El gobierno finalmente cedió un poco más, y acordó. Fue la quinta resignación del “acá me planto y no me muevo” del inexperto Martín Guzmán. Ante el frente unificado que formaron los principales acreedores, quienes desde marzo hasta acá se mostraron inmunes tanto a las amenazas poco creíbles de nuestro negociador, como a los argumentos enternecedores sobre la “sustentabilidad” que según éste debía ser el principio rector de la negociación.

Las amenazas no funcionaron porque Guzmán y Alberto Fernández no fueron creíbles cuando pretendieron hacer pesar su supuesta disposición a profundizar el default y “vivir con lo nuestro”, lo que todo el mundo sabía hubiera significado un tiro de gracia para la ya moribunda economía argentina. Ni tampoco cuando apelaron a la posibilidad de acordar con el Fondo sin un previo entendimiento con los mercados voluntarios de deuda. Nada de eso resultó convincente.

Y el argumento de la sustentabilidad tampoco funcionó. Porque los bonistas saben, igual que todo el mundo salvo Alberto y su gente, que si un gobierno no tiene un plan razonable para hacer crecer la economía de su país, y al contrario, la conduce a la quiebra no una vez sino varias seguidas, hasta una deuda insignificante, de un mísero dólar, será impagable e “insustentable”. Y si uno no busca crear confianza para volver a tomar deuda a tasas cercanas a las de crecimiento de la economía, con la que pagar la deuda vieja, se auto inflige la condición de insolvente, y no puede achacarle sus problemas a los demás. Ni a la supuesta perversión del sistema financiero.

De allí que Infinidad de voces le recomendaran a nuestras autoridades la necesidad de tener primero un plan económico, aunque sea un rumbo más o menos viable para volver a crecer, antes de sentarse a discutir sobre “sustentabilidades”.

No lo hicieron y el acuerdo se demoró, y terminó siendo más caro que el que se hubiera podido alcanzar con un plan en la mano. Así pagamos, y seguiremos pagando por muchos años, por la desconfianza que generamos. En particular, por la que generan nuestras autoridades.

Puede que, de todos modos, el entendimiento sea mejor que el de 2005. Al menos es lo que opinan algunos analistas, pero no porque el actual gobierno se haya conducido mejor que el de entonces, sino porque las cláusulas de acción colectiva de los bonos que se reestructurarán, que entonces no existían, dificultarán la aparición de nuevos holdouts contra los que perder juicios carísimos, como los que venimos pagando desde 2016. Ojalá más torpezas oficiales no anulen esa ventaja, fruto de los aprendizajes hechos en los últimos años por el sistema financiero internacional, no de nuestra discutible capacidad de aprender.

Y ojalá sea cierto también que, como dice el presidente, “ahora sí tenemos el horizonte despejado”, y pagando poco y nada de servicios de la deuda por varios años, lo que aún nos falta para que nos vaya bien es mucho menos difícil de lograr.

Cabe albergar de todos modos algunas dudas. Porque el acuerdo desmiente, no confirma, las previsiones oficiales sobre la relación entre deuda y trabas al crecimiento. La economía argentina no creció nada entre 2011 y 2015, cuando no se pagó casi nada de deuda. ¿Vamos a repetir ese ciclo, ese es el “horizonte” que se le despejó a Alberto?

Las inversiones no vienen, se van, porque la carga impositiva es muy alta para producir, mucho más alta que en los países vecinos, y porque no hay confianza en que se respeten reglas de juego estables, para empezar, que se combata en serio la inflación, ni en que se cumplan los compromisos que se asumen, ni en que se vayan a evitar los errores del pasado. ¿Qué “horizonte” ofrece el actual gobierno en cada uno de esos registros de la desconfianza?: ¿ofrecerá reducciones de impuestos, aunque sea los programará para el futuro, como intentó hacer Macri a fines de 2017?, ¿consensuará las “60 medidas para el crecimiento” que está barajando con los actores sectoriales y la oposición o el Consejo Económico y Social era solo para la campaña?, ¿hará alguna autocrítica sobre la economía kirchnerista, como para que sea razonable creer que no volverá a incurrir en la misma hiperpolitización y las discrecionalidades que signaron esos 12 años?

El horizonte de Alberto, como se ve, está lleno de interrogantes, y no ofrece por ahora ninguna respuesta. Según cómo resuelva esas dudas se sabrá si lo que está por firmarse con los acreedores va a ser “sustentable”, o no.