En agosto de 2009, cuando se creó Fútbol para Todos, el programa era una completa improvisación.

Se decía en un principio que los trabajadores de Canal 7 se harían cargo de la parte técnica y periodística.

Pero, en realidad, el canal estaba materialmente devastado y dicha misión era imposible.

La gigantesca desinversión en la TV Pública se debió a que se la había transformado en un depósito gigantesco de ñoquis y militantes políticos quienes se devoraban con sus sueldos y gastos mas del noventa por ciento del presupuesto total asignado cada año a la señal.

No existía para encarar el FPT ni personal idóneo, ni camiones de exteriores y aún menos cámaras de última generación para transmitir los partidos con tecnología HD.

Además de los ya mencionados 160 millones de dólares que se llevaba la AFA del erario público cada año, aparecieron verdaderas montañas de dinero colaterales para el personal y los “fierros”.

Todo se hizo por contratación directa, en el medio de una profunda oscuridad.

Según el manual de operaciones del kirchnerismo, la Casa Rosada siempre debía estar en una lucha contra enemigos imaginarios o reales.

Los K vivieron siempre de emergencia en emergencia y, de esa forma, justificaron la excepcionalidad y la arbitrariedad a la hora de darle a los privados con total generosidad los fondos públicos.

Las “cajas satélites” relacionadas con el fútbol estatizado provenían de:

-La producción de los partidos

-La contratación de unidades móviles

-Los honorarios de algunos periodistas renombrados y otros desconocidos (pero militantes fanatizados)

El caso más emblemático fue el de la productora La Corte, la primera empresa que ingresó al programa.

Los contratos entre Balcarce 50 y los hermanos Monzonzillo nunca llegaron por medio de una licitación.

Gabriel Mariotto, el primer coordinador del programa, lo confirmó en el Congreso, ante una pregunta del entonces senador radical Gerardo Morales:

"Sí, lo hicimos por contratación directa" le reconoció sin tapujos al hoy gobernador de la provincia de Jujuy.

Esta práctica, amparada en la premura para sacar adelante las transmisiones, se transformaría en una costumbre.

La Corte no era una empresa audiovisual desconocida para el Gobierno. Pegó el gran salto cuando comenzó a ocuparse de la señal Canal Rural.

Había llegado luego hasta Balcarce 50 de la mano de Miguel Núñez, el vocero de Néstor Kirchner.

¿Por qué fueron tan generosos Néstor y Cristina con estos dos hermanos?

La Corte tercerizaba casi todas sus operaciones, limitándose a “subir” al satélite las señales que les enviaban los móviles de empresas privadas: Recordvisión, Video Cuatro, VTS y Wayson.

Fútbol para Todos tardó en tener su propia oficina en las avenidas Julio Argentino Roca y Belgrano de CABA.

Para ello, nació “Farolito International Entertainment”, una empresa cuyos dueños en los papeles eran Víctor Tobi (yerno de Alejandro Romay) y Luis Cella, el histórico productor de Susana Giménez.

Farolito logró contrataciones directas "por exclusividad" ya que la Casa Rosada alegaba que “son los únicos que pueden realizar este tipo de servicio”.

Pero, ocurría algo muy extraño.

La mencionada sociedad Farolito no tenía prácticamente antecedentes comerciales y mucho menos expertise en tecnología digital para desarrollar una tarea tan descomunal.

El capital inicial de Farolito fue el mínimo requerido por la ley. En otras palabras, era una típica “firma de portafolio”. Un cascarón vacío que iba a ser llenado por decenas de millones de pesos en los años sucesivos.

A través de esta empresa cobraron sus sueldos los principales referentes periodísticos del programa, como los relatores Marcelo Araujo y Julio Ricardo.

Con el tiempo, también lo harían otros colegas como Marcelo Benedetto o Miguel "Tití" Fernández. Entre 2009 y 2013, Farolito recibió por sus servicios más de ochenta millones de pesos.

¿Cómo sabemos que los costos que pagaba el Estado en materia de técnica y profesionales del periodismo deportivo eran exagerados?

Porque cuando el fútbol era privado los gastos de producción representaban entre el 10 y el 15% del valor del contrato.

Con La Corte y Farolito esos mismos gastos treparon hasta casi el 50 % de los gastos de producción sin que mediara ninguna mejora sustancial en la calidad del producto que entregaron durante años los dueños de TSC (Clarín y TyC).

Dos de los jefes de gabinete nacional intervinientes, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich fueron procesados sin prisión preventiva.

¿De qué se los acusó?

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que solamente desde agosto de 2009 hasta fines de 2012 se detectó el uso de más de 170 millones de pesos sin rendir, sin contrapartida ni justificación, para contrataciones a empresas vinculadas al poder.

¿Cuáles fueron esas empresas? “El Farolito” y “La Corte”.

Según la investigación del recordado Leandro Despouy, los recursos de todos los argentinos se aprovecharon para generar una enorme caja sin control y un gigantesco espacio de propaganda política.

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