Este martes, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, anunció que a partir del lunes próximo comenzarán a producir en la planta bonaerense de Pilar 150 mil dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia.

“Ya produjimos el primer lote de 450 mil que está en las últimas etapas de control; esta semana estamos produciendo el segundo lote que alcanzará casi 500 mil dosis y el lunes vamos a arrancar con la producción del componente 2, de la que haremos unas 150 mil dosis”, indicó Figueiras en declaraciones a Radio 10.

Lo que no explicó el empresario es que hay una denuncia en la Justicia hecha por el vicepresidente de “Republicanos Unidos”, Yamil Santoro, por posible contaminación de las vacunas producidas en el país.

La presentación del abogado es contra los laboratorios Richmond S.A.C.I.F. y MR Pharma S.A. por los presuntos delitos de “fabricar sustancias en establecimientos no autorizados”, “malversación de caudales públicos” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Santoro radicó la denuncia ante la Cámara Criminal y Correccional Federal y en la presentación judicial, con el patrocinio de los abogados Juan Martín Fazio y Pablo Abdón Torres Barthe, y allí sostuvo que Richmond produce las vacunas a través del laboratorio MR Pharma, que no solo no está autorizado para tal fin, sino que además elabora usualmente hormonas en la planta donde hace ahora las Sputnik, por lo cual estas se podrían contaminar.

“Vos no podés en una misma fábrica producir hormonas y producir vacunas. Medicamentos hormonales y medicamentos biológicos no se puede por un riesgo de contaminación cruzada”, dijo Santoro a Tribuna de Periodistas.

En cuanto a las otras conductas que motivan la denuncia, la misma explicó que “el Laboratorio Richmond ha recibido al menos 43 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo -de estos al menos $ 13 millones son de carácter “no reembolsable”-, para adquirir equipamiento a los fines de dedicarse al desarrollo antes descripto”.

“Corresponde también que se investigue el origen y aplicación de esos fondos”, remarcó la denuncia, que agregó: “Si se ha violentado la normativa respecto a las habilitaciones necesarias para la producción de una vacuna en un marco de cierta cercanía con el gobierno, se puedan haber cometido delitos patrimoniales contra la administración pública los que, corresponde, se investiguen”.

El texto explica que “específicamente, en el marco del Banco de Valores como fiduciario, ha abierto un fideicomiso (denominado ´Proyecto VIDA´), con el que se propone reunir 85 millones de dólares”.

“Ha trascendido en medios especializados que la inversión – que, como se dijo, se fusionaría con un fin común con fondos públicos, incluso no reembolsables– no estará abierta al público en general, sino exclusivamente a ´inversores calificados´, lo que arroja una fuerte sombra de sospecha respecto a quiénes serían los pocos que podrían beneficiarse de una iniciativa que participa de fondos públicos”.