Los menores y el delito

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LA INUTILIDAD DE BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
LA INUTILIDAD DE BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

LOS MENORES Y EL DELITO

 

    No hay día que pase sin que la noticia periodística revele un crimen consumado por algún menor, el hurto, el robo y el homicidio son moneda corriente en nuestra sociedad. Sociedad que asiste estupefacta y con sentimiento de impotencia a ser testigo o víctima de estos hechos sabiendo de antemano que el estado no “puede” no “quiere” o no “sabe” como ocuparse de esta problemática.

    La droga consumida por los llamados “chicos de la calle” o “en la calle” cada día es más alarmante, sin control de sus padres biológicos y un estado ausente, los chicos ingresan al mundo del delito muy fácilmente en busqueda del dinero que les permite comprar un alucinógeno que los aparte, aunque sea momentáneamente, de su triste y cruel realidad: se encuentran en situación de desamparo y desatención.

    No pocas voces propician, como solución, reducir la edad de imputabilidad del menor, combatiendo así los efectos y no las causas. Lo único que lograrán, quienes así piensan, que se legisle “al vacio”, pretendiendo que con una reforma penal en tal sentido bajará el índice del delito. La autoridad política que así piensa —sea legislador, juez, presidente o gobernador—, busca soluciones simplistas y no ve que la realidad cotidiana que nos agobia requiere medidas de fondo, como lo es atacar las verdaderas causas que provocan esta situación. Es más si se reformara la edad de imputabilidad de un menor, ¿cuál es la edad apropiada? hoy es 16 años, los que propician bajarla dicen 14, hoy hay chicos de 13, 12 y menos edad que se inician en el mundo del delito, por las razones expuestas, entonces ¿vamos a modificar la imputabilidad a cada rato de acuerdo a las circunstancias? es un absurdo que no resuelve el problema de fondo.

    En muchos países, por ejemplo en España, y en algunas Comunidades, como por ejemplo en Andalucía, el Estado suspende la patria potestad de los padres biológicos o la tutela sobre sus hijos cuando los niños se encuentren en situación de desamparo y desatención. El Estado, a través de un instituto creado a tal fin, saca al chico de la calle o en la calle y lo pone a su resguardo dándole así la contención necesaria, atendiendo sus necesidades básicas, alimentación educación y salud. Parece cruel, a simple vista, quitarle un hijo a sus padres, pero la verdadera crueldad ¿no es acaso cuando se prueba que un padre o tutor ha abandonado a su suerte a su hijo que no tiene la capacidad, ni la experiencia ni los medios para manejarse por sí solo para cubrir sus necesidades básicas y pensar en un futuro mejor?

    Es más, estos chicos, en muchos casos, son empujados por mayores y hasta por los propios padres para que cometan el delito especulando con su inimputabilidad. Es irrefutable la obligación que le compete a los padres que traen un hijo al mundo y que deben ejercer a pleno la patria potestad que les otorga la ley. Si no es así, el único que puede y debe ocuparse de suplantar ese rol es el Estado. ¿Quién tiene de su lado hoy mismo la herramienta que le da la ley vigente? El Código Civil Argentino en su artículo 307 habilita a los jueces a suspender y hasta hacerle perder a los padres la patria potestad cuando abandonan a sus hijos, máxime si los manipulan para cometer delitos. Esta sí, conceptúo, es un medida que tiende a proteger y contener a un menor inocente y ayudará seguramente a prevenir que ingrese por desatención y desamparo al mundo del delito.

    Hoy para la sociedad, esos niños de la calle —o en la calle— son “invisibles”. Produce angustia ver un menor acercarse, por ejemplo, a pedir una moneda; ni lo miran, en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo se siente un menor en estas condiciones? no ve un presente, no ve un futuro, abandonado por su padres y una sociedad que los trata de ignorar. Se llenan de resentimientos, y como lo explican los psicólogos sociales, el único momento en que se hacen “visibles” y se sienten poderosos es cuando encañonan con una arma o amenazan a algún ciudadano y es ahí en ese momento cuando adquieren entidad pública, son “reconocidos”, son “valorados” por lo menos en un momento de su vida.

    La sociedad ignora, o no quiere enterarse, que en realidad esos chicos están pidiendo “ayuda” a gritos. La sociedad prefiere, a cambio, que “desaparezcan” de su vida, que lo apresen o que los maten para que se vuelvan “invisibles”, porque visibles causan mucha culpa y angustia. Esta es la realidad vigente y que debemos afrontar con valentía si queremos empezar a solucionar las “causas” y no los “efectos” de la inseguridad provocada por los menores en situación de desamparo y desatención..

    Por eso, reitero, el único que está en condiciones y es un deber ocuparse de ellos es el Estado, el Gobierno es quién puede poner en marcha, como se señaló más arriba, mecanismo legales y de inversión que están en sus manos.
    Tantos dineros públicos que se malgastan —por ejemplo, 600 millones para ver fútbol, que pagamos entre todos los

contribuyentes— y no podemos invertir en un tema prioritario que está vinculado directamente a los derechos humanos del niño, consagrados en la ONU y a la seguridad de los habitantes de una Nación.

 

José Fernández Gaido
Abogado

 

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