Los magos e ilusionistas profesionales suelen utilizar un recurso desconocido denominado “misdirection”, que les permite desviar la mirada del público hacia un lugar determinado, bien lejos de donde ocurre la magia. Entretanto, el verdadero truco lo hacen en otro lugar, que nadie logra observar.

Es lo que está haciendo en estas horas el kirchnerismo, para que nadie preste atención al avance que lleva adelante respecto de la Justicia, la economía y otras cuestiones concomitantes. Principalmente, el desmanejo en torno a la vacunación contra el coronavirus.

A tales efectos, se ha impulsado una discusión absurda referida al corrimiento de las PASO de este año, que carece de la importancia que le ha dado gran parte de la oposición.

Más aún: la postergación de las primarias beneficia más al espacio de Juntos por el Cambio que al oficialismo. Por diversos motivos, principalmente porque la economía estará más complicada en septiembre que en agosto. Y la inflación habrá escalado aún más. Etcétera.

Pero, como se dijo, el Gobierno necesita que se hable de cualquier cosa menos de todo eso. Ello explica el avance oficial que empezó a pergeñarse contra Mauricio Macri en varios frentes. Los dos principales: el Correo Argentino y el acuerdo con el FMI. Ambos judicializados.

Entretanto, el ministro de Justicia, Martín Soria, ha comenzado a operar a efectos de derrumbar los expedientes que complican a Cristina Kirchner. Sobre todo aquel que más le preocupa: el que investiga el presunto lavado de dinero en sus hoteles. Habrá novedades al respecto en los próximos días.

Por eso todos los focos están puestos en la figura de Macri, para que se hable de sus problemas judiciales y nadie preste atención a los aprietes que ha comenzado a impulsar el kirchnerismo contra dos conocidos camaristas Federales, quienes han acusado el pertinente recibo. A ambos los han “carpeteado” con información surgida de la Agencia Federal de Inteligencia, referida a sus finanzas personales.

Otro de los escándalos que se busca tapar en estas horas tiene nombre y apellido: Hugo Sigman, uno de los principales aportantes del kirchnerismo, y dueño del negocio de las vacunas en la Argentinas. Al menos desde hace 15 años.

Sigman es aquel que produce el principio activo de la dosis de AstraZeneca, que se envasa en México. A su vez, es parte de un consorcio que comercializa las vacunas chinas Sinopharm. Y, por si fuera poco, está relacionado a Pfizer a través de uno de sus laboratorios, Elea. En buen romance, tiene los huevos acomodados en todas las canastas.

Dicho sea de paso, luego de que el oficialismo “permitiera” a las provincias adquirir sus propias vacunas, Horacio Rodríguez Larreta ha iniciado conversaciones con varias empresas, una de ellas Pfizer.

¿Qué ocurriría si el alcalde porteño consiguiera hacerse de las dosis de ese laboratorio, lo cual no logró concretar el gobierno nacional? ¿No quedaría más de uno en off side?

La respuesta es evidente, sobre todo si se añaden los vínculos de puntuales funcionarios del Ministerio de Salud con intereses de laboratorios y fundaciones que ya mismo están a punto de recaudar millones gracias a la pandemia. Cuatro nombres concretos, de los tantos que podrían mencionarse: Carla Vizzotti, Pedro Cahn, Romina Gigliotti y Sonia Terragona. Ya pueden ir agendándolos.

Lo único positivo que dejará el escándalo de las vacunas, cuando estalle, es que nadie hablará de la derruída economía argentina, insostenible por donde se la mire. Aún con los promisorios indicadores que muestran algunos commodities, como la soja, y el repunte de actividades como la construcción.

Hasta que no se logre dominar la insoportable inflación, ninguna recuperación será valorada por la ciudadanía. Basta ver las últimas encuestas para darse cuenta de ello. Alberto, que supo tener altos índices de valoración positiva, ostenta una imagen negativa cada vez más alta.

Ello preocupa al gobierno en pleno año electoral. Por eso avanza en un control de la economía que promete rememorar los peores días de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio Interior. Aunque la historia ya haya demostrado que ello no sirve para nada. Nunca.

La única solución es dejar de emitir dinero sin respaldo. Que es lo que genera inflación. Pero ello es imposible, porque la economía argentina tiene un déficit creciente. Que solo se puede superar recortando en gasto público, el cual es derivado en gran parte a sostener millonarios planes sociales. Que se bancan con la referida emisión. Y así sucesivamente. Maldito circulo vicioso.

En medio de tanta locura, entre las vacunas, la pandemia y las finanzas derrumbadas, Cristina insiste en presionar a funcionarios del Ministerio de Economía —Martín Guzman y Paula Español llevan la peor parte— para que elaboren una estrategia que permita ganar al Frente de Todos la elección legislativa de este año. Será un misión imposible.

Pero la vicepresidenta necesita avanzar en polémicas leyes que jamás apoyará la oposición. Ergo, precisa mayoría propia en el Congreso Nacional. La oposición sospecha que, ante la imposibilidad de lograr la victoria de manera “limpia”, los K apelarán al fraude.

¿Será por eso que Alejo Ramos Padilla fue designado juez electoral de La Plata? ¿Ello explica que la licitación por el recuento de votos se juegue entre dos empresas sospechadas, Smartmatic e Indra? Es lo que muchos sospechan en Juntos por el Cambio. Por caso, Elisa Carrió está a punto de denunciarlo. Aportando datos desconocidos de un presunto fraude en los comicios del año 2007.

De todos modos, cuando se habla de lo electoral, no todo gravita en lo político: la pata financiera es tan o más importante que esta última. De hecho, se precisan millones y millones de pesos para solventar una campaña que sea eficaz y eficiente.

El problema es que la ley de financiamiento que rige en la Argentina limita los aportes privados y prohibe el manejo de dinero público. Trampa en la que se metió el propio kirchnerismo en el año 2007.

Ello obliga a avanzar en aportes “solapados”. Con aportantes que solo ponen su nombre y apellido, pero jamás dinero contante y sonante. Tal cual ocurrió en 2007, con la campaña de Cristina y Cobos, que terminó en un escándalo que aún perdura en la Justicia.

Algo similar va a ocurrir este año, porque, en épocas de vacas flacas, no hay empresario que se anime a “ayudar” a ningún partido político. Entonces, los fondos saldrán de organismos públicos, disfrazados de aportes privados.

Ello explica la avanzada del gobierno sobre la emblemática empresa Impsa. Una “inversión” millonaria que alcanza los 20 millones de dólares. Para lograr tener una “silla estatal” en su directorio.

De allí saldrá parte de los fondos que cubrirán los gastos de campaña. También de la Anses, el PAMI, Aerolíneas Argentinas y otros organismos que domina La Cámpora.

Hablando de Impsa, Tribuna de Periodistas logró acceder a una serie de cartas documento que la Administración General de Puertos envió a la nave insignia de Enrique Pescarmona en junio de 2020, exigiendo el pago una millonaria deuda. Su texto es innecesariamente violento y casi extorsivo.

¿Fue parte de un apriete del Estado para que Impsa aceptara ampliar su capital accionario, y que el Gobierno lograra “meter la cuchara” allí?

Más temprano que tarde, todo se sabrá.