Atribuyen a Julio César, que habría acuñado la frase para justificar su divorcio de Pompeya, haber dicho que su mujer no sólo debía ser honesta sino parecerlo. Como he afirmado infinidad de veces desde el 10 de diciembre, aplaudo y apoyo decididamente a Javier Milei por la forma en que está actuando el Gobierno, ya que está alcanzando, con inusitada velocidad y pese a lo catastrófico de la herencia, éxitos notables en economía, defensa, seguridad y acción social, y en la permanente exhibición y denuncia de hechos y nichos de corrupción de las anteriores administraciones.

Pero ello no obsta para que me produzcan enorme escozor algunas decisiones que adopta. La primera, como he dicho en otras notas, fue la designación para ocupar el crucial cargo de Ministro de Justicia a Mariano Cúneo Libarona, un abogado penalista con máculas importantes en su pasado reciente (haber representado a connotados narcotraficantes y funcionarios corruptos). Si bien es correcto el argumento que ahora esgrime, en el sentido de que todos tienen derecho a una defensa letrada, no lo es menos que cada profesional tiene idéntica libertad para rechazarlos; para ello, el Estado dispone de un cuerpo de defensores públicos que asumen ese rol cuando un imputado carece de abogado particular, cualquiera fuera la razón.

Esta semana, esa categoría de cuestionable llegó a un extremo más grave aún: la inexplicable propuesta del actual Juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. El vocero presidencial arguyó que contaba con gran experiencia en materia penal para justificar la decisión de Milei, pero el argumento cae por su propio peso cuando se sabe que hay multitud de profesionales intachables y con extensos pergaminos académicos con mejores cualidades que este extraño candidato, si lo que se hubiera buscado era llevar al máximo Tribunal un especialista en el tema.

Los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal, en especial los doce –muchos de ellos vacantes- que tienen su asiento en la Capital Federal, tienen un rol fundamental: de su decisión, revisable por la Cámara Federal de Apelaciones, depende que una causa llegue o no a juicio oral; en resumen, tienen el “pasa o no pasa” de las denuncias, con todo lo que ello implica en materia de permanentes y efectivas tentaciones. Algunos de los jueces que ocupan ese cargo son verdaderamente intachables y, por eso, sólo tienen un buen pasar, mientras que otros exhiben una riqueza injustificable, siempre producto de favores políticos o criminales. Como pueden “dormir” las causas durante años (Marcelo Martínez de Giorgi es un claro ejemplo de ese expertise), demoran su juzgamiento y permiten que accedan a la prescripción, equivalente a la impunidad más absoluta.

Milei le está pidiendo a la sociedad que tenga paciencia y aguante el monumental ajuste que, tal como había dicho en campaña, está aplicando y que recae sobre las pymes y las clases media y baja con salarios formales. Pero los tragos tan amargos resultarían digeribles porque también la “casta” se vería perjudicada y, en gran medida, parece estar haciéndolo; por eso, no se entiende qué buscó con la proposición de Lijo, tal vez el mejor exponente de ella en la Justicia. Esa falta de visible razón da pábilo a sospechas y genera rumores acerca de algún pacto subterráneo con el kirchnerismo dado que, para la efectiva designación, se requiere del voto afirmativo de 48 senadores, una cifra imposible de alcanzar sin la aprobación de Cristina Fernández, que conserva una enorme influencia sobre los legisladores de su facción; ayer mismo, una de sus principales espadas, el Senador José Mayans, expresó su complacencia por la intención de cubrir la vacante en la Corte. Reconozcamos que suena raro.

El Presidente está pagando un enorme costo político con esta propuesta, una tonelada de barro que cayó sobre su impoluta imagen. Si lo hizo sólo para intentar subordinar a los tres ministros (Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) que se niegan a actuar con la ductilidad que mostraba su colega Lorenzetti al tratar con la Casa Rosada cuando ejercía la Presidencia del cuerpo, no lo logrará, por mucho que haya jubilado anticipadamente (avisándole que no permitirá su permanencia cuando cumpla 75 años) al tercero de los antes mencionados.

La otra posibilidad, claro, es que se busque compensar políticamente a la “casta”, con el ingreso de Lijos a la Corte, la conformidad simultánea para la designación de Manuel García-Mansilla, un constitucionalista intachable, que reemplazaría a Maqueda al cesar éste. Si bien creo que la política es el arte de la negociación, que se torna esencial cuando se carece de volumen numérico en el H° Aguantadero, me parece que el Tribunal supremo, árbitro de la constitucionalidad de las leyes y como tal necesariamente incuestionable y transparente, no debe ser un ámbito donde esas transacciones puedan llevarse a cabo, en especial en un Gobierno que, como vemos todos los días, se resiste siquiera a dialogar con la oposición para alcanzar sus objetivos legislativos.

Por el bien de la República y de sus instituciones, espero que el Presidente dé marcha atrás y desista de cometer tamaño disparate, porque con una Justicia independiente, seria, rápida y limpia, todo será posible; sin ella, nada lo será. Concluyo felicitando a Victoria Villarruel, Vicepresidente de la Nación, por la forma en que se está desempeñando, plasmada en la entrevista que concedió a Joni Viale el jueves, que le permitió desmentir las especulaciones, emanadas de las múltiples usinas destituyentes afectadas por la liberación de la economía y las desregulaciones, acerca de su presunta intención de reemplazar a Milei en el sillón de Rivadavia.