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¿Qué piensan los candidatos presidenciales acerca de bajar la edad de imputabilidad de los menores?

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En medio de la conmoción por el asesinato de la nena de 11 años en Lanús, tanto Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta plantean discutir la baja de la edad de la imputabilidad a 14 años.
En medio de la conmoción por el asesinato de la nena de 11 años en Lanús, tanto Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta plantean discutir la baja de la edad de la imputabilidad a 14 años.

El crimen de Morena Domínguez, la nena de once años asesinada cuando iba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, volvió a poner en el centro de la escena la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ya que circuló la versión de que había sido detenido un chico de 14 años.

 

En un contexto económico con dificultades, la campaña en este primer tramo rumbo a las PASO del domingo se centró en las propuestas económicas y las distintas recetas que cada candidato plantea para mejorar la situación.

La seguridad no estuvo en el primer plano, aunque se trata de uno de los temas que más generan preocupación en la sociedad y que este miércoles impactó de lleno en las campañas, cuyos cierres fueron cancelados como consecuencia de la conmoción que generó el asesinato de la nena a manos de dos motochorros.

La edad de imputabilidad en el país es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que dice: “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”.

En ese contexto, según recuerda Agencia NA, algunos precandidatos presidenciales coinciden en que esa edad debe bajarse a 14, tanto en la oposición como en el oficialismo.

Los postulantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no tienen grieta en este punto y señalan que la edad de imputabilidad en la Argentina debe bajarse. 

“Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos”, afirmó Rodríguez Larreta semanas atrás, al presentar sus propuestas en materia de seguridad.

El precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó ante la Justicia una plataforma electoral que también contiene la baja de la edad para que un menor pueda ser imputable.

En Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa, considera que tiene que haber un nuevo régimen para juzgar a los menores, una postura que choca con la que tienen otros integrantes del oficialismo, pero que mantiene desde hace varios años.

“Yo tengo una postura pública y es que entre los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil”, consideró Massa en declaraciones a la prensa luego del crimen de la nena en Lanús cuando iba a la escuela y fue atacada por dos motochorros.

Bajar la edad de imputabilidad fue una de las banderas de Massa al constituir el Frente Renovador en 2013.

 
 

18 comentarios Dejá tu comentario

  1. Montefiore y unos cuantos más lo dijeron bien claro, el asesinato ocurrió en el partido de Lanús. El muerto se lo tiran al intendente de Lanús, que es de JxC, y no al gobernador ni a los ministros de justicia y seguridad, ni a los jueces que liberan criminales, ni a la casta dirigente y de la comunciación que colocan al delincuente en el rol de protagonsita del Código Penal.

  2. Exacto, no sólo no piensan sino que no les importa un carajo la gente (los ciudadanos) a los cuales solo miran como ELECTORES y hasta el mismo periodismo se refiere en esos términos cuando se refiere a cada distrito "tienen tantos electores" con lo que concuerdo con G, el Periodismo ES PARTE DEL PROBLEMA.

