La relación entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández, volvió a tensionarse. Después de semanas de una vuelta a la conciliación en ese vínculo, tras una etapa anterior de conflictividad en el diálogo entre ambos, la tensión volvió a renacer. Según fuentes calificadas fuentes del Gabinete, el disenso entre los Fernández gira sobre tres temas centrales, que terminaron de volver a minar las comunicaciones entre los dos jefes máximos del Poder Ejecutivo.

Es una dinámica compleja. Fernández (Cristina) está imponiendo sus decisiones sobre dos ejes económicos en el que parecía estar obteniendo una victoria por sobre los funcionarios nacionales que le responden a Fernández (Alberto). El primero de esos temas tiene que ver con la idea de la vice de posponer lo máximo que se pueda al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una posición diferente a la que exponía hasta hace pocos días el ministro de Economía, Martin Guzman.

El segundo ítem en el que la vice está logrando una vez más imponer sus sugerencias, tomadas por protagonistas de la administración pública como si fueran órdenes de una jefa. Tal como lo expresó en un acto en el estadio de La Plata a fines del año pasado, Fernández (Cristina) insiste en que deben también evitar una suba en las tarifas de los servicios públicos.

Guzmán había planeado una suba para acotar el déficit fiscal, entre otros objetivos como e intento de que vuelvan las inversiones en el sector energético, entre otros ámbitos de los negocios privados. El Presidente parece haber cedido frente a esas dos insistencias de su vice, pero según asesores que lo frecuentan todos los días existió otra variable que terminó por generar su enojo contra Fernández (Cristina).

Lo que volvió a minimizar al máximo su intercambio telefónico, o a través de chats, tiene que ver con la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, la mejor amiga del Presidente, ex compañera de estudios de derecho en la facultad, y además su socia en el estudio jurídico en el que ambos trabajaron durante décadas en el ámbito privado.

Losardo deja su puesto asediada por el “cristinismo”. Era la ministra del área clave para la vice, la de Justicia, debido a la embestida constante contra el Poder Judicial que ella motoriza desde el Senado, y gracias a la lealtad de diputados y otros voceros y aliados en los tribunales que la ayudan a intentar frenar el avance de causas judiciales por corrupción que la acechan a ella misma y a varios de sus ex funcionarios nacionales de máxima confianza.

Esta nueva crisis gubernamental tiene doble incidencia de la vice. Por un lado, desde que Losardo asumió en Justicia se ganó la resistencia del sector más radicalizado de los K. La vice designó como viceministro del organismo a un dirigente absolutamente fiel a la agrupación juvenil de Máximo Kirhner, La Cámpora, como lo Juan Martin Mena, ex subjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Losardo se mantuvo en su cargo con el apoyo de su amigo de toda la vida, Fernández, e intentó mantenerse al margen de los discursos más ofensivos contra el Poder Judicial, y también de las denuncias con las que se acusa de diferentes irregularidades contra magistrados y fiscales que se despliegan en medios oficialistas, el Consejo de la Magistratura, o el Senado.

Marcela Losardo gestionó como pudo a su ministerio con secretarios de Estado que no le respondían en los hechos, como el secretario de Derechos Humanos, Luis Pietragalla Corti, también militante de La Cámpora, con el que discutió sobre varios temas. Uno de los más conflitivos ocurrió cuando Pietragalla Corti pidió de modo explícito la salida de varios presos K. Losardo enfureció con ese impulso que en lo concreto salía de su ministerio. Pietragalla Corti terminó dándole explicaciones sobre esa actitud al propio Presidente en una reunión en la Quinta de Olivos.

La tensión entre la vice y el Presidente fue escalando en los últimos días. Según fuentes oficiales con cargos relevantes, ella entendió que la condena contra su socio comercial histório, Lázaro Báez, sentenciado por un tribunal oral y público por cometer de cárcel por cometer el delito de lavado de dinero agravado, la convenció de profundizar sus ataque al Poder Judicial.

Losardo, por primera vez desde que asumió en su puesto en diciembre del 2020, emitió una serie de tuits en los que cambió de golpe su discurso silente o conciliador con las autoridades judiciales: hace dos semanas emitió una serie de críticas en las redes sociales que parecían calcadas a los dichos habituales de Fernández (Cristina).

Ese intento de alinearse con la vice no tuvo efecto. La vice siguió hostigando a la ministra, de modos diversos y siempre indirectos, hasta que la funcionaria comenzó a revelar puertas adentro del Gobierno que prefería renunciar antes de continuar trabajando de este modo. El Presidente intentó retenerla. Hace diez días comenzó a trascender en varios medios que Losardo ya no sería ministra. Como ya se dijo, fuentes cercanas al Presidente insisten que Fernández (Alberto) está enfurecido con su vice porque considera que ella motorizó aun más el desgaste público de Losardo.

Habría sido por eso que el Presidente confirmó por televisión la salida de Losardo durante una entrevista con C5N el lunes pasado. En ese reportaje, Fernández no solo oficializó que dimitiría su amiga, si no que además mencionó a varios posibles reemplazantes.

Sus asesores más influyentes explican ahora que esos posibles sucesores de Losardo fueron anunciados por el Presidente porque son los preferidos de su vice, debido a su lealtad con ella y su alineamiento con sus políticas contra la Justicia, porque en realidad él designaría a otro dirigente, o dirigenta, que esté muy identificada con él. Y con su vice, con la que volvió a enojarse por su costumbre de “ensuciarle” la gestión con acciones públicas. O con operaciones sigilosas con las que, aunque parezca paradójico, termina dañando a un Gabinete que es del su propio Gobierno.