Si hubiera ocurrido en otro país, sería un verdadero escándalo. En la Argentina, no sólo nadie se sorprende, sino que algunos lo justifican. Se trata de un juez sospechado de media docena de graves delitos, que se apropia de bienes de aquellos que procesa —algunos objetos son directamente vendidos por él— y que es "manejado" por el Poder Ejecutivo Nacional.

    Por si alguno aún no adivinó, se trata de Federico Faggionato Márquez, titular del Juzgado Federal de Zárate-Cámpana, a cargo de la causa de la denominada "ruta de la efedrina".

    Este ímprobo magistrado ha sustraído dinero de uno de los sospechosos, Jesús Martínez Espinoza, en el allanamiento del 18 de julio pasado en Ingeniero Maschwitz y hasta se ha atrevido a revender una de sus propiedades. Faggionato lleva detenidas a más de 20 personas, mayormente de nacionalidad mexicana, a los cuales intenta endilgarles, no solamente el tráfico de precursores químicos, sino la muerte de los tres jóvenes "empresarios" de General Rodríguez. Así le ha sido ordenado desde la Casa Rosada y el juez no tiene manera de desentenderse de ello.

    Sabe Faggionato Márquez que la mayoría de los que ha detenido son delincuentes de poca monta que nada tienen que ver con el narcotráfico, ni con el crimen organizado. Insólitamente, uno de los mexicanos que sí tiene mucho que ver con el tráfico de efedrina, Marco Aurelio Lailson Rizzo, no está en la mira del juez. En tal sentido, se comenta en las calles de Campana que el automóvil que maneja la esposa del magistrado, habría sido un regalo de Lailson.

    Lo interesante es que los personajes que Faggionato sí debería investigar ya figuran en el expediente judicial de marras. Poco antes de que aparecieran mencionados judicialmente, esos nombres fueron publicados en este periódico por quien escribe estas líneas. Fue también en estas virtuales páginas donde se aseguró que la causa judicial llevada adelante por Faggionato Márquez no llegaría a buen puerto.

    Era una obviedad: cuando se mezclan la política y el delito, la Justicia queda atada de pies y manos.


La verdadera ruta del crimen

    Hace unas horas, hubo un allanamiento trunco en una casaquinta de la localidad de Berazategui. Fue en la vivienda de Martín Lanata, un personaje allegado al Registro Nacional de Armas (Renar) que hacía negocios turbios con Sebastián Forza y sus amigos, relacionados a ciertos precursores químicos, pero también a la adulteración de medicamentos. Lanata suele rondar una confitería que se encuentra frente al Renar y "vende" sus servicios a quien lo precise. Merced a sus contactos, cualquier interesado puede obtener la oportuna tenencia y portación de armas, aún cuando no esté calificado para ello.

    Forza ha sido uno de los beneficiarios de los servicios de Lanata, el cual, dicho sea de paso, suele llevar consigo una pistola calibre 40, el mismo calibre que mató a los tres "empresarios".

    Es dable mencionar que Lanata está fuertemente vinculado al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, motivo por el cual puede deducirse que el allanamiento a su domicilio no fue ordenado por Faggionato Márquez. ¿Qué teme Lanata que en estas horas permanece oculto en la zona de Quilmes?

    Otro de los que debe investigarse a fondo es Ibar Esteban Pérez Corradi, largamente señalado por este periódico y amigote de Lanata, junto a un tal Josué, dueño de una de las droguerías que más efedrina exportó a México. En las oficinas de este último, ubicadas en Puerto Madero, se han tejido muchos de los negociados que hoy preocupan al kirchnerismo, relacionados a la adulteración de remedios, negociados con instituciones públicas y privadas y blanqueo de dinero oficial.

    Pérez Corradi —cuyo abogado amenazó insistentemente con querellar a este medio y nunca lo hizo—, junto a Marcelo Abasto han sido las personas que más amenazaron a Forza poco antes de aparecer asesinado. Sin embargo, Faggionato Márquez nunca creyó relevante esa línea de investigación, seguramente porque sabe que ambos son testaferros de importantes referentes políticos. Abasto, por lo pronto, ya se encuentra fuera de la Argentina aprovechando la lentitud judicial.

    En la misma línea, hay otros dos personajes cruciales sobre los que hay que poner la lupa: Daniel Contreras, alias “El Indio”, y Carlos F. Lourerio, alias "Cali".

Concluyendo

    El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina debían encontrarse con Pérez Corradi en el supermercado Wal Mart de Sarandí, pero este último no concurrió al lugar de encuentro. Los que sí aparecieron fueron dos hombres y una mujer que los fiscales de Mercedes intentan —en soledad— rastrear de toda manera posible. Se trata de un tal Arturo y otro al que le decían "Willy". De la mujer no hay rastro alguno.

    Finalmente, traerá interesantes sorpresas la indagación sobre la persona de José Luis Salerno, quien envió en su nombre al fallecido Ferrón a negociar venta de efedrina y medicamentos adulterados. Lo mismo ocurrirá si se investiga al ex senador bonaerense Horacio Román y al "empresario" Martín Magallanes, vinculado al suicidado Ariel Vilán.

    Sólo basta un poco de voluntad política. Lo demás llegará solo.