Aquella tarde, policías federales seguían de cerca a dos colombianos, pero, cuando se dieron cuenta, les tiraron encima la Renault Captur para escapar. Dos cuadras después, a la altura de la calle Guardia Vieja 4040, se rindieron. Al pedirles sus documentos, los acusados dijeron ser visitadores médicos. Tenían coartada: Encripdata pudo saber que entre sus pertenencias tenían un talonario para recetas médicas de GAV Salud SA, un sello y un formulario de visitas médicas de Domun Sanitas SA. Pero ese 12 de mayo llevaban algo más: cuatro «ladrillos» de cocaína.

Los uniformados pusieron a disposición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a los arrestados: Mauro René Trigos Pérez y Diana Marcel Vanegas Ramírez. 40 y 35 años. Colombianos. Lo primero que encontraron fue que al hombre le habían decomisado en 2019 un Renault Sandero modelo 2018 por falta de pago. En la subasta, lo compró una mujer que prestaba servicios en la Policía Federal (PFA). Pero eso era lo de menos.

Los investigadores analizaron los elementos que tenían los detenidos en su poder. El auto estaba a nombre de otro colombiano de 26 años, pero contaba con dos cédulas azules para su hermano y para la mujer arrestada. Estos dos, además, eran socios en D&SSALUD ID, constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), formato impulsado por el gobierno de Mauricio Macri para facilitar la creación de empresas en solo 24 horas por Internet, pero que la coalición de Alberto Fernández ahora quiere monitorear para evitar casos como este.

El sello con matrícula correspondía a otro colombiano, de 43 años, que trabaja al menos desde 2015 en Buenos Aires como especialista en clínica médica. Del talonario para recetas médicas de GAV Salud SA descubrieron que la empresa había sido fundada por dos argentinos -uno fallecido este año- y un médico colombiano de 35 años.

Pero lo que más les llamó la atención fue el formulario de visitas médicas de Domun Sanitas SA y el dueño de la empresa: Carlos Gustavo Luaces.

Luaces viajó el 16 de abril de 2010 con los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá a Santa Cruz de la Sierra. No lo hicieron solos: además del piloto Carlos Burgueño, iban a bordo el colombiano John Wilson Díaz Vélez y Daniel Rogelio Amitrano.

Los detectives de la época no consiguieron pruebas, pero tampoco tuvieron dudas: todos aquellos hicieron ese viaje a Bolivia para comprar los 944 kilos de cocaína que los hermanos Juliá intentaron «coronar» el 2 de enero de 2011 en España, pero que los agentes de la Guardia Civil se lo impidieron ni bien el piloto Matías Miret aterrizó el Bombardier Challenger 604 en el aeropuerto de El Prat, Barcelona.

Por ese caso, el juzgado de Instrucción 2 de El Prat de Llobregat sentenció en 2013 a los hermanos Juliá a 13 años de prisión, pero absolvió al piloto Miret porque se consideró que él no sabía que lo que manejó fue un narcojet. Para eso se tuvo en cuenta que mientras los agentes de la Guardia Civil les hacían preguntas a los Juliá, él jugueteaba con los perros antinarcos. De todas maneras estuvo un tiempo preso.

En la Argentina hubo una causa espejo para investigar la ruta local de la droga, pero nunca terminó de avanzar. Luaces, entonces, zafó.

Pero el piloto Miret, mientras estuvo preso en Barcelona, coincidió con Víctor Hugo Ovejero Olmedo, alias «Pelado», que le contó sobre su participación en lo que pasó a la historia como el doble crimen de Unicenter, al confesarle haber sido uno de los que ejecutó el 24 de julio de 2008 a los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos en el estacionamiento del shopping.

Una vez absuelto en España, Miret declaró como testigo en la Argentina. Aclaró que tenía «animosidad respecto de los hermanos Juliá, pero no respecto de Luaces». Acto seguido, relató lo que Ovejero Olmedo le había reconocido en la prisión: «Que había tenido una participación activa en el caso, desde la inteligencia hasta la logística, como que había participado en el asesinato. Ellos habían recibido el encargo porque tenían una banda formada, a la que Luaces les dio su apoyo«.

El juez Héctor Omar Sagretti, que con su voto lideró el fallo, remarcó que «Luaces mintió desde el principio al fin de su declaración».

Tanto que recordó la conversación entre Jorge Daniel Moreyra, alias «Zurdo», y el propio Luaces la misma noche del doble crimen:

–Todo tranquilo, sí, esperando un poquito de ruido, el laburo ya está hecho, pero hay que esperar, no hay mucho movimiento, tranquilo, light.

–Bueno, listo, mañana hablamos a ver si nos vemos porque hay
mucho alboroto también.

–Por eso te estoy diciendo, viste, me están llamando, pero yo estoy postergando un poquito, tranquilo.

Para el magistrado, el viaje de Moreyra y Luaces dos días antes a Uruguay fue para «cobrar el precio del encargo».

Para el fiscal de juicio Marcelo García Berro, Luaces «ofició de nexo entre los que encargaron los crímenes, posiblemente en el exterior» y los autores materiales». Para el acusador, el doble crimen de Unicenter se debió a una de las tantas traiciones entre miembros del cártel colombiano del Norte del Valle. Esas traiciones saltaron como serie primero a la televisión y luego a Netflix bajo el título «El cártel de los sapos», basada en el libro de Andrés López López, alias «Florecita», narco que lo escribió en la cárcel.

Pero así como el juez Sagretti advirtió que Luaces mintió «de principio a fin», también reconoció que las pruebas en su contra no eran suficientes para condenarlo. Entonces él y Silvina Mayorga y Walter Venditti no tuvieron más opción que absolverlo por el beneficio de la duda. El tribunal solo sentenció a prisión perpetua a los barras Ovejero y Moreyra.

Luaces, aunque llegó preso a ese juicio, volvió a zafar en 2018.

Díaz Vélez, otro de los pasajeros de los Juliá en el viaje a Bolivia, se le terminó la suerte el 13 de junio de 2019: cayó con 457 kilos en Paraguay.

Ahora, el juez Martínez de Giorgi deberá decidir si hay elementos suficientes para investigar por qué los colombianos detenidos en mayo con cuatro «ladrillos» de cocaína tenían en su poder un formulario de visitas médicas de la clínica de Luaces.

Para los investigadores, existen demasiadas casualidades entre aquellos colombianos y las empresas de salud mencionadas, tantas que no pueden más que sospechar que en realidad todo podría ser una gran «fachada» para realizar actividades vinculadas al narcotráfico o lavado.

El juez Martínez de Giorgi decide.