Una extraña denuncia que por alguna razón está cajoneada en un juzgado y no tuvo avances significativos, roza de cerca a importantes dirigentes del kirchernismo y, además, está ligado a presuntos desvíos de fondos desde el Estado. Los principales implicados fueron funcionarios de tercera línea, pero se cree que en realidad respondían a gente de peso.

Todo comenzó hace un tiempo en la localidad platense de Abasto, cuando un hombre y una mujer se contactaron con el dueño de unos terrenos de la zona para realizar una transacción. Luego de una pequeña charla en la que obtuvieron información para adquirir los lote y le solicitaron la colaboración para que les brindara algunas informaciones.

Del mismo modo, estas dos personas, que estarían vinculadas al actual ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, le encomendaron el trabajo de hacer un relevamiento con el fin de averiguar qué otras hectáreas y campos estaban en venta para poder comprarlas, debido a que por alguna razón estaban apurados en gastar el dinero con el que contaban, pero nunca aclararon a qué se debía el insistente interés.

Al respecto, le otorgaron la suma de 10 mil dólares por adelantado por la tarea que le encargaron. A partir de allí comenzó un trato fluido, hasta que debido a la confianza, los implicados en la denuncia le confesaron que estaban apurados en la compra de bienes inmuebles ya que tenían que ubicar el dinero con rapidez porque el mismo provenía del gobierno.

Según se desprende de la presentación, los fondos eran originarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que el apresuramiento se debía a que tenían que hacerlo antes del cambio de gobierno. De aquí se desprende el vínculo con Berni, que por aquel entonces ocupaba el cargo de viceministro, función que cumplió hasta el año 2011. Los implicados serían Christian Javier Grimaldi y Claudia Mori, quienes por aquel entonces tenían cargos en la cartera antes mencionada, a cargo de Alicia Kirchner.

Pasaron alrededor de cuatro meses desde el primer contacto entre las partes, pero de un día para el otro, los supuestos compradores dejaron de responder los llamados y no se volvieron a contactar con el hombre que les proveyó todos los datos sobres los terrenos en venta en el lugar. Pero una tarde, aparecieron en una lujosa camioneta Porche Cayenne.

Lo curioso es que no fue para que retomaran la relación, sino por el contrario fue para anoticiarle que habían desistido de la compra de los lotes y campos y le exigieron que les devolviera los 10 mil dólares que le habían dado inicialmente como adelanto por los trabajos que iba a realizar. Cuando les comunicó que la devolución iba a ser imposible porque ya había invertido el dinero, comenzó el calvario.

Sin motivo alguno lo amenazaron y según lo que relató la propia víctima en la denuncia que realizó le dijeron lo siguiente: “Si en una semana no les devolvía el dinero iba a aparecer con un tiro en la cabeza en una bolsa de consorcio en el río, que el dinero ese es de la mafia del gobierno y que con ellos no se jode, que si mataron a Nisman, matarme a mí es como matar una rata”.

Al realizar una intensa averiguación para intentar recolectar datos sobre estas personas, pudo saber que del sistema informativo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación surge que Claudia Noemí Mori cumplía funciones como Directora de Asistencia Directa por situaciones Especiales, Homologada por decreto nro. 2088/08.

Del mismo modo, el otro implicado, Christian Grimaldi ocupaba el rol de secretario de compra, como así también que es presidente de varias Sociedades Anónimas como Virgen Whaters S.A, Activos Medios S.A., Restaurant Delibery S.A, con un incremento patrimonial pasibles de ser investigado por la justicia por el origen sospechosos de los fondos que componen su capital social, ya que provendrían del desvío de fondos del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación asignados a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales.

Ante esta situación, realizó la denuncia en el marco de una causa por malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito en concurso real con lavado de Activos y amenazas. Sin embargo, a pesar de la presentación realizada por la víctima, la investigación tuvo un nulo avance y hasta estaría cajoneada en el Juzgado en el cual se tramita.

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