El gobierno retomaría el diálogo con el sector rural, dejando fuera de la agenda las retenciones a las exportaciones de granos, al tiempo que la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un reclamo de inconstitucionalidad de esos derechos y persisten en distintos puntos del país cortes de ruta.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, transmitió hoy su satisfacción a los interlocutores con quienes se reunió en la Casa Rosada a lo largo de una jornada intensa de audiencias, porque entiende que la definición por decreto del destino de los recursos quitó argumentos de peso a los impulsores de la protesta.

Por su parte, el dirigente entrerriano Alfredo De Angeli llamó a no vender granos para la exportación y redobló la apuesta al señalar que "de las retenciones vamos a seguir hablando".

De Angeli fue enfático al remarcar que "nos están sacando el patrimonio. El costo de la soja es de 2.400 kilos por hectárea cuando en algunas zonas sólo se cosecharon 1.800 kilos por hectárea".

"Lo mismo ocurre con la leche cuando los tamberos tienen un costo de 1,25 pesos por litro cuando el gobierno nos paga 83 centavos", expresó De Angeli.

De acuerdo con el escenario trazado por Fernández, la semana próxima se buscará recuperar un canal de diálogo con los ruralistas en nuevo intento por definir políticas agropecuarias de largo plazo, en el marco de los acuerdos por el Bicentenario.

El gobierno evalúa que la protesta se encuentra desgastada y los ruralistas enfrentan cada vez mayores dificultades para sumar nuevas adhesiones.

De Angeli puntualizó que "el problema son los superpoderes, vamos a ver como le sacamos los superpoderes al gobierno porque el sistema democrático no esta funcionando. Este fin de semana vamos a pedirle a los legisladores que les quiten los superpoderes al gobierno nacional".

En el marco de una intensa jornada, la Corte Suprema de Justicia aceptó hoy intervenir en la demanda presentada por la provincia de San Luis contra las retenciones móviles dispuestas por el Gobierno al sector agropecuario por entender que afecta la coparticipación federal, y pidió a la administración de Cristina Kirchner que brinde una respuesta en 60 días.

Fuentes oficiales confirmaron que la Corte "aceptó su competencia originaria" en la demanda presentada por el gobernador Alberto Rodríguez Saa, y ya le corrió traslado al Gobierno nacional "para que comparezca al juicio y dé su contestación en el plazo de 60 días".

La novedad se produjo el mismo día en que la mesa de enlace de las cuatro entidades rurales mantenían una reunión con el gobernador puntano.

Paralelamente, el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, inició hoy actuaciones contra el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Carlos y Alberto Fernández, por "obstruir y entorpecer" su labor en el marco de la protesta del campo contra las retenciones. En un comunicado, Mondino indica que las acciones que va a llevar a cabo son para "accionar ante la falta de colaboración de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, que a su entender han obstruido y entorpecido el desarrollo de sus funciones".

En cambio, el gobierno propone analizar en el marco del acuerdo del Bicentenario incentivos para la producción al sector lechero, de la carne, el trigo y el maíz, como así también repasar la situación de las diferentes economías regionales.

Por su parte, transportistas de Córdoba, Tucumán y Santa Fe proseguían realizando cortes de rutas y bloqueos sobre los ingresos a los principales puertos cerealeros del litoral del Paraná.