Quien iba a decir que el engendro para estatal que le dejara su ultimo archí enemigo Walter Festa le iba a venir como anillo al dedo, para controlar fondos públicos sin tener que dar ningún tipo de explicaciones. Es que la Secretaria de Educación local sin injerencia sobre la pedagogía y menos sobre la cuestión disciplinaria atinente a los docentes, no sirve para otra cosa que para esconder ñoquis militantes y distraer recursos del fisco provincial.

Esta especie de limbo en el que se encuentra la educación pública provincial, entre la centralización y la descentralización definitiva, no le hace nada bien al sistema. Campo fértil para el sindicalismo de izquierda enquistado en lo profundo del corazón miserable del conurbano, tal el caso de la Baradeliana, Mariana Cattaneo, que aglutina dos o tres sellos de goma y hace y deshace dentro de los establecimientos, asistida por cientos de directivos militantes.

Fue la década de los 90, la testigo profundos cambios en el país, con la ley 24.049 que termino de federalizar la educación. En ella se dispuso la total y definitiva transferencia a las provincias de los establecimientos escolares del nivel medio y de los institutos de formación docente que permanecían bajo la órbita del Estado Nacional (la transferencia de las escuelas primarias había finalizado en 1978).

Hoy nos encontramos en la situación que la gestión local a cargo de Mariel Fernández ha recibido desde el gobierno provincial a cerca de un millón de pesos diario del fondo educativo provincial (Desde diciembre del 2019 a enero del 2021 los fondos percibidos fueron de $ 429.669.751.). El resultado obtenido se enmarca en la rayano a lo desastroso. La aceitada máquina tragamonedas del Movimiento Evita continúa funcionando a la perfección.

Escuelas completamente cerradas durante 2020, (todas funcionando, hasta la primera cuarentena decretada por el gobierno nacional, el 20 de marzo de ese mismo año). Suficiente espacio de tiempo para terminar de poner en condiciones los establecimientos, además de efectuarles el mantenimiento periódico necesario. El 2021 los sorprendió con la presencialidad obligada del Ministerio de Educación de la Nación, que tuvo que girar sobre sí mismo y romper el acuerdo espurio con los Baradel y compañía: vos no me jodes con el tema paritario, pero yo los dejo a todos calentitos en sus casas, haciendo que trabajan y cobrando el sueldo de bajo de la línea de pobreza a fin de mes.

Pero la realidad se impuso, la opinión pública no mostro signos de acompañamiento sobre la medida y tuvieron que cambiar sobre la marcha.

El Fondo Educativo Provincial es un fondo de asignación específica a educación, que desde el año 2018 incluye, a su vez, un porcentaje de asignación especial destinado a infraestructura escolar (50% para los Municipios del Conurbano y 40% para los municipios del interior). Este fondo representa el 8,7% del monto total que la Provincia transfiere a los Municipios. Este fondo está compuesto por recursos que provienen de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo 26.075 y se distribuye en forma diaria y automática entre los Municipios de acuerdo al coeficiente que fije la Dirección General de Cultura y Educación.

El presupuesto 2021 de la provincia de Buenos Aires establece, en su artículo 43, que “el dieciséis con catorce por (16,14%) de los recursos de afectación específica que perciba la Provincia en virtud de la vigencia durante el Ejercicio Fiscal 2021 del artículo 7° de la Ley Nacional N° 26075, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación – abarcando la educación formal como la no formal- se distribuirán en forma diaria y automática entre los Municipios de acuerdo al coeficiente que fije la Dirección General de Cultura y Educación, conformado por población en edad escolar, superficie y variables educativas relacionadas con matrículas, establecimientos, predios, vulnerabilidad y trayectorias educativas de los establecimientos de gestión pública provincial y municipal. Los montos derivados de la aplicación de dicho coeficiente para el Ejercicio 2021, no podrán ser inferiores al ciento treinta por ciento (130%) ni superiores al doscientos treinta por ciento (230%) de los recursos transferidos a cada municipio durante el Ejercicio 2020. Aquellos municipios que integran el área territorial del conurbano bonaerense conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 13473, deberán destinar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de estos recursos a la infraestructura escolar. Los restantes municipios deberán afectar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de dichos recursos a idéntico destino. La afectación de los recursos a infraestructura escolar deberá realizarse para la mejora de los servicios educativos existentes, priorizando i) la habitabilidad de los establecimientos educativos de niveles obligatorios ii) la ampliación de establecimientos de niveles obligatorios ya existentes iii) la habitabilidad y/o ampliación en servicios educativos de niveles no obligatorios iv) equipamiento mobiliario y educativo. Se entiende por habitabilidad las intervenciones de conservación de las construcciones y sus instalaciones a los fines de garantizar las condiciones de seguridad requeridas para su normal uso. La totalidad de dichas intervenciones deberán ser informadas a la Dirección General de Cultura y Educación con vistas a poder coordinar de manera más eficiente el uso de los recursos públicos”.

La pregunta es la misma de siempre, ¿qué se hizo con el dinero percibido? Y la respuesta es también siempre la misma. Anda a cantarle al Tribunal de cuentas de la provincia al final del ejercicio. El mecanismo no soporta más, nos debemos encaminar rápidamente a una nueva reforma educativa, que incluya una verdadera y controlada descentralización de recursos desde la provincia a los distritos, que blanquee definitivamente este traspaso de fondos al bolsillo de payaso de la política local. Mientras tanto la pobreza y la mala educación continúan horadando esta fábrica de pobres del conurbano, formando un ejército de esclavos del sistema, el mismo que dicen combatir.


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