“Lo que se hace en la oscuridad sale a la luz” es un proverbio común en inglés que sugiere que los secretos o las malas acciones eventualmente serán revelados, incluso si originalmente estuvieron ocultos a la vista. La idea es que la verdad tiene una manera de salir a la superficie con el tiempo, sin importar cuánto alguien intente ocultarla. El proverbio transmite el mensaje de que uno debe tener cuidado de no participar en comportamientos ilícitos o poco éticos, ya que es poco probable que permanezcan ocultos para siempre.

Alberto Fernández se presentó hoy en el fuero civil y comercial federal, “por derecho propio” y en representación de su hijo menor, Francisco, y pidió que se dicte una medida cautelar para responder a una situación de “urgencia extrema”, y se prohíba a los medios, a Google, a Facebook, a X y a Yahoo que difundan las imágenes de sus fotos y videos íntimos. El fundamento es que se está afectando su honor y su imagen, y que se daña a sus hijos.

¿Qué curioso, no? Echar mano del derecho para intentar cubrirse de conductas que no debieron tener lugar en primer término. ¿Qué habría ocurrido si Fernández hubiera pensado lo que hacía? ¿Por qué no pensó en Francisco cuando desarrollaba las actividades que ahora pretende evitar que la gente vea? ¿Para qué filmó esas actividades si su interés principal era el secreto?

Si bien es cierto que la Constitución garantiza que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el honor, las buenas costumbres o dañen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados y permanecen sólo reservadas a Dios, no es menos verdadero que es el propio Fernández el que, en su solicitud, está admitiendo que lo que hizo puede dañar a un tercero (en este caso, sus hijos). Entonces, ¿corresponde ampararse en el supuesto derecho a la privacidad cuando él, aún ejerciendo el más alto cargo público que cualquier ciudadano podría ostentar en el país, fue cuando menos desprolijo en el cuidado de sus acciones?

¿Cuánto derecho tiene el pueblo, que le cedió los honores de guiar su administración por cuatro años, a saber quién era realmente Fernández para que nunca más él o gente como él puedan robar la confianza pública?

Se trata de un interesante debate que, lejos de tener solo los ribetes de una discusión de laboratorio, plantea dudas graves y profundas sobre lo que la Justicia debería decidir ahora que el ex presidente presentó este amparo.

La naturaleza pública de los cargos a los que aspiran los candidatos que buscan el favor de la ciudadanía para ungirse en los directores temporales de mucha parte de sus vidas, supone un sacrificio importante de la intimidad. Es cierto que el desempeño de un cargo no debe constituir una especie esclavitud que suprima los gustos y los placeres personales del funcionario. Pero éste también debe ser consciente de que esos goces deben estar acordes con la investidura que ostenta.

Tener un desfile constante de mujeres por la oficina presidencial, mujeres a las que filmaba en situaciones comprometidas y con las cuales luego se iba de su lugar de trabajo (dando expresas órdenes para que nadie lo acompañe) para solo volver luego de varias horas; distraerse de las obligaciones de gobernar un país lleno de inconvenientes (muchos de los cuales fueron provocados por la impericia o la corrupción de su propio partido) y encima hacer gala en varios actos públicos de que se estaba desviviendo por su pueblo, no son, ninguna de ellas, conductas edificantes por las que el derecho o los jueces deban tener compasión.

En el evidente choque de intereses que Fernández pretende plantear con su presentación (por un lado el interés público de la ciudadanía en conocer las conductas de aquellos a quienes vota y, por el otro, el derecho a la privacidad individual) me da la sensación de que, en este caso, debería prevalecer el interés público de que las acciones que ayuden a abrir los ojos de los electores sean conocidas para que los ciudadanos, en el futuro, tengan más precauciones a la hora de delegar su representación.

Por otro lado, resulta bastante patético que un político que hizo gala de la populista posición pública que denigra la soberanía individual y la supremacía de los derechos civiles y que, por el contrario, plantea la prevalencia de lo público por sobre lo privado y la del Estado por sobre los deseos y conveniencias de los particulares, se quiera ahora valer de la estructura filosófica que garantiza todo aquello que él demagógicamente denigró para beneficiarse.

La Argentina está llena de estos personajes que venden una pantalla colectivista a la hora de pedir el voto y que luego, cuando tienen que esconder el rabo entre las piernas, corren desesperados a ver qué garantías del tradicional orden liberal pueden usufructuar para salir indemnes de su fechorías.

La Justicia de la Constitución no debe, claramente, dejarse llevar por una actitud vengativa y, con otras palabras, decirle a quien solicita su protección que no va a otorgársela porque el modelo filosófico que ella defendía se mofaba, justamente, de la prevalencia de esas garantías.

Pero tampoco la pavada: Fernández, consciente de que ocupaba la más alta responsabilidad del país, quiso mofarse de todos nosotros en la oscuridad, mientras, chambonamente, ponía en movimiento la tecnología que sería capaz de traer luz a sus tinieblas.

Es tarde, Fernández. Sus alarmas de prevención (que seguro le sonaron) debieron ser atendidas en su momento. Su derecho terminó cuando abusó de él.