Hasta última hora de este sábado, los llamados y mensajes a Alberto Fernández no dejaban de sucederse. Uno tras otro, sin solución de continuidad.
Provenían de Héctor Daer y puntuales intendentes del conurbano bonaerense, cuyos nombres no son difíciles de adivinar.
De un lado y del otro le vienen pidiendo al jefe de Estado que rompa con Cristina, de una vez y por todas. Envalentonados por el acto del martes pasado, le juran que es el momento oportuno. “Ahora sí”, le insisten.
En el contexto de un juego perverso, que viene desde hace varios meses, pero que ahora ha recobrado vigencia por la presunta debilidad de la vicepresidenta, doblegada en las urnas.
Alberto se niega, no tanto por su falta de convencimiento sino más bien por su temor a lo que vendrá luego. Repiquetean en su cabeza las imágenes del gobierno de Fernando De la Rúa, cuyo derrotero comenzó en el año 2000 luego de que renunciara su vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez.
Aquel gesto terminó de vaciar de contenido su mandato y desembocó un año más tarde en su propia renuncia, en un contexto de caos generalizado.
Sin embargo, al presidente le juran que ello no ocurrirá, porque De la Rúa era radical y él es peronista. Y los peronistas siempre son “duchos” en contener rebeliones populares y revueltas ad hoc.
Pero Alberto no lo cree, porque ahora mismo, sin haber roto con Cristina, se siente en aquellos idus de 2000. Como si todo estuviera a punto de estallar, todo el tiempo.
Por eso apura un acuerdo con la oposición, que le permita legitimarse y avanzar en una serie de acuerdos económicos y políticos. El principal, el del FMI.
No tanto por el Fondo en sí, sino por Cristina, que no está convencida de las eventuales cláusulas que impondría aquel organismo. Tales como reducción de subsidios y desaceleración del gasto público.
La vicepresidenta se muestra atribulada: ¿No sería proclive a ser “destrozada” por la oposición si permitiera tal situación, que colisiona de frente con su propia prédica “anti sistema”?
No obstante, ello se evitaría si se avanzara en una suerte de pacto con Juntos por el Cambio, que refrendara lo actuado. So pretexto de evitar un estallido en el mediano plazo.
Pero ello no ocurrirá, porque la oposición mastica vidrio pero no lo traga jamás. Sobre todo después de lo vivido —y sufrido— durante los 12 años del primer kirchnerismo.
Hay, sí, una excepción posible, que fue planteada por uno de los pocos referentes dialoguistas de la oposición: un sector de JxC estaría dispuesto a rubricar un eventual acuerdo si Alberto se despega de su vicepresidenta.
Es lo que dice aquel referente puntual: solo su subjetiva “versión de los hechos”. Un pacto cuya adhesión puede presumirse que no sería aceptada por los “halcones” del macrismo.
Entretanto, Alberto intenta mostrarse activo, para dar la sensación de que gestiona y resuelve los problemas de la gente.
Ello explica los agotadores anuncios de obra pública que habrá que tolerar en los días venideros. También los viajes presidenciales al interior del país y el publicitado consenso fiscal con las provincias.
Tal movida permitirá distraer la atención sobre la figura de Cristina, que ha comenzado a operar fuertemente en la Justicia para zafar de las causas que la aquejan. Principalmente Los Sauces/Hotesur, donde su hija Florencia aparece complicadísima.
Su jugada será similar a la que operó en los expedientes “dólar futuro” y “pacto con Irán”: plantear la inexistencia de delito. Pero difícilmente le resulte en este caso, básicamente por la acumulación imparable de pruebas en su contra.
Para colmo de males, la Justicia ha comenzado a revelar los chats que aparecen en el celular del ex subsecretario de Planificación, Roberto Baratta, que muestran cómo se armaban operaciones —“políticas” y “de prensa”— en favor de puntuales funcionarios K y en detrimento de ciertos opositores. Siempre pagadas por el ex remisero, con dineros públicos.
Aparecen allí nombres de periodistas de peso, como Gustavo Sylvestre, Roberto Navarro, Raúl Kollman y Horacio Verbitsky. A quienes les destinaron grandes cantidades de plata para falsear la realidad.
En otro orden de cosas, sorprenden las impunes andanzas de la firma Jose Pedro Beraldi, del rubro logístico, proveedora exclusivos de YPF y beneficiaria del monopolio de la ultima milla en Vaca Muerta. Aún cuando posee su CUIT bloqueado y aparece sin actividad ni ingresos.
Es la única empresa logística del país que ha logrado que los Moyano jamás los bloqueara con sus camiones. ¿Será verdad aquel rumor que dice que son testaferros de Pablo y Hugo, lo cual explicaría el departamento que estos le regalaron al patriarca de la firma?
Como sea, Beraldi está a punto de abandonar su emblemático predio de Luis Guillón, dejando a los trabajadores en la calle. Argumentarán que no pueden con las deudas acumuladas. Pero las propiedades que ostentan —muchas de ellas no declaradas— dicen todo lo contrario.
Y hablando de tópicos irregulares, empiezan a aparecer cuestionamientos contra la franquicia inmobiliaria Remax, por su flagrante violación a la Ley de Contrato de Trabajo.
Ciertamente, los agentes son empleados en relación de dependencia encubierta, cumplen directivas de los brokers, tienen objetivos, cobran comisiones, y los hacen monotributistas para dar la sensación de que son “emprendedores”. Ello cuando hacen guardias en las oficinas, tienen objetivos y los echan cuando no los cumplen.
Es una realidad que se da también con otras empresas, de otros rubros, y que inexplicablemente logra pasar inadvertida por las autoridades de turno. Acaso porque es la Argentina, donde lo irregular es ley.
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