"En Argentina ya nada sorprende", suele escucharse en comentarios de ocasión cada vez que se suscita un escándalo de relevancia pública como el que le costó el cargo al ahora ex ministro de Salud Ginés González García con motivo de las vacunaciones de privilegio.

La polvareda que generó esta situación aún no decantó para la Casa Rosada y todavía está por verse el costo político que pagará eventualmente el Gobierno debido a este alboroto que trascendió las fronteras del país, al ser reflejado por medios de prensa extranjeros en las últimas horas.

En la Argentina, las gestiones oficiales, con sus aciertos y errores, se someten a escrutinio cada dos años, cuando se celebran elecciones, y el Frente de Todos aún tiene por delante un puñado de meses sumamente "valiosos" para sus aspiraciones de dejar atrás con éxito este traspié antes de la votación.

Incluso es una incógnita hoy por hoy si las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán en agosto próximo, como está previsto, y si los comicios legislativos de octubre se desarrollarán en fecha, debido a la pandemia de coronavirus y a las demoras en la campaña de vacunación.

De cualquier manera, el escándalo que forzó la salida de González García del Gobierno no hace más que agudizar el descontento de amplios sectores de la sociedad con la clase dirigente, en especial con políticos y funcionarios públicos: una falta de empatía que se ha ido robusteciendo en décadas recientes con argumentos sólidos por cierto.

Encuestas reflejan desde hace meses que la corrupción es considerada como el "principal problema de la Argentina" en la actualidad, incluso por delante de la inflación y suba de tarifas, la inseguridad, la pobreza y la desocupación, según datos de la consultora Management & Fit (M&F).

La falta de transparencia, por ejemplo en el proceso de vacunación en la Argentina, y las sospechas de corrupción en la gestión pública que se renuevan con cada escándalo político, independientemente de los colores partidarios del Gobierno de turno, generan que se torne cada vez más profunda la "grieta" que divide a la clase dirigente de la sociedad.

Al oficialismo, la "bomba" del "vacunatorio VIP" montado en el Ministerio de Salud que conducía hasta este viernes González García le estalló en las manos, en momentos en los que la discusión política en el país giraba en torno de especulaciones electoralistas con motivo de la pandemia y, en especial, debido a las dificultades económicas que afectan a la Argentina.

Discusión electoralistas

Incluso el ahora ex ministro de Salud -denunciado por supuesto abuso de autoridad y daño institucional- había planteado antes de marcharse del cargo que llevar adelante las PASO en agosto era "un riesgo muy innecesario", toda vez que hacia el octavo o noveno mes de este año (septiembre) el Gobierno esperaba tener vacunada a toda la población mayor de 18 años.

Trascendió incluso que en la Cámara de Diputados el Frente de Todos evaluaba la posibilidad de desempolvar un proyecto de 2019 de Cambiemos para tratarlo ahora y discutir una eventual suspensión de las PASO, con el pretexto de destinar a tareas vinculadas con la emergencia sanitaria el dinero que demanda la organización de esos comicios.

Mientras tanto, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, celebró este viernes su cumpleaños número 68 y se mantuvo (una vez más) alejada públicamente del escándalo en torno de las vacunaciones de privilegio, tal como había sucedido en otros alborotos de alcance nacional incluso durante su propio Gobierno.

La semana pasada, por otra parte, referentes del kirchnerismo volvieron a cargar contra el funcionamiento de la Justicia e insistieron en su reclamo para que sean liberados dirigentes afines presos por actos de corrupción, en lo que significa un nuevo capítulo de la agenda "de nicho" que llevan adelante.

Sin embargo, se produjo un hecho llamativo en los últimos días cuando la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, publicó una extensa cadena de mensajes en la red social Twitter en los que cuestionaba duramente al Poder Judicial: "Es hora de abordar las transformaciones necesaria para garantizar una buena administración de Justicia", enfatizó.

Losardo había sido sindicada en su momento como una de las destinatarias de las críticas de Cristina cuando el año pasado la "Jefa" apuntó contra "funcionarios que no funcionan", después de que la ministra diseñara y presentara un proyecto de reforma judicial considerado "light" por el kirchnerismo.

De cualquier manera, las principales preocupaciones de la población -en su mayoría- se vinculan con otros asuntos: la pandemia, la provisión de vacunas, que llegan a cuentagotas a la Argentina, y en especial la economía y el sostenido aumento del precio de los alimentos.

Según datos oficiales, las canastas de productos que se utilizan para medir niveles de pobreza e indigencia subieron 4,2% y 4,6% en enero pasado, en forma respectiva, es decir, por encima de la inflación de ese mes (4%), lo que significa que el aumento del costo de vida en la Argentina afecta más -y sobre todo- a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En este sentido, el alza de precios mayoristas del 5,6% registrada en el primer mes del año incluso constituye un indicador para nada alentador, en cuanto a la inflación, con respecto al futuro inmediato.