Mientras se demoran los resultados del Censo 2022 que se realizó el 18 de mayo del año pasado, algunos datos necesarios que sirven para abordar políticas públicas por parte del Gobierno, sufren una gran imprecisión. Tal es el caso de las personas que carecen de conexión a la red de cloacas. Y que son, lamentablemente, muchas.

De acuerdo al Censo 2010, que es, en definitiva, el último estudio oficial sobre el cual basarse, doce años atrás sólo el 48,8% de los habitantes del país tenían cloacas, sobre un universo de casi 41 millones de individuos en aquel entonces.

El crecimiento respecto a 2001, cuando se realizó el anterior Censo, había sido leve en relación a la gran expansión de la que había gozado el PBI del país durante ese tiempo. La cantidad de gente con cloacas se había incrementado apenas un 26,9% desde 2001, cuando se registró un 42,5%. La Argentina creció durante ese lapso a tasas chinas, alcanzando niveles récord de recaudación.

A mediados de 2003,cuando asumió Néstor Kirchner el gobierno, el 61,8% de los hogares argentinos tenía acceso a la red cloacal, según información del Indec. A comienzos de 2016, los hogares con cloacas llegaban al 68,8%, lo que viene a confirmar el bajo crecimiento pese a los récords de recaudación y a la evolución del PBI.

En cualquier caso, más de la mitad de la población no tenía acceso a la red cloacal, en pleno siglo XXI. Y la situación, en 2022, no mejoró demasiado.

A la espera de los resultados oficiales, un reciente relevamiento del INDEC publicado en noviembre sobre 31 aglomerados urbanos determinó que, proyectando sobre una población estimada de 45 millones de personas, casi 20 millones no tienen acceso ni al agua de red ni a la red cloacal. En otros términos, sólo el 56% del país tiene cloacas.

Es decir, que en 12 años, medidos entre 2010 y 2022, sólo accedió a dicho servicio básico un 15% más de gente que en los 10 años anteriores. Inaceptable e incomprensible desde donde se lo mire.

Si bien es cierto que son a veces los propios vecinos los que deciden no conectarse a la red por el alto costo que ello representa, en la mayoría de las localidades el Estado no hizo las obras correspondientes.

El dato se vuelve más escandaloso cuando se repasa la evolución de la presión impositiva, o sea, lo que recauda el Estado para devolver a la ciudadanía en forma de prestaciones básicas. La presión tributaria registró un 21,7% promedio en el periodo 1998/2002, se incrementó a 27,1% en 2004/08 y posteriormente, a 33% en 2010/16. Actualmente se encuentra también en dichos niveles.

La comparación con la región tampoco deja bien parada a la Argentina. Según datos de 2017 difundidos por el gobierno de Mauricio Macri, Chile ya tenía una cobertura de más de 95%, y Uruguay un 75%. Por su parte, México tenía una red de cloacas de 85% y Brasil, de 79%.

Pero ante la ausencia de información oficial, las cifras pueden ser muy dispares. En 2016, apenas asumida la gestión de Cambiemos, la entonces jefa de Gabinete de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Nurit Weitz, explicitaba que “cuando asumimos, en 2015, tratamos de actualizar esos números. Y estimamos que el 58% de las personas tenían acceso a cloacas”. Se proponía, con esos números y a través del Plan Nacional del Agua, llegar al 65% para 2019.

Resulta evidente que no se llegó a esa cifra. Y desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, los números ni siquiera se modificaron. Al menos se llega a dicha conclusión hasta tanto no se publiquen los resultados del Censo 2022.

Los datos difundidos por la administración de Macri son confirmados por la Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus siglas en inglés de International Water Association), que publicó un informe a fines de 2017, en ocasión de un Congreso sobre el tema que se llevó a cabo en el país, donde consignó que “el 40% de la población argentina no posee acceso a la red de cloacas”.

Los mismos números manejaba la empresa pública AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos de Buenos Aires), que afirmaba en aquellos años que “el 58,4% tiene cloacas”.

Pero no se puede pasar por alto que el promedio puede no reflejar la realidad exacta.

La periodista Laura Rocha, en un artículo de Infobae, informaba que “de acuerdo a los datos del Censo 2010, existen inequidades de acceso a los servicios a nivel regional e incluso dentro de las mismas jurisdicciones provinciales. En el servicio de cloaca por red la brecha es muy pronunciada, con una cobertura en la ciudad de Buenos Aires que se ubica en el 98,7% y en el resto del Gran Buenos Aires con una cobertura del 38,0% (con casos extremos como Ituzaingó, Malvinas Argentinas, José C. Paz con coberturas inferiores al 10%)”.

En ese sentido, el Censo 2010 lo reflejaba claramente respecto a todo el país. Mientras CABA mostraba porcentajes cercanos al 96% de cobertura, Misiones apenas llegaba al 18%, Santiago del Estero al 20%, Chaco al 25%, y Formosa al 29%. Todas las jurisdicciones juntas arrojaban un promedio del 49%, pero no es justo verlo de esa manera.

