El martes 28 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa 552/2020, el gobierno de Alberto Fernández designó a Lisandro Catalán como director del Registro Nacional de Reincidencia.

Allí se desempeñó hasta que llegó Javier Milei a la Casa Rosada. Lejos de eyectarlo, fue promovido al frente de la Secretaría de Interior, un despacho clave encargado de aceitar las relaciones con los gobernadores de las provincias. De hecho, se supone que trabaja “codo a codo” con Guillermo Francos. Inexplicable.

No obstante la designación de marras, también fue puesto como director titular del Correo, con un salario cercano a los 9 millones de pesos, a pesar de que él jura que lo hace ad honorem.

Catalán es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral. Y una “extensa” carrera en la administración pública.

Hoy en día, dependen de él áreas estratégicas del Estado: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Archivo General de la Nación.

A través de algunas de esas dependencias, Catalán ha encontrado la manera de avanzar en puntuales curros, motorizados a través de una de sus “manos derecha”, Pablo Vande Rusten, hoy director de Administración de Centros de Frontera de la Nación.

Se trata de un tipo de suerte: llegó a ese cargo luego de ser instructor de tenis de Mauricio Macri y Rogelio Frigerio. De utilizar la raqueta, pasó a trabajar en la coordinación de las acciones que desarrollan los organismos nacionales en los Centros de Frontera.

Desde allí, tiene la potestad de tramitar autorizaciones de nuevas construcciones o refuncionalizaciones. En concreto, coordina actividades entre los organismos nacionales y gestiona licitaciones para la explotación de los centros.

Ello le da un enorme poder para decidir quién trabaja en aquellas zonas estratégicas. Y quién no. Ergo, cobra “mensualidades” a puntuales comercios para que puedan operar.

Tres de ellos pertenecen a una misma persona, José María Ríos: un minimercado ubicado en el sector del Cotecar de Paso de los Libres, un supermercado y una parrilla buffet. Los tres ponen una millonaria “tarasca” mensualmente para poder trabajar, siempre de manera “precaria”.

No es el único curro: en Entre Ríos, el dúo mantiene un convenio con Uruguay de 200 mil dólares por refacciones y mantenimiento. Es por ello que en estas horas postulan con énfasis a dos coordinadores que llegan con el impulso del gobierno de esa provincia.

Si la Justicia se decidiera a investigar, debería posar su mirada en el Centro de Fronteras de Horcones y el Centro único de control de cargas de Uspallata. Específicamente debe posar la lupa en los dos buffet y la estación de servicio, la cual modificó la circulación de la terminal de descarga. Allí se habla de una “contraprestación” de 2 millones de pesos al mes.

Algo similar ocurre en el Centro de Fronteras San Sebastián, Tierra del Fuego, donde se propone como coordinadora a la dueña de una empresa proveedora del Estado, Hester Gonzales.

En todos estos curros, según pudo saber Tribuna de Periodistas, quien cobra es Vande Rusten. Lo hace para la “corona”. O sea, Catalán. Todo cierra.