"Su problema es la autosuficiencia”, sintetizó alguien que conoce bien a Alberto Fernández y que como tal ha sido destinatario muchas veces en los últimos tiempos de la pregunta: ¿Qué le pasa al Presidente?

Para una mejor comprensión, la frase merece ser ampliada y plantea que el mandatario se siente tan idóneo en muchas cosas que suele llevarlas a cabo él mismo, más allá de la investidura que hoy ostenta. Habrá que creerle entonces que, como dijo hace pocos días, muchas veces se olvide de que es “el Presidente” y actúe en cambio como “un hombre común”. En tiempos en que su palabra está tan devaluada, hay que reconocer que esa apreciación al menos es cierta.

Por eso es que muchas veces procede como un jefe de Gabinete, cargo que ocupó durante el gobierno de Néstor Kirchner y parte del primero de Cristina. No debe sorprender que quiera ser también su jefe de campaña, tarea que cumplió hace cuatro años, para Florencio Randazzo en 2017. No le fue tan bien: sacó menos de 6 puntos.

Hoy pareciera querer ser el protagonista central de la campaña del Frente de Todos. Solo así se explica que hable casi todos los días. Hace algunas semanas y a raíz de sucesivos traspiés, había aceptado el consejo/súplica de allegados para moderar sus intervenciones públicas. Pero le duró poco. Y ya en el tramo final de la campaña para las PASO, aceleró.

Previsiblemente eso le trae problemas, sobre todo en el Olivosgate, donde su mensaje ha ido mutando y en consecuencia el daño autoinflingido ha sido peor. Desde su entorno le han pedido que deje de hablar del tema. Dicen que él aseguró que el viernes fue la última vez, pero no le creen mucho. Acaba de ser imputado en esa causa y presentó un escrito en su defensa que resulta devastador para con la orden que él mismo dio en forma de decreto el año pasado. Si el juez termina aceptando lo que Fernández plantea, el DNU original debería considerarse inconstitucional. Por disparatado que parezca, nadie ha hecho más contra el decreto que él firmó y prorrogó una y otra vez, que él mismo.

Para completarla, el abogado Gregorio Dalbón la emprendió contra el fiscal de la causa, acusándolo de “coimero”, y del juez Casanello dijo que le importa “un huevo”. Dalbón es uno de los abogados de la vicepresidenta y representa a Alberto Fernández en el juicio que le inició a Patricia Bullrich por el tema Pfizer, pero luego de que se conocieran las expresiones del controvertido letrado, desde Presidencia salieron a despegarse: aclararon que si bien lo consultó, no iba a ser su abogado en este tema. Por eso Fernández presentó su escrito y se representará a sí mismo, dijeron desde el gobierno, pero como tiene la matrícula suspendida en virtud del cargo que ostenta, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tuvo que habilitarlo especialmente el viernes para actuar como abogado “exclusivamente en causa propia”.

En su presentación el Presidente se hace cargo de lo que define como “un error” y plantea como resarcimiento el pago de cuatro sueldos. Estamos hablando de poco más de un millón de pesos, si se tiene en cuenta que el salario neto del Presidente asciende a $256.207,83. Lo cual fue cuestionado por muchos, por considerar que el salario de un presidente -que nada paga de su bolsillo- es “simbólico”.

Las comparaciones son odiosas, pero en este caso inevitables. En diciembre del año pasado el presidente chileno Sebastián Piñera fue multado con el equivalente de unos 3.500 dólares por incumplir la disposición sanitaria del uso del tapaboca. Sucedió luego de que se viralizara en las redes sociales una imagen suya con una mujer que en una playa le pidió sacarse con él una selfie. Ante la repercusión del hecho, el presidente trasandino pidió disculpas y presentó una autodenuncia.

En el oficialismo lamentan que el escándalo por el cumpleaños de la primera dama en tiempos de pandemia estricta no termine nunca de cerrarse, y responsabilizan de ello al propio mandatario por sus idas y vueltas.

