Como es de público conocimiento, la semana que viene se debatirá en la Cámara de Senadores el proyecto de Reforma Judicial, donde dicha iniciativa casi sin lugar a dudas conseguirá la media sanción en el recinto presidido por la vicepresidenta Cristina Fernández.

La aprobación será dificultosa en la Cámara Baja que preside Sergio Massa, ya que la oposición de Juntos por el Cambio rechazó de plano el bosquejo y los diputados que responden a Juan Schiaretti serán otro palo en la rueda para el planteo del oficialismo.

Tal cual se ha mencionado en Tribuna de Periodistas en varias oportunidades, dicha iniciativa busca la impunidad de Cristina, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y los kirchneristas fieles, sobre todo aquellos que en los momentos más complicados a nivel judicial no aportaron datos de relevancia y se mantuvieron firmemente leales al poder de la ex mandataria.

Pero hay un tema en particular que preocupa, y mucho. Como es sabido, de ser aprobado dicho proyecto, la Justicia Federal pasará a estar cooptada por magistrados pertenecientes a Justicia Legitima. Aquel think tank judicial que responde directamente al camporismo en general y a Cristina en particular.

Ello, por razones que no precisan explicación, será utilizado por el Gobierno para que, tal cual pasó con los Fondos de Santa Cruz, se “evaporen” las causas que complican a los más acérrimos kirchneristas-camporistas.

Todos los expedientes que complican a una innumerable cantidad de exfuncionarios kirchneristas (algunos que volvieron a ocupar cargos públicos de la mano del Gobierno de Alberto Fernández), empresarios e incluso sindicalistas por tramas de lavado de dinero, desvío de fondos, defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionarios Públicos, entre otras; tendrán un fallo favorable para aquellos a quienes complica.

Sin embargo, existe otra parte de la Justicia Federal de la cual poco se ha hablado, y es aquella que trata las investigaciones por tramas aún más rimbombantes, tales como narcotráfico, contrabando o trata de personas.

Es que resultan ser delitos truculentos que han generado un daño inmenso e irreparable en millones de personas. La gran mayoría jóvenes incautos que aceptan el convite en circunstancias de búsqueda de empleo o como una forma de conseguir la inclusión social de algún grupo más o menos reducido de personas.

La política no es ajena a estos delitos. Se ha demostrado, en una gran cantidad de oportunidades, que es la misma dirigencia la que está detrás de este tipo de hechos, ya sea siendo partícipe o ignorando conscientemente, en busca de algún beneficio, las alarmas que empiezan a sonar.

Por caso, fue muy elocuente el intendente de José C. Paz, Mario Ishii al manifestar que tiene que proteger a los ambulancieros cuando “venden falopa”. Quizá parezca un hecho aislado, pero no lo es.

Personajes de la talla de Hugo Moyano, Aníbal Fernández o Sergio Urribarri se han visto involucrados en tramas de tráfico de estupefacientes.

En el caso de Urribarri es complejo, ya que Mauro, uno de sus hijos, se vio envuelto en problemas tras conocerse el testimonio de una menor de nombre Sofía –que en el momento de los hechos tenía 16 años- quien denunció al hijo del ex gobernador de Entre Ríos por violación y trata de personas.

La monja Martha Pelloni confirmó el testimonio de Cristina Escobar, quien había asegurado que Mauro Urribarri, quien fue ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, regenteaba el lugar en donde se llevaba a cabo el delito de trata de personas.

Estos son solo casos mencionados a modo de ejemplo, pero ciertamente existen muchos más que vinculan a la política con lo más rancio de la delincuencia.

En ese contexto es dable preguntarse ¿Qué hará la Justicia Federal con estos tipos de delitos que involucran a personajes muy cercanos a la vicepresidenta de llegar a ser cooptado por integrantes que también responden a ella?

La respuesta es bastante obvia, los funcionarios más leales podrán realizar impunemente los delitos más nefastos y dañinos para la sociedad. El país quedará en manos del narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.

Es bien cierto que siempre existieron esos delitos y que nadie hizo lo suficiente para terminar con ellos de forma definitiva. El problema es que ahora, si el kirchnerismo logra su objetivo y aprueba el tan cuestionado proyecto, los graves ilícitos aquí mencionados no serán un dolor de cabeza para la dirigencia política y ello, inexorablemente, redundará en una creciente curva delictiva.

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