Pasada la legítima euforia social por la obtención del campeonato mundial de futbol por parte de la selección argentina, la realidad vuelve a imponerse con toda la furia. Y en este caso, también con mucho dolor.
El pasado lunes 19 de diciembre, el Concejo Deliberante del Partido de La Costa aprobó la emergencia local en salud mental. ¿Por qué? Por una preocupante escalada de suicidios e intentos de suicidios, mayormente en adolescentes, ocurridos durante los dos últimos meses, en particular en la zona sur del distrito, además de otros ocurridos en distintas localidades.
Según información oficial, en los últimos 3 meses se registraron 8 suicidios a lo largo de todo el municipio, además de varios intentos frustrados.
Aunque los números difieren. Desde Juntos por el Cambio, afirman que los casos son muchos más: 26 en lo que va del año.
Algunos ejemplos. El lunes 21 de noviembre,una niña de 16 años, oriunda de la localidad de Costa Azul y futbolista de la Asociación de Fomento de San Bernardo. Y el último ocurrió hace pocas horas, cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de un joven de 30 años residente de Mar del Tuyú, en una bajada a la playa.
El 28 de noviembre, se suicidó con su propia arma reglamentaria un efectivo policial que trabajaba en la comisaría de Mar de Ajo. Tenía 24 años.
La política, como suele suceder, reaccionó tarde. El jueves 24 de noviembre se llevó a cabo una numerosa marcha en reclamo de atención a la trágica situación por parte del gobierno municipal. Ya en ese entonces, se registraban al menos 5 suicidios en apenas 21 días.
Pero las autoridades locales salieron a desacreditar el pedido. El 6 de diciembre, la oposición elevó el pedido al HCD para que se declare la emergencia en salud.
El Partido de la Costa abarca varias localidades como San Bernardo, San Clemente, Mar de Ajó, Santa Teresita, Mar del Tuyú, y Costa Esmeralda, entre otras. Según datos preliminares del censo 2022, tiene cerca de 100.000 habitantes.
Un dato muy llamativo teniendo en cuenta que en 2010, la población ascendía a 69.000 personas. Un incremento de más de un 40% en sólo 12 años.
Con el regreso de la democracia, en 1983 ganó las elecciones el candidato del peronismo, Juan de Jesús, para convertirse a partir de allí en una dinastía familiar que manda en el distrito. De Jesús fue reelecto en 1987, y en 1991. A partir de 1995, gobernó 8 años el radicalismo.
Juan de Jesús regresó al gobierno comunal en 2003. Dos años después, fue designado al frente de la secretaría de Hacienda Amado Boudou, quien fue imputado por la justicia por un presunto desfalco con un plan de viviendas.
Para el siguiente período, en 2007, tomó las riendas de la administración su hijo, Juan Pablo de Jesús, actual vice jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof, siendo reelegido en 2011 y 2015. En las elecciones de 2019 ganó la intendencia Cristian Cardozo por el Frente de Todos. Pero nadie duda que el verdadero poder lo tienen los de Jesús.
De hecho, en junio de este año asumió como secretario de Salud el ex intendente Juan de Jesús, pediatra de profesión.
Vale consignar que el funcionario es muy respetado como profesional: es médico cirujano recibido en la Universidad de Córdoba y graduado luego como pediatra en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; dirigió el Hospital de San Clemente del Tuyú entre 1971 y 1983; fue Vicepresidente de Fundación ISALUD (1989-1994); y Director Provincial en el ministerio de la Provincia de Buenos Aires, coordinando las regiones sanitarias.
Pero desde la oposición señalan que pese a su reconocido curriculum, no está pudiendo resolver el tema.
Se trata, indudablemente, de un área muy sensible. Y aunque duela, hay que decir que la situación no es nueva, lo que agrava doblemente el rol del gobierno local.
Entre abril y octubre de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, 8 personas en el Partido de la Costa decidieron quitarse la vida. Entre ellos, un reconocido profesor de educación física y guardavidas, hijo de una importante familia de la zona.
El promedio de edad de las víctimas fue de apenas 28 años.
Ya por aquel entonces, la APDH (Asamblea por los Derechos Humanos) La Costa, Filial San Clemente del Tuyú, en un documento visibilizaba “la falta de contención y oportunidades de una gran franja de jóvenes costeros”. Y reclamaba que el gobierno local “tome cartas en el asunto”, el mismo reclamo que los vecinos hicieron en las últimas semanas, dos años y medio después.
Cabe reiterar que desde entonces, la situación empeoró notablemente.
El Partido de la Costa adhirió a la llamada “Ley Nacional de Salud Mental”, la 26657, promulgada el 2 de diciembre de 2010.
En su artículo primero, asegura que la norma “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional”.
Y en su artículo 7, afirma que “el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud”.