Lo cierto es que en el extenso reportaje que concedió el viernes a un medio afín, Fernández habló de todo, incluso de lo que nadie en el oficialismo hablaba: el escándalo de la docente ultra K que adoctrinaba a los gritos a sus alumnos, sacada cual personaje de Capusoto. Sin que nadie se lo pidiera, el Presidente se metió solito en un tema de lo más ríspido y, para desconcierto de sus compañeros del oficialismo, realizó una sorprendente defensa y reivindicación de la docente separada del cargo.

En rigor, alguien del gobierno sí había hablado del tema; el ministro de Educación no había podido rehuir opinar sobre la profesora militante, y obviamente lo hizo de manera muy crítica, aclarando que el episodio era “injustificable”. Como hace algunos meses con el tema de la presencialidad en las aulas, Nicolás Trotta volvió a ser desautorizado por el Presidente.

“Esta no es una práctica en nuestro sistema educativo”, garantizó el ministro, pero el episodio de Laura Radetich trajo a la memoria la carta que la ministra de Educación porteña Soledad Acuña remitió a la comunidad educativa en noviembre del año pasado, generando una airada reacción de los gremios docentes. En uno de sus párrafos expresaba: “También sabemos que algunos dirigentes abusan de su rol docente y eligen adoctrinar antes que enseñar a pensar”. En esa oportunidad, el secretario general adjunto de UTE, Eduardo López -muy cercano al kirchnerismo- replicó: “Hablan como gerentes de una comunidad educativa que maltratan, espían y persiguen desde hace 13 años y que odian por no poder doblegar”.

No se entiende el objetivo del Presidente de meterse en un tema destinado a espantar los votos que él debía ocuparse de asegurar, razón por la cual Cristina Kirchner pensó en él hace dos años. “Su comentario está dirigido a consolidar el voto propio, innecesariamente porque eso ya lo tienen”, advirtieron desde el propio oficialismo, perplejos por la actitud presidencial. “Salvo que se busque exagerar el compromiso con el kirchnerismo”, agregaron en busca de justificaciones. Lo cierto es que será difícil encontrar figuras dispuestas a avalar como AF a la docente adoctrinadora.

Tal vez el Presidente no haya querido cuestionar a Radetich pues en realidad comparte todos sus dichos. Porque lo cierto es que los conceptos vertidos por esa militante no difieren de lo que suele escucharse en la militancia K, pero también en la dirigencia, en ámbitos públicos.

Fue, sin ir más lejos, el tono utilizado el jueves pasado a lo largo de todo el día en el Congreso de la Nación. Congelada la actividad legislativa por la campaña, las autoridades de ambas cámaras alteraron ese parate para convocar el mismo día a dos comisiones. Por la mañana, se reunió la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que analizó la cuenta de inversión correspondiente a 2016, el primer año de la gestión macrista. Un trámite previsto por la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera y que contempla la participación de la Auditoría General de la Nación. Para evitar sofocones, los gobiernos tratan de dejar aprobadas esas cuentas antes de irse, pero estando en minoría, el de Mauricio Macri no pudo aprobar ni una. Y previsiblemente el actual oficialismo anticipó su rechazo en el recinto, lo cual no terminará como una acción declarativa, sino que servirá para activar acciones judiciales contra los exfuncionarios macristas. Algunas de las cuales ya están en marcha.

El senador salteño Juan Carlos Romero lamentó la intención de judicializar las acciones de todos los presidentes y concluyó: “Quédense tranquilos que a Alberto Fernández ya le tocará dentro de dos años”.

Tres horas después de concluida esa reunión, arrancó la Bicameral de Seguimiento de Deuda, nada menos que con la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán. Previendo que lo que sería “un acto de campaña para fustigar a la gestión pasada”, los legisladores de Juntos por el Cambio se negaron mayoritariamente a participar. Los senadores de JxC fueron los más decididos en ese sentido y no estuvo ninguno. Vicepresidente de la comisión, el diputado Luciano Laspina fue el único de ese espacio que participó de manera presencial. Obviamente todo giró en torno a la deuda… contraída por la gestión Macri.