Todo llega. Más tarde o más temprano, todo llega. El director Ejecutivo de Tribuna de periodistas, Christian Sanz, ha sido el primer querellado por el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el año 2005, por haberlo vinculado con el oscuro negocio del tráfico de estupefacientes.

Luego, en el año 2009, Fernández volvió a querellar a Sanz por haberlo involucrado con el triple crimen de Gral. Rodríguez. Mal que le pese al jefe de Gabinete, ambos hechos se han confirmado a lo largo del tiempo.

Tan es así, que la Coalición Cívica informó hoy que presentará un pedido de Juicio Político contra Aníbal Fernández. El anuncio fue hecho esta tarde durante la presentación de un Informe preliminar sobre las vinculaciones políticas del crimen en el Shopping Unicenter, el Triple Crimen y el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos en el 2007 que está firmado por Elisa Carrió y diputados nacionales, legisladores provinciales y porteños.

“Como conclusión –sostiene el informe presentado hoy- resulta imprescindible que la Justicia investigue el tipo de relación existente entre funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y los hechos acontecidos. Es necesario que la hipótesis de investigación llegue hasta las más altas esferas, como es el caso del Ministro Aníbal Fernández”.

El Informe tiene ochenta y dos páginas y está dividido en cinco capítulos: La campaña presidencial financiada por empresas y empresarios sospechados de narcotráfico y operaciones ilegales con medicamentos suministrados por programas estatales; La mafia de los medicamentos: la conexión estatal, político sindical; Participación y complicidad estatal en el crecimiento y diversificación de la droga en la República Argentina. El rol de Aníbal Fernández; El crimen narco de Unicenter y sus coincidencias con el triple crimen: los mismos personajes, el mismo final; Cuando todos los caminos conducen a Quilmes: Estilo Quilmes, estilo freezer. El rol de Aníbal Fernández.

El texto explica que “La Coalición Cívica pedirá el Juicio Político al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación por avalar y encubrir por acción u omisión el crimen, por responsabilidades políticas y funcionales indubitables en la fiscalización de las acciones del RENAR y EL cercenamiento de las facultades de la SEDRONAR en materia de precursores químicos, previsto como causal de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, a lo que debe sumarse la comisión de delito por desobediencia judicial”.

“No puede escarpase de ningún análisis agudo que el crimen de Forza, Ferron y Bina presenta el mismo modus-operandi, el ocultamiento en un freezer, que el denunciado por la esposa de Cacho Rey que involucra a militantes quilmeños de la Agrupación Arturo Jauretche liderada por Aníbal Fernández”, dice también el informe que lleva la firma de Carrió, los legisladores provinciales Walter Martello, Maricel Etchecoin Moro, Liliana Piani, Daniel Exposito y Sebastián Cinquerrui, el legislador porteño Fernando Sanchez. La coordinación de investigación de la Coalición Cívica está a cargo del diputado Nacional Juan Carlos Morán y Paula Oliveto Lago.

"Ese informe será presentado el día martes al fiscal Bidone porque nosotros entendemos como dijo el fiscal, cuando se refería a la causa del triple crimen, que de ninguna manera se puede creer que la causa del triple crimen, y las causas que se están investigando de los aportes a la campaña de la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, se puede circunscribir a los cuatro detenido en el allanamiento. Nosotros entendemos que esas causas tienen nexos, tienen hilos conductores, a partir de algunos nombres que parecen en ellas”, sostuvo Horacio Piemonte y anunció “Nosotros vamos a iniciar en la Cámara de Diputados de la Nación el pedido de juicio político al Jefe de Gabinete”.

Por su parte, la Presidenta del Bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica, Elisa Carrió avaló hoy con su firma la investigación que hace meses llevan a cabo diputados provinciales y nacionales de su partido y que demuestran acabadamente el aval y encubrimiento que funcionarios del gobierno prestan al crimen organizado y responsabilizó en forma directa al Jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

Carrió también anunció que en persona y como miembro de la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación presentará la acusación por mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

En ese sentido, Carrió quiere señalar expresamente el excelente trabajo de investigación llevado adelante en los últimos meses por legisladores nacionales y provinciales de la Coalición Cívica.

Alertó además que existe la clara intención de parte del gobierno de sacarle la causa al Juez de Mercedes para que pase al juzgado de Oyarbide como lo hizo con la causa del Juez Lijo sobre financiamiento de campaña y ratificó además que junto al diputado Juan Carlos Moran pedirá el juicio político al Juez Oyarbide, magistrado que responde a la Policía Federal y es dirigido por Aníbal Fernández.

