La causa por el supuesto espionaje ilegal desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos avanza sobre el denominado "capítulo penitenciario", en el que se investigan supuestas maniobras de inteligencia realizadas sobre empresarios y exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en causas vinculadas con supuestos hechos de corrupción.

Los investigadores transitan, en paralelo, el camino para intentar determinar cuál es el vértice de la organización criminal investigada; es decir, quién dio las órdenes de realizar las tareas de espionaje ilegal, en un expediente en el que se acumulan indicios que podrían conducir al expresidente Mauricio Macri, según indicaron a la agencia de noticias Télam fuentes del caso.

El capítulo penitenciario creció en volumen en los últimos días luego de que el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé ordenara un nuevo allanamiento al penal de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes tienen delegada la investigación.

La medida tuvo por objetivo recolectar cualquier tipo de documentación vinculada con la sospecha de que se habría implementado en el SPF un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos y luego poner esa información a disposición de la AFI.

Se trató del segundo allanamiento realizado en el penal de Ezeiza y otras dependencias del SPF como el departamento de inteligencia penitenciaria: en el primero, llevado a cabo por el apartado juez de la causa, Federico Villena, se encontraron cámaras, micrófonos, cables y actas que ya están incorporadas en el expediente.

"El resultado de los allanamientos fue positivo, se pudo recabar mucha información", indicó a Télam una fuente de la investigación que agregó además que durante el operativo realizado en la Dirección Nacional del SPF un testigo declaró que el día de la renuncia de su extitular, Emiliano Blanco, hubo dos asesores de él que pasaron por allí a retirar cajas con documentación.

Esa declaración motivó que se ordenara el allanamiento de los domicilios a nombre de Blanco, que se llevaron a cabo ayer en lo que fue la finalización de los procedimientos que habían empezado el jueves al mediodía.

La causa también contiene la declaración de distintos testigos de identidad reservada que dieron cuenta del mecanismo de espionaje penitenciario, como el que dijo que el asesor del SPF Fernando Carra "formaba parte de un engranaje manejado por Emiliano Blanco".

Según la descripción del testigo, de esa estructura también participaban "Miguel Ángel Perrota –entonces Jefe de la División asuntos internos- y Cristian Suriano –entonces Jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria", a quienes sindicó como los encargados de "recolectar información a través de la observación de los internos del programa IRIC por medio de cámaras y micrófonos".

El programa IRIC fue el sistema de "Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad" que diseñó el gobierno de Cambiemos y que permitió agrupar a los empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos por supuestos casos de corrupción en el mismo espacio físico, lo que para la justicia, habría facilitado el espionaje.

"Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia", se sostuvo en la resolución en la que se dispuso el último allanamiento.

Para los investigadores, la decisión del SPF de mover al narcotraficante Mario Segovia a uno de los pabellones en los que estaban detenidos los exfuncionarios fue el inicio de la maniobra que luego habría permitido el espionaje político ilegal.

El capítulo penitenciario dejó bajo la lupa de la justicia a los renunciados o desplazados, según el caso, exfuncionarios del SPF encabezados por Blanco, aunque según surge del expediente uno de los nexos con los espías investigados en la causa había sido Suriano, a quien se le detectó relación con el extitular de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, sindicado como el jefe operativo de las maniobras ilegales y procesado por el espionaje a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria.

Entre las víctimas del espionaje penitenciario estarían el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios Roberto Baratta, Rafael Llornes y Carlos Kirchner, el ex jefe del Ejército Cesar Milani y los empresarios Lázaro Báez (aún detenido), Gerardo Ferreyra, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En los teléfonos celulares secuestrados a los espías investigados por espionaje ilegal se encontraron documentos Excel en los cuales los detenidos del sistema IRIC eran clasificados con los colores del semáforo: la calificación no era por su supuesta peligrosidad sino por lo que se podía obtener de ellos (empresas, información), según estiman los investigadores.

Quien no figuraba en esas planillas era el exvicepresidente Amado Boudou, detenido por el caso Ciccone aún cuando su condena no estaba firme; pero su abogado, Alejandro Rúa, presentó un pedido ante la justicia federal de Lomas de Zamora para que se lo tenga como querellante.

"Extramuros también fue objeto de seguimientos por el mismo grupo de tareas, según se ha probado con los registros de su mensajería de WhatsApp: el mismo día que Boudou fue excarcelado, Jorge Sáez y Martín Terra (dos exespías) lo informan al grupo y Alan Ruiz encomienda, entonces: ´Oks. vayamos monitoreando esto xfa´", indicó Rúa en la presentación en la que invocó ese diálogo ocurrido en diciembre de 2018.

La pregunta que sobrevuela el expediente es quién estaba en la cima de la organización dedicaba al espionaje ilegal, quién dio la orden de espiar a políticos, sindicalistas, empresarios, referentes religiosos y hasta a la pareja de la hermana del expresidente Macri: algunos indicios pondrían al propio exmandatario en ese lugar según pudo reconstruir Télam.

En lo que va de la investigación, los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ya fueron procesados por las maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre la entonces senadora Fernández de Kirchner en 2018, por lo que quienes llevan la causa sospechan que Macri no pudo desconocer por completo esa situación.

Otro de los indicios que conducen a Macri es que la entonces empleada de la Dirección de Documentación Presidencial –que acompañaba al expresidente desde que fue alcalde porteño-, Susana Martinengo, le refería a los espías con los que tenía relación que la información que le aportaban era puesta en conocimiento del entonces mandatario.

Un hecho que despertó la atención de los investigadores es lo declarado por el ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Martin Coste, quien relató que Macri se comunicaba con Arribas a través de un teléfono encriptado comprado en Estados Unidos y retocado en la central de espías.

Esa declaración permitió descubrir que en realidad eran 120 los teléfonos encriptados en manos de dirigentes de Cambiemos y personas cercanas al exmandatario.