Acceder al feed de los comentarios de este artículo
El sugestivo debate lo impulsó el propio gobierno, en momentos en los que Mauricio Macri comienza a ser cuestionado por la falta de eficacia en algunas de sus medidas. Es suspicaz, ciertamente.
No obstante, trataré de manejar el tema con la seriedad que merece, con datos científicos de fácil comprobación.
Primero, el sentido común: ¿Alguien cree realmente que encarcelar a chicos de menos de 14 años va a acabar con el delito?
Antes de contestar, sepan que menos del 5% de los delitos en Argentina son cometidos por menores de edad.
Segundo dato a tener en cuenta: los países que tienen “bajo umbral” de tolerancia penal hacia los más jóvenes no han logrado que decrezcan los delitos, sino todo lo contrario.
Dos botones de muestra: Venezuela penaliza a partir de los 12 años; Trinidad y Tobago a partir de los 7. Sin embargo, en ambos países el delito no para de incrementarse.
Otra cuestión: un estudio de la Universidad de Tres de Febrero arrojó que la mayoría de las personas que purgan prisión son pobres.
El documento toma los datos acumulados entre el sistema federal y el de la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 60 por ciento del total del país. ¿Y los delitos de guante blanco? Bien, gracias.
Luego de lo antedicho, queda claro que el problema de la inseguridad es mucho más profundo que lo que se quiere hacer creer. Independientemente de que se baje la edad de punibilidad —ya pasa a un segundo plano, realmente— lo que hay que atacar son otros tópicos.
Hace falta un Estado presente, que ostente políticas educativas, de salud en recuperación de la drogadependencia y que pueda brindar a las familias las herramientas para que se puedan desarrollar dignamente.
Me pregunto: ¿Qué se está haciendo ahora mismo respecto de los eventuales futuros delincuentes? ¿Alguien los está conteniendo o siguen a merced de los narcos y criminales de turno?
Es muy sencillo pedir medidas punitivas y represivas, son de acción inmediata y no requieren más que la sanción de puntuales normas legislativas.
Sin embargo, es más útil trabajar en el largo plazo, buscando la meta de evitar llegar a la situación en la cual una persona delinque.
Hay que avanzar en ese sentido, intentando responder certeros interrogantes: ¿Por qué ingresa al mundo del delito quien delinque? ¿Qué alternativas le ofrece el Estado para que no caiga en ese mundillo? ¿Cómo se puede reducir la desigualdad social?
Finalmente, quedan otras cuestiones por plantear: ¿Por qué solo nos enfocamos en los delitos de menor cuantía y no posamos la mirada en las grandes estafas cometidas por políticos, empresarios y banqueros? ¿No es eso delito también? ¿Qué pasa con los funcionarios que se vinculan con el narcotráfico y el crimen organizado?
Y algo aún más inquietante: ¿Quién evalúa el errático accionar de los jueces y fiscales argentinos?
El día que logremos responder todas esas preguntas, podremos empezar a hablar de la edad de imputabilidad de los menores y otras cuestiones triviales.