En las conclusiones, los dirigentes de la Coalición Cívica escribieron:

“…Aníbal Fernández, en sus diferentes responsabilidades públicas, tendría responsabilidades políticas y hay dos organismos sobre los cuales ha prestado especial atención en sus gestiones: el SEDRONAR y el RENAR.

Nos encontramos con las trabas que el Ministro Aníbal Fernandez ejerció sobre el Congreso de la Nación en oportunidad del tratamiento del Proyecto de Ley que penaliza el desvío de precursores químicos para la fabricación de drogas y establecía sanciones a quienes ejercieran este tipo de comercio de manera ilegal. Conforme consta en la versión taquigráfica del Senado de la Nación, el entonces Ministro del Interior, mediante el envío de una Nota pretendió desalentar el tratamiento de la norma.

Tal es así que un Informe de la AGN sobre la SEDRONAR observa la ausencia de controles y de políticas públicas. Allí se informa y describe las maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la SEDRONAR en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias…”

En el capítulo cinco titulado Cuando todos los caminos conducen a Quilmes, el informe sostiene: “Martín Lanatta, Ricardo M. Rodríguez, Ibar Esteban Perez Corradi, Jorge Adrián Cabrera, Eduardo Ariel Menchi, Andrés Meiszner, José Meiszner, Gladys Pérez, Sebastián Giancristóforo, Alejandro Giancristóforo "Cacho Rey”, Marcelo Mallo, Martín Magallanes, Osvaldo Becerra, alias "Dedo”, Sergio Villordo, tienen algunas cosas en común: Quilmes” Y continúa: “Andrés Meiszner, José Meiszner, Gladys Pérez, Sebastián Giancristóforo, Alejandro Giancristóforo "Cacho Rey”, Marcelo Mallo, Osvaldo Becerra, alias "Dedo”, Sergio Villordo y Martín Lanatta, además tendrían en común un pasado militante dentro del PJ quilmeño a las ordenes del hoy jefe de gabinete Aníbal Fernández.

Todos participarían, a su vez, por una u otra razón de vinculaciones con el fútbol, el poder y las acusaciones por negocios con drogas.

Todos son parte de las crónicas policiales, algunos vinculados a los negocios como jóvenes y prósperos empresarios, otros con métodos menos sofisticados y más violentos.

Todos forman parte de menciones en distintas causas judiciales algunos aparecerían mencionados en un método de definición territorial de los negocios que después de los crímenes cometidos en Quilmes”.

Y agrega: “…Otra temática sensible para el estudio de la operatoria del crimen organizado es el control que el Estado ejerce sobre la portación y uso de armas de fuego. Según revela nuestro informe, el RENAR, se encuentra gestionado por hombres cercanos a Aníbal Fernández, al fútbol y a la militancia quilmeña.

De allí habrían surgidos los contactos que llevaron a Martín Lanatta a desempeñarse eficazmente como gestor informal ante ese Organismo. Tal fue su eficacia que Sebastián Forza, habría obtenido en tiempo record y sin contar con los debidos requisitos, su autorización para la portacion de armas, conforme se desprende de la causa judicial…”

El informe también dice: “Fuentes entrevistadas por la investigación lo sindican como uno de los responsables junto a Martín Lanatta, a Osvaldo Becerra y otros del ataque a militantes del sector del PJ que responde al ex Diputado Nacional Eduardo Camaño, en plena disputa por el control partidario de ese distrito durante el 2005.

Alejandro Giancristóforo, hijo de Cacho Rey, y también militante es hoy secretario de Andrés Matías Meiszner. Meiszner, de 35 años, (hijo de José Luis, ex presidente de Quilmes y ex segundo de Julio Grondona en la AFA) desde agosto de 2006 maneja el RENAR, donde el ministro Aníbal Fernández ejerce su influencia.”

Respecto del rol de Aníbal Fernández, el Informe de la Coalición Cívica agrega: “Aníbal Fernández desde que asumió junto a Néstor Kirchner siempre se preocupó por ejercer un control personal y permanente sobre el RENAR, siendo la designación de Meizner parte de ello. A esto se debió los cambios en la estructura y el nombramiento de gente de su absoluta confianza, a saber:

Conforme el Decreto 1023/2006. Se transfiere el Registro Nacional de Armas de la órbita de la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior.

Por Decreto 1282/2007 se aprueba la estructura organizativa del mencionado organismo

Ley 26338. Modifica la Ley de Ministerios. Sustitúyase el título V de la Ley de Ministerios (TO decreto Nº 438/92). Aprueba la transferencia del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Registro Nacional de Armas, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, y sus áreas dependientes”.

Una vez más, ha triunfado la verdad y hemos demostrado ser los pioneros en este tipo de informaciones.

Carlos Forte