El teléfono de Cristina Kirchner arde, entre “armados” y conspiraciones, luego del revés que sufrió esta semana en el marco del debate parlamentario por el acuerdo con el FMI.

Aunque muchos insistan en que perdió la pulseada, eso es justo lo que ella estaba buscando. Porque, si no se hubiera sancionado la mencionada ley, la Argentina hubiera caído en default. Con todo lo que ello implica, principalmente quedar afuera del mundo.

Y entonces, todas las miradas se hubieran posado en su figura, culpándola por el derrotero generado. Pero ello no ocurrió, y Cristina podrá decir el año que viene, cuando arranque la campaña 2023 y el país pase por una de sus peores recesiones —producto de aquel acuerdo—, que nada tuvo que ver con las decisiones de Alberto Fernández.

Una de las personas a la que más le “mete fichas” la otrora presidenta es Sergio Massa, a quien se busca “colocar” como ministro de la Producción, en reemplazo del desdibujado Matías Kulfas, quién recalaría en Finanzas. A su vez, Martín Guzmán se debate entre dos posibles destinos: ser eyectado del gobierno —lo que quiere Cristina— o recalar en un cargo menor —lo que propone Alberto—. Sus mentiras y omisiones respecto de lo que venía negociando con el FMI lo pusieron en la mira de propios y ajenos.

Dicho sea de paso, hay quienes hablan de un “plan B” de la vicepresidenta, arriesgado si los hay: aseguran que jugará casi igual que en 2015, buscando que la oposición gane los comicios para que sea a estos a los que les explote la inevitable bomba. Luego, en 2027 volvería el Frente de Todos a apagar el incendio, ya sin alianzas con el peronismo moderado. Lo curioso de la versión es que la deslizan legisladores que responden a Cristina. Inquietante.

Las mismas fuentes aseguran que la vicepresidenta buscaría que Alberto Fernández no logre finalizar su mandato, provocando una hecatombe similar a la de 2001, donde confluyeron puntuales referentes del sindicalismo y el PJ —también del alfonsinismo— para complicar a Fernando de La Rúa. En esta oportunidad participarían también movimientos sociales de dudosa procedencia, expertos en estallidos sociales. Es incomprobable, pero las fuentes son calificadas, como ya se dijo.

En otro orden de cosas, algo raro se está cocinando en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Han nombrado allí a un policía llamado Luis Antonio Vanini como director de Sumarios. Si bien no se ha oficializado el cargo, el propio agente suele presentarse con ese rango ante sus pares.

En el mismo marco, hay una creciente bronca interna dentro del ministerio porque casi a diario se está incorporando personal a través de contratos precarios. La mayoría son monotributistas. Es una olla a presión que se presume que estalle esta misma semana.

Entretanto, fuera del ámbito político, sigue escalando el escándalo del engaño piramidal Zoe Capital, con su líder Leonardo Cositorto prófugo. Los investigadores empiezan a sospechar que, aparte de los presuntos delitos de lavado de dinero, estafa, fuga de capitales y otros, podría haber una trama narco, que involucraría a la política y todo.

Mueve a la sospecha que los abogados de Cositorto, Héctor Yrimia, Humberto Próspero, Hernán Santiago Pollarolo y Miguel Pierri aparecen como actores principales en el expediente que investigó el triple crimen de General Rodríguez en 2008, donde se cruzaron el tráfico de drogas y la política, con Aníbal Fernández como personaje destacado.

Pollarolo, por caso, fue socio de los hermanos Cristian y Martín Lanatta, implicados a su vez en la autoría material del triple asesinato de los empresarios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.

Como dice la canción de Coti Sorokín, “nada de esto fue un error”.


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