A principios de diciembre de 2007, se creó la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), organismo autárquico en el orden administrativo y financiero que controla todo el proceso recaudatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la emisión hasta la ejecución judicial.

La medida, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, fue aplaudida por propios y ajenos. Al menos en un principio. Porque sus objetivos parecían realmente nobles.

Sin embargo, con el tiempo, el accionar de la AGIP se convirtió en una trampa mortal, un cuestionable mecanismo de recaudación que roza lo ilegal. 

Quien escribe estas líneas lo vivió en persona en las últimas horas: por el hecho de haber facturado alguna vez en la Ciudad de Buenos Aires quedó entrampado para siempre en aquel sistema perverso. 

Tras 16 años de no tener vínculo impositivo con aquel distrito, le llegó una intimación para pagar cerca de un millón de pesos en concepto de ingresos brutos. Con varias curiosidades:

1-Uno vive en Mendoza, y factura sólo en esa provincia desde hace 16 años.

2-El monto real de la deuda es un 20% del total mencionado. Lo otro se divide entre “intereses resarcitorios” e “intereses punitorios”. 

3-Casi 200 mil pesos son en concepto de honorarios a un tal Diego Tajman, titular de un estudio jurídico que se dedica a ejecutar las deudas por rentas de la CABA. Un curro que habría que investigar profundamente, dicho sea de paso. 

Como puede verse, se trata de un verdadero robo a mano armada, pergeñado contra aquellos que pagamos nuestros impuestos en tiempo y forma. ¿Los evasores? Bien, gracias.

Evidentemente, la desesperación por recaudar por parte de los políticos lleva a este tipo de despropósitos. Sólo saben “cazar en el zoológico”, como suele decirse.

Cero creatividad para generar ingresos sin chupar la poca sangre que les queda a los contribuyentes. Duele y entristece la situación, pero, sobre todo, indigna.