El nerviosismo de las últimas horas es imposible de ocultar en las filas kirchneristas. No es para menos: la Cámara Electoral que tiene a su cargo la aceptación de las insólitas "candidaturas testimoniales" del Frente para la Victoria ha mostrado indicios de que fallará contra los intereses oficiales. Es más, se trata de un fuero que no suele ser permeable a la presión gubernamental.

    La preocupación es tal, que un importante funcionario anticipó públicamente que se apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que la Cámara rechace la presentación oficial.

    ¿Por qué se ataja el Gobierno? porque sabe que los integrantes de ese fuero, los jueces Rodolfo Munné, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera fallarán contra sus propios intereses.

    De hecho, se los ha "tanteado" a través de un importante funcionario kirchnerista y, con evidente fastidio, los magistrados dijeron que no aceptarán presiones. Minutos después de que un visceral ministro kirchnerista los llamara por teléfono, hicieron público su desagrado anticipando dos eventuales medidas: por un lado, dieron a entender a través de un vocero de la Cámara que podrían convocar al jefe de gabinete, Sergio Massa, y al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, para que informen qué harán en caso de resultar electos en los comicios del 28 de junio próximo, es decir si asumirán como legisladores resignando sus actuales cargos.

    Por otro lado, aclararon que el fallo del fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello —el cual consideró válidas las candidaturas—, no es "vinculante" a la hora de decidir la controvertida cuestión.

    Aunque los camaristas tienen tiempo hasta el próximo martes para dar a conocer el esperado fallo, fuentes judiciales han anticipado a Tribuna de periodistas que ya estaría redactado y podría anticiparse a esa fecha.

    Sería un golpe muy duro para el oficialismo, el cual hasta ahora tuvo el beneplácito del siempre alcahuete juez de La Plata, Manuel Blanco (1), y del fiscal Di Lello.

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Christian Sanz

(1) Paradójicamente, el juez Blanco está acusado de ser uno de los que demora la tramitación de causas sobre delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por los responsables de centros como la Unidad 9, La Cacha, la Brigada de Infantería de calles 1 y 60 en La Plata y la Comisaría 8° en dicha ciudad. Actualmente, está a cargo de la causa sobre la desaparición de Jorge Julio López que involucra al kirchnerismo.