Si hay una milanesa para dos personas, las estadísticas oficiales dirán que cada uno de ellos come media milanesa. Pero está claro que la realidad es muy distinta.

El 16 de agosto de 2022, se informaba desde el gobierno de Formosa que “la mitad de los formoseños en la capital de la provincia aún no cuentan con red cloacal”. En Misiones, por su parte, los guarismos continúan estancados en torno al 20%, mientras que en Santiago, en el año 2018 se anunció una gran inversión en obras cloacales, pero los números siguen igual.

En enero de 2019, el Estado reconocía a través del Plan Nacional de Agua, que “el sector de agua y saneamiento de Argentina tiene un atraso significativo en la cobertura de agua y cloaca, y requiere mejoras en la calidad y eficiencia de los servicios”.

Pero el programa fue discontinuado por el gobierno de Alberto Fernández.

El 22 de marzo de este año, con motivo de celebrarse el Día Mundial del Agua, el Ministerio de Obras Públicas realizó una jornada para analizar los avances y las obras en el área. Allí, la titular de la Dirección Nacional de Transparencia, Roxana Mazzola, sostuvo que “al asumir, en 2019, contábamos nueve millones de argentinos sin acceso al agua y 20 millones sin saneamiento. En nuestra gestión, habremos reducido esas cifras en 2,5 millones y 3 millones respectivamente”.

Los números del INDEC parece desmentirla.

Por su parte, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, afirmó en aquella ocasión que “somos una de las empresas de agua y saneamiento más importante de la región y del mundo, no sólo por el presupuesto, sino porque brindamos servicios al área metropolitana, donde viven quince millones de personas. Hoy tenemos 1377 obras en curso”.

Cifras de difícil comprobación.

Pero lo que sí resulta comprobable es que en septiembre de 2022, a través de la Decisión Administrativa 879/2022, el Gobiernorecortó el presupuesto de la empresa que maneja la esposa del ministro de Economía Sergio Massa en $7000 millones.

Sin embargo, desde el Partido Demócrata Progresista de Mendoza se quejaron de que en el Presupuesto Nacional 2023, aprobado hace algunas semanas, “se subsidia en forma exponencial a AYSA, la empresa de agua y saneamiento del AMBA, presidida por Malena Galmarini, donde se prevé un subsidio total de $ 155.542 millones, 7 veces superior a los $ 22.000 millones que recibirá Mendoza en concepto de obras públicas nacionales”.

Y se brinda un dato muy llamativo: “Desde su creación a la fecha, AYSA ha requerido subsidios del estado nacional por U$S 2.800 millones, a valor dólar blue, el equivalente a una inversión en infraestructura para servir de agua y cloaca a 2,5 millones de personas”.

Con un presupuesto estimado para 2023 de casi $29 billones, aquella cifra no debería representar una gran erogación. Máxime cuando solo se trata de darle cloacas al 10% de la gente que lo necesita.

Es que la infraestructura fue un punto débil del kirchnerismo.

En la presentación del Plan Nacional del Agua en 2016, donde se preveía una inversión total de u$s 10.000 millones, se afirmó que “la inversión pública real en infraestructura per cápita para el periodo 2005-2014, mostró que la provincia con mayor nivel de inversión fue Santa Cruz, el lugar en el mundo de la ex Presidente Cristina Kirchner, mientras que las de menor nivel de inversión fueron Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Corrientes”.

De acuerdo al documento, Santa Cruz recibió en dicho período $13.675 por cabeza, y Buenos Aires sólo $1.127. Santa Fé, por su parte, percibió $1.655 y Mendoza, $1.892.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “un saneamiento deficiente va asociado a la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis”.

Y prosigue: “Se estima que el saneamiento deficiente es la causa de 280.000 muertes por diarrea cada año en el mundo y que es un importante factor subyacente a varias enfermedades tropicales desatendidas, como las lombrices intestinales, la esquistosomiasis y el tracoma. Las malas condiciones de saneamiento también contribuyen a la malnutrición”.

A su vez, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) sostiene que “un componente clave dentro de la infraestructura sanitaria en las sociedades modernas se integra por las redes de acceso a agua potable y desagües cloacales conectados a redes públicas con cañerías hacia el interior de las viviendas”. En línea con la OMS, afirma: “Esta es la modalidad más apropiada para evitar riesgos de enfermedades ya que permite disponer de agua potable para el uso familiar y procesar los excrementos de manera menos contaminante”. 

Y concluye tajante: “Cuando el sector público no garantiza estos servicios, las familias tienen que apelar a soluciones individuales generalmente más costosas, menos seguras y más contaminantes”.

Para agregarle más contundencia a la dramática realidad de millones de argentinos, el INDEC acaba de confirmar que el 44,3% de los hogares no accede a algunos de los 3 servicios básicos: agua corriente, sistema de cloacas y conexión a la red de gas.

Es decir, que a casi la mitad de la población argentina le han robado la dignidad.