El kirchnerismo marchará mañana a la Corte Suprema de Justicia para insistir en el reclamo de liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida en Jujuy desde hace cinco años.
La convocatoria es para el sábado a las 12:00 en el cruce de la avenida 9 de Julio y Alsina, y fue realizada por La Cámpora, que considera que la dirigente jujeña es una "presa política" y responsabiliza por su detención al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.
El secretario general de la agrupación kirchnerista y ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, fue uno de los dirigentes que difundió el llamado a la movilización a través de la red social Twitter, bajo la consigna "Milagro Sala, 5 años presa política".
El kirchnerismo ya había reclamado la excarcelación de Sala esta semana a través de una carta abierta firmada por funcionarios, dirigentes políticos y sociales de ese espacio que consideran que la líder de la Tupac Amaru es víctima de una "persecución política, judicial y mediática".
Bajo el título "Por una democracia sin presas y presos políticos", la carta señala como "autores políticos, intelectuales y judiciales" de la situación de Sala a Morales y al Tribunal Superior de Justicia de Jujuy.
La misiva fue firmada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y el líder de la CTEP y el Frente Patria Grande, Juan Grabois, entre otros.
"Para quienes suscribimos esta carta, la libertad de Milagro es urgente", señalaron los dirigentes y agregaron: "Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización".
Los funcionarios y dirigentes del Frente de Todos destacaron en la carta que la líder de la Tupac Amaru "dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social", y afirmaron que "está presa en Jujuy por ser una dirigente política que enfrentó al poder" y por ser "mujer, negra y luchadora".
A su vez, consideran que la "persecución" a la cual son sometidos ella y otros miembros de la Tupac Amaru tiene como objetivo "diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda" y poner "en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar".
Sala fue arrestada el 16 de enero de 2016 con prisión preventiva por una serie de acusaciones y en diciembre de ese año fue condenada a tres años de prisión en suspenso bajo el cargo de "instigación de daños agravados", durante un "escrache" contra Morales.
En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y revocó el sobreseimiento por el delito de amenazas y, tras un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Justicia jujeña le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
En diciembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy y por consiguiente la prisión preventiva, tras argumentar que existía riesgo de "obstaculización" del proceso, al tiempo que ordenó que se cumpla con el dictamen de la CIDH sobre el arresto domiciliario.
Dos años después, en enero de 2019 la Corte dejó firme la condena de la dirigente, que poco después recibió otra condena, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de "fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos" destinados a la construcción de viviendas.