación de documento público, uso de documento público falsificado y defraudación a la administración pública”. La mujer se desempeñó entre 2002 y 2011 como asesora en la dirección del Hospital.

Resulta importante destacar un hecho que no trascendió más allá de los propios límites de Bahía, pero que hoy tal vez cobraría mayor relevancia. El Dr. Abel Córdoba reconoció haber mantenido una relación sentimental con Bustos Arnst, lo que en sí mismo no tiene nada de malo de no ser por las declaraciones que hiciera el Fiscal sobre dicho vínculo, y que en su momento despertó mucha polémica en la ciudad. La relación trascendió cuando Córdoba se inhibió de actuar en los casos que tenían como víctimas a familiares de la ex edil kirchnerista, y al mismo tiempo Bustos Arnst era acusada por las irregularidades en el “Penna”.

El Fiscal manifestó en el año 2012 haber mantenido “una relación pública, de carácter intermitente e informal, y sin compromisos morales” con la ex concejala. Dichas declaraciones despertaron la ira de todos los ediles, tildando a aquellas palabras como “violencia de género”. La más vehemente fue Cristina Molina, por entonces integrante del bloque Unión Pro, que luego se transformó en la coalición Cambiemos: “Esas palabras irrespetuosas trataron a la señora Bustos como un mero objeto de uso ocasional”.

Según un importante funcionario judicial bahiense que cumplía funciones en el área de DDHH, “Es cierto que Córdoba se excusó, pero lo hizo después de haber beneficiado en la causa Ejército a víctimas con las que tenía relación personal, formulando requerimiento de instrucción por hechos de los que fueron perjudicados parientes directos de Gabriela Bustos Arnst”, dejando de lado a 7 personas del mismo colectivo. Aquel requerimiento que menciona la fuente tuvo lugar el 22 de octubre de 2010.

Las conexiones continúan. Por pedido expreso del Dr. Córdoba a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, fueron nombrados el 12 de marzo de 2013 como fiscales ad hoc para, una vez más, entender en causas por delitos de lesa humanidad, los Dres. Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia. Este último también fue nombrado por Gils Carbó, un día después de la elección por parte del Consejo de Ramos Padilla, como Fiscal subrogante en el Juzgado 2.

Palazzani provenia de la PROCUVIN, la Unidad Fiscal dedicada a combatir la Violencia Institucional creada en marzo de 2013 y cuyo primer Titular fue justamente Abel Córdoba. Quien ocupó el mismo cargo años después fue Félix Crous, actual Jefe de la Oficina Anticorrupción y miembro fundador de Justicia Legítima, la agrupación judicial k. Córdoba fue designado el 9 de diciembre de 2014 a través del Decreto 2328/14 por la ex Presidenta y actual Vice Cristina Kirchner como Fiscal General ante el TOF de Neuquén. Luego de ese paso, llegó a Comodoro Py.

Entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2015, los mencionados Palazzani y Nebbia, nombrados a instancias del Dr. Córdoba, comenzaron a ejercer una fuerte presión al Juzgado nro 1 que investigaba la denuncia contra Lázaro Báez por las facturas truchas: en ese lapso de tiempo, presentaron 14 prontos despachos, 4 retardos de justicia, y 5 denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra el ex juez Santiago Ulpiano Martínez. Ello allanó el camino para la llegada de Ramos Padilla a Bahía Blanca.

El vínculo con la Comisión Provincial por la Memoria

En verdad, el Fiscal había sido propuesto en 2009 por Hugo Cañón, quien se desempeñó al frente de la Fiscalía ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca entre 1986 y 2009, renunciando pocos días después de la designación de Córdoba. El Dr. Cañón, fallecido trágicamente en un accidente automovilístico el 3 de enero de 2016, tuvo una destacada actuación en casos de derechos humanos, siendo el primer Fiscal en haber cuestionado en 1987 las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue, a su vez, copresidente de la hoy cuestionada Comisión Provincial por la Memoria, cargo al que renunció en octubre de 2014. De hecho, sus restos fueron velados en la sede de la CPM.

La Comisión quedó recientemente en el ojo de la tormenta, por una serie de 4 informes que le entregó a la Justicia en el marco del llamado “Caso D´Alessio”, donde en el último de ellos, un trabajo de 200 folios fechado el 8 de octubre de 2019, se señala, entre otras cosas, a un grupo de periodistas por participar de una “posible interacción de inteligencia ilegal” para realizar “acción psicológica” sobre la población. El Juez que había solicitado su intervención fue justamente Alejo Ramos Padilla, hoy instructor de una de las causas por presunto espionaje ilegal. Si bien no coincidieron en el tiempo, las actuaciones de Ramos Padilla y Abel Córdoba poseen fuertes conexiones.

A su vez, la mencionada CPM había quedado envuelto en otra polémica cuando el pasado 27 de abril, emitió una declaración llamada “La prioridad es salvar vidas”, donde se manifestaba claramente a favor de que la Justicia promueva excarcelaciones a detenidos que sean eventuales pacientes de riesgo ante el avance del coronavirus. “En los lugares de encierro se vive una situación extrema, donde todos los riesgos son exponenciales debido al hacinamiento que provoca la sobrepoblación crítica, en plazas que no alcanzan ni para la mitad de la población penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. No se puede cumplir ni con el distanciamiento social ni con la higiene personal o ambiental básica”, afirmaban. Por aquellos días, se había filtrado un audio de Roberto Cipriano García, secretario del organismo, donde afirmaba que “el objetivo de la Comisión es trabajar por la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posibles”.

El 10 de agosto de 2013, Abel Córdoba le dijo al diario Página 12 que en las cárceles había “condiciones infrazoológicas”. Y comparó el estado de las mismas con los centros clandestinos de detención de la última dictadura.