  3. El problema de la cobardía y la claudicación frente al delito es una tara de los gobiernos argentinos desde su fundación. En 1820 el mapuche Coliqueo llegó desde Chile asesinando y saqueando a todo el que encontraba en su camino. Cuando saqueó secuestró asesinó a los argentinos, le encargaron a Rosas que arme una fuerza y lo combata. Rosas ganó y el resultado fue que acordaron la paz como si hubiera sido una guerra. Coliqueo recibió grado y sueldo de Coronel, tierras y amnistía para él y los suyos. Después Rosas perdió en Caseros, y los mapuches olvidaron que eran amigos y al mando de Calfucurá volvieron a malonear, robar asesinar, etc. El mismo Calfucurá produjo la masacre de Masallé donde reunió y asesinó a los líderes de las demás tribus locales que habían acordado la paz con Rosas. Nuevamente pidieron a Rosas que los combata con las armas y el resultado fue exactamente el mismo que con Coliqueo; ganó rosas y les dio amnistía grado militar, sueldo y tierras. Hacia 1870 vino de Chile la tercera ola y la más sanguinaria al mando de Manuel Namuncurá. El malón mató 4000 personas en la zona de Olavarría, quemaron todo, secuestraron a las mujeres y se llevaron trecientas mil cabezas de ganado para vender en Chile. Mitre dijo que el desierto era inconquistable. Chile reclamaba la Patagonia y Cuyo con el argumento de que todos los habitantes que quedaban en esos territorios eran mapuches porque el resto de los locales ya habían sido asesinados, por los mapuches. Le encomendaron a Roca perseguir y combatir a Namuncurá y Roca lo alcanzó y lo venció en Neuquén. ¿Cuál fue el resultado? Ganó roca y Namuncurá vino a Buenos Aires con trescientos de los suyos para negociar, y le dieron amnistía sueldo grado y tierras para él y lo suyos. Namuncurá, padre de Ceferino, murió a los 97 rodeado de paz propiedades y privilegios, en compañía de su pareja, una cautiva que había secuestrado. Pero los mapuches no fueron los únicos enemigos de la nación que fueron perdonados y recompensados. Golpistas, nazis, y guerrilleros recibieron el mismo tratamiento durante el siglo veinte, y muchos de ellos ocupan y han ocupado cargos de gobierno. De modo que eso de claudicar ante los criminales no es nuevo y no se lo debemos solo a Zaffaroni o a los lectores de Foucault. Esta es una tragedia que nos ha definido como nación hasta el presente. El tema es muy fácil de explicar. El Estado es la comunidad jurídicamente organizada. En la medida que se corrompe o desaparece el orden jurídico, se corrompe y desaparece el Estado. (Lo que desaparece es el Estado como tal en sus funciones y obligaciones; por el contrario, el gasto público y un simulacro del Estado cada vez más corrupto y omnipresente busca y encuentra justificación precisamente en su incumplimiento; porque la regla del fracasado es que ante el fracaso, más de lo mismo). Una de las principales causas de la corrupción y el quiebre del Estado es el colectivismo aplicado a los conflictos. La autoridad y la aplicación del orden jurídico están pensadas para ser aplicadas a los individuos. Cada vez que se suponen causas o motivos colectivos para justificar el delito lo que se está haciendo es subordinar el orden jurídico a un conflicto colectivo. El pretender actuar contra el delito como en una guerra no es una fortaleza del Estado, por el contrario es la causa del sometimiento y el quiebre del Estado. Porque con la guerra desaparecen la libertad de expresión, la verdad, y la igualdad ante la ley. Las causas de esa corrupción del orden jurídico son muchas y principalmente ideológicas, pero no se pueden dejar de mencionar todas las justificaciones que han puesto de moda como son el modelo socio económico, o la desigualdad, o la exclusión social, o el conflicto social así por el conflicto mismo. El resultado es tan nefasto y extendido que nuestros manuales de educación para formación docente contienen casi una sola afirmación y es que la democracia que debemos construir es lo mismo que una permanente multiplicidad de conflictos, todos colectivos y sociales. Con un poco de información que acabo de aportar, nadie puede darse por sorprendido del quiebre del orden jurídico, ni de la corrupción del Estado ni de la influencia que eso tiene en la población y sus modelos ni de la proliferación del delito y la violencia.

  4. El Código Penal existe porque contiene una lista de acciones que son irreparables; esas acciones irreparables son los delitos. La idea de prevenir el delito es una estupidez y es lo que tenemos, nos avisan que en determinado barrio o a determinada hora nos van a robar o asesinar; eso es prevenir. Hay solo dos posibles acciones contra el delito; una es impedirlo, hacer que sea imposible de cometer; la otra es disuadir a los potenciales delincuentes. La primera se logra con vigilancia y presencia policial activa y autorizada para intervenir. La segunda es la disuasión, correctamente llamada represión. Porque la represión no es otra cosa que la manifestación de la voluntad del Estado de impedir el delito y si se produce, de llegar a la verdad y castigarlo. El delito no se castiga por hacer justicia a la víctima ni por venganza contra los criminmales; el delito se debe castigar como ejemplo, como previsión, y como advertencia para proteger a las potenciales víctimas. Es cierto que la CN dice que las cárceles no son para castigo, pero en la época de su redacción el castigo era la aplicación de latigazos. Lass penass deben ser penosas para el delincuente, esto es que el condenado debe sufrir las consecuencias de sus acciones, y esas consecuencias no le deben ser indiferentes. Esa es la única manera de que los potenciales criminales se repriman para no cometer delitos. No hay otra que la comunicación efectiva por parte del Estado, el mensaje debe ser una fuerte advertencia para todos: el delito se investiga y se castiga, y el castigo debe ser tal que el potencial delincuente prefiera no cometer el delito. Esto demuestra la enorme distancia con nuestra realidad actual, donde el mensaje es que ser delincuente es lo normal y que el delincuente es una víctima de la sociedad, o que el delincuente es el protagonista y el beneficiario del sistema penal, donde las cárceles en la mayoría de los casos son una bece porque proveen condiciones de vida y posibilidades para delinquir mucho má favorables que la libertad. La inclusión social y la seguridad que nos niegan en el sistema educativo y en el espacio público, es el principal premio que se le quiere otorgar a un criminal condenado. Ese es el quiebre del orden jurídico: la desigualdad ante la ley y el privilegio para los que violan los derechos de los demás; la perversión y la corrupción del Estado, de sus funcionarios y de toda la comunidad.

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