Alberto dio pasos decisivos hacia la radicalización de su gestión en la semana que pasó. Rechazó cualquier crítica a su proyecto para someter completamente a la justicia federal, y no objetó que Oscar Parrilli le incorporara a último momento una cláusula contra los medios. Descalificó la movilización del 17A y se negó a escuchar cualquier reclamo sea en materia de estrategia sanitaria, de avance sobre la Justicia o de contención del derrumbe económico.

Se prepara para endurecer el cepo cambiario, contra lo que sus funcionarios "moderados" habían prometido: que se intentaría relajarlo. Y como frutilla del postre dispuso por DNU que los servicios de comunicación serán "esenciales", lo que significa que el gobierno decidirá desde ahora si las empresas que los prestan ganan o pierden plata. Un mecanismo de control que ni siquiera Cristina en su anterior paso por el poder se había atrevido a usar.

Si se controla la tarifa de luz y de gas, ¿por qué no controlar también la de telefonía, Internet o televisión por cable?, se podría preguntar cualquiera. ¿No es acaso esencial, en medio de la cuarentena, que los ciudadanos no se queden sin esos servicios por falta de dinero para pagarlos? Es el principal argumento que el gobierno está usando, y deja varios flancos abiertos para la discusión.

Primero, porque un abuso que viene practicándose desde hace décadas, y ya se ha probado es contraproducente, no justifica que se cometan otros nuevos y más graves. Las empresas de servicios de luz y gas dejaron de invertir cuando se violaron sus contratos de concesión, en la "década ganada". Desde que Alberto dispuso un nuevo congelamiento de sus tarifas han vuelto a hacerlo. Y lo mismo pasará con las de telecomunicaciones, que en cambio estuvieron entre las que más invirtieron cuando se dejó de amenazarlas con medidas de este tipo, desde 2015 hasta ahora.

Además, el control y los congelamientos de tarifas de servicios se han hecho siempre con una contraprestación para sostener a las empresas: los famosos subsidios. No se prevé nada de eso en este caso, lo que pone a las empresas frente a la perspectiva cierta de quebrar. Probablemente el Ejecutivo se reserva la posibilidad de asistir a las que él quiera salvar, para que la amenaza sea aún más efectiva.

Segundo, las concesiones y los mercados de provisión de luz y gas son distintos que los de las telcos: estas funcionan en base a contratos voluntarios en mercados competitivos, donde hay varias opciones al alcance de los consumidores, en todo o prácticamente todo el país según los casos. Tan es así que, comparativamente, sus tarifas se encuentran entre las más bajas de la región. No hay nada que justifique, por ese lado, que se intervenga desde el Estado para controlarlas. Menos todavía en un momento en que el propio Estado está autorizando aumentos de combustibles, con lo que revela que tampoco su prioridad es contener la inflación. Al menos no cuando se trata de sectores "estratégicos", donde le interesa llevarse bien con las empresas y alentar sus inversiones.

Tercero y último, los servicios de comunicación son aún más sensibles que los de luz y gas para la democracia de un país, esté él o no en emergencia sanitaria. Y la autonomía de las empresas que los prestan, por tanto, es políticamente más relevante. El kirchnerismo esto lo sabe muy bien y por eso inventó en su anterior ciclo una "ley de medios" que pretendía también controlar las redes de telecomunicaciones. Mientras que con las empresas de servicios públicos practicaba el mismo método de violación de las reglas de juego y administración de premios y castigos discrecionales que usó con el resto del mundo empresario. Una diferencia que Alberto Fernández ahora pretende ignorar, o disimular.

Este es, finalmente, el punto más significativo de esta iniciativa. El que ilustra lo que vuelve más peculiar el "método Alberto" para gobernar, y para radicalizarse: que consiste en hacerse el otario. Revelando así en qué consiste su "aprendizaje de los errores de Cristina", y su "volvimos mejores". Lo que lo vuelve en verdad más perverso y potencialmente más dañino.

El kirchnerismo, hasta aquí, usaba argumentos sobre los derechos, buenos o malos, pero argumentos al fin, sobre el acceso a la comunicación, o a la Justicia, y con ellos daba un debate, planteando un conflicto abierto: postulaba, por ejemplo, que quienes amenazaban esos derechos eran "los otros", no ellos.

Alberto está haciendo algo distinto: disimula al máximo sus intenciones, para que no se discuta lo que está realmente en juego, sino cuestiones "técnicas" o "económicas" meras apariencias y excusas. Lo venía haciendo con la reforma de la justicia, presentada como una operación para "multiplicar juzgados" y "reordenar fueros", y ahora lo pretende hacer con las telecomunicaciones, por tanto los medios y el periodismo, planteando una cuestión en apariencia exclusivamente tarifaria.

Tal vez sea hora de sacarle la máscara, porque es lo que finalmente nos está pidiendo el presidente, que ya no le prestemos atención al verso moderado y la gesticulación dialoguista, sino que veamos adónde lo conducen sus pasos.