Pero los hechos a veces no se corresponden con las palabras.
La pandemia de coronavirus expuso cruelmente la precariedad del sistema de salud en territorio bonaerense.
La provincia está dividida en 12 Zonas Sanitarias, cuyo director es un funcionario designado por el gobierno bonaerense. La Zona Sanitaria VIII posee el Hospital Interzonal de Agudos Dr. Oscar Alende como gran centro de salud (el otro es el Hospital Materno Infantil), en la ciudad de Mar del Plata. Un absurdo teniendo en cuenta que allí se atienden personas de 16 municipios.
Uno de ellos es el Partido de la Costa. El distrito cuenta con 14 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y 3 hospitales municipales.
Pero por más empeño que pongan los médicos, muchas veces no alcanza. En especial en lo que se refiere a las especialidades, como por ejemplo pediatría. En un territorio tan amplio como el bonaerense, y en localidades tan distantes unas de otras, es muy común contemplar la falta de especialistas que sufren pequeñas ciudades, cuyos habitantes tienen que trasladarse muchos kilómetros para recurrir a ellos.
La Salud Mental no escapa a esta realidad. Pero hay que decir que la problemática afecta a todo el país.
Según un informe del Ministerio de Salud de la Nación difundido en septiembre de este año, en 2020 hubo 3.171 suicidios en todo el país. Si bien hubo una pequeña caída, la cifra no varió demasiado en relación a 2018, cuando se registraron 3.322, de acuerdo a datos oficiales.
Aunque las estadísticas confiables no son precisamente un atributo del kirchnerismo. De hecho, no hay cifras para 2021.
Según un informe de la Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, en el período 1997-2011 la evolución de la tasa de mortalidad por suicidio calculada por 100.000 habitantes se mantuvo relativamente estable.
Mientras que en 1997, la tasa fue de 6,3, el pico más alto se presentó en el 2003 con 8,7, y en 2011 descendió a 7,3. Pero el mismo trabajo indica que la mortalidad por suicidios ha aumentado un 12,9%, entre 1997-2018.
En junio de 2019, se dio a conocer un escalofriante informe elaborado por UNICEF Argentina, donde se afirmó que los casos de suicidio en la adolescencia se habían triplicado en el país en los últimos 30 años. La cifra ascendió a 12,7 cada 100.000 adolescentes entre los 15 y los 19 años, y constituyendo la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años.
El trabajo consignaba que “la muerte autoprovocada nunca es el resultado de un solo factor o hecho”. Y destacaba que algunos factores podían ser “la ausencia de personas significativas o instituciones que puedan contener, sostener, proteger y acompañar a los chicos y las chicas en su desarrollo psicosocial”, y que “las dificultades para cumplir con los estándares sociales aceptados al momento de atravesar la transición de la juventud a la adultez, elpadecimiento mental no atendido y el abuso sexual son otros factores que podrían precipitar la decisión de quitarse la vida”.
Según los especialistas, “por cada suicidio hay entre 12 y 20 intentos fallidos de quitarse la vida”.
Vale recordar el premiado estudio que realizó el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata Victorio Tetamanti, que citó un artículo del diario “La Nación”. La investigación mostraba que las internaciones por espectro suicida, que en los 13 meses previos a la pandemia representaban el 47 % de los ingresos de menores de 15 años, pasaron a representar el 60 % en los 13 meses posteriores al comienzo del confinamiento obligatorio.
Allí se arriesgaba que “muchos adolescentes que ya tenían problemas psiquiátricos se vieron obligados a interrumpir sus tratamientos. Muchas terapias presenciales y hospitales de día se suspendieron por política sanitaria”.
Además, el trabajo iba más allá: “Durante los sucesivos confinamientos se observó un aumento en el porcentaje de internaciones de pacientes sin diagnóstico ni tratamientos previos. La tasa pasó del 44 %, en el escenario prepandemia, al 60 %”, aseguraba.
Por su parte, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “desde que la “OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés”.
En el informe regional sobre la mortalidad por suicidio, que fue publicado en marzo de 2021, desde el organismo sanitario de las Américas destacaron que “los suicidios son prevenibles con intervenciones oportunas, basadas en la evidencia y a menudo de bajo costo”. Asimismo, resaltaron que en la región “se notificó un promedio de 98,000 muertes por suicidio al año entre 2015 y 2019″.
“Es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en las Américas”, aseguró el organismo internacional.
En octubre de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación presentó el Plan Nacional de Salud Mental 2021-2025, cuyo objetivo “es abordar a la salud mental a través de acciones que incluyen el fortalecimiento de los servicios de salud mental en el primer nivel de atención, la rectoría de salud mental, la inclusión social, la promoción y prevención, y la transformación de prácticas, entre otras”.
Cuando haya estadísticas, quizá se puedan ver algunos resultados.