Federico Machado quemó su última carta para demorar todo lo más posible lo que, de todas maneras, era inevitable: el juicio de extradición. El requiriente: Estados Unidos. La acusación: narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. Consortes de causa: presuntos miembros del Cártel de Sinaloa. La defensa del empresario argentino había planteado la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Extradición 24.767, pero, como pudo saber Encripdata, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal lo rechazó esta semana el recurso extraordinario por inadmisible. Así las cosas, el juez federal Gustavo Villanueva ya puede comenzar el proceso para decidir si lo entrega.

Los policías de Seguridad Aeroportuaria (PSA) arrestaron a «Fred» Machado el 16 de abril de este año ni bien pisó el aeropuerto de Neuquén antes de que abordara un vuelo con destino a la Ciudad de Buenos Aires. Con la alerta roja de Interpol en la mano, uno de los uniformados le informó que a partir de entonces quedaría detenido en la cárcel de Bariloche a la espera de su extradición a los Estados Unidos por esa serie de delitos.

Desde aquel 16 de abril, Machado tenía dos opciones: aceptar su entrega inmediata para quedar rápidamente a disposición del juzgado del Distrito Oriental de Texas o demorar todo lo posible la realización del juicio de extradición. Lo que no podía hacer era rechazar las pruebas en su contra sobre los delitos imputados porque en este tipo de juicios, el juez solo debe evaluar si el país requiriente cumplió con los requisitos para hacer efectiva la entrega del requerido.

Entonces, a través de sus abogados Roberto Rallin y Francisco Oneto, fue por la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Extradición que establece las pautas del juicio en cuestión.

En el medio, los letrados también solicitaron que Machado pudiera seguir el proceso en libertad, pero tanto el juez de instrucción, como los de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca y de la Cámara Federal de Casación Penal lo rechazaron por peligro de fuga. No lo resolvieron en potencial sino que lo justificaron ampliamente: por empezar, recordaron que el juez estadounidense solicitó la alerta roja de Interpol luego de que «Fred», aprovechándose de la libertad bajo fianza concedida, se escapara del país, es decir, «la orden de captura se vincula a la falta de cumplimiento por su parte de los compromisos asumidos por ante el tribunal de Texas».

No solo eso: los jueces argentinos tuvieron en cuenta que Machado, por «su condición de piloto civil, el alquiler de aeronaves particulares, su actividad comercial en el exterior, la cantidad de viajes efectuados, su alto grado de recursos económicos y los delitos por los que resultaba requerido», podría intentar esconderse en alguna parte si lo beneficiaban con la excarcelación.

El acusado, por si quedaban dudas, dejó en claro que no quería volver a Estados Unidos.

Cualquiera diría lo mismo si lo buscaran por los delitos de los que lo acusan en Textas.

A «Fred» Machado, el fiscal Nicholas J. Ganjei lo relacionó con una asociación ilícita que estafó a inversores en la compra de aviones por 250 millones de dólares, de los cuales ocho terminaron en decomiso o caída con 10.722 kilos de cocaína en Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Belice y México y dos de esos narcojets, al servicio del Cártel de Sinaloa.

Como reveló Encripdata, el fiscal obtuvo información para vincular a «Fred» Machado con César Gastelum Serrano, alias «La Señora», un confeso narcotraficante que habló sobre Joaquín «Chapo» Guzmán Loera en el «juicio del siglo».

En ese juego bien aceitado de delaciones premiadas, Marllory Dadiana Chacón Rossell, conocida como «la Reina del Sur», declaró contra Gastelum Serrano para reducir su pena. Entonces, caído en desgracia, «La Señora», operador del Cártel de Sinaloa en América Central, se animó a declarar contra el histórico líder de ese cártel mexicano y el fiscal Ganjei ahora espera que haga lo mismo con el empresario argentino.

A quejas de «Fred», el juez Villanueva fue en persona a la cárcel de Bariloche para asegurarse de que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) habían adoptado los protocolos para evitar contagios de coronavirus.

Además, ante el reclamo de que tendría problemas para comunicarse con sus abogados en Estados Unidos para analizar estrategia de defensa, el magistrado aceptó darle acceso al WhatsApp en su lugar de detención.

Uno de sus abogados no quiso responder preguntas de Encripdata.

Ni siquiera sobre formalismos del juicio de extradición.

Ahora, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal le puso fin a esa demora. Así, el juez Villanueva tiene entre 10 y 15 días para fijar la fecha.