A principios de diciembre de 2009, ocurrió en la provincia de Mendoza un hecho que pasó desapercibido para casi todos los medios de comunicación de relevancia nacional y que posee una enorme gravedad. Tiene que ver con una denuncia realizada por el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, en sede de la Cámara de Diputados mendocina.

Allí, frente al estupor de los legisladores de esa provincia, el funcionario aseguró que señaló que el gobierno de Celso Jaque era víctima de una suerte de “extorsión” por parte de José Luis Manzano y Daniel Vila, por los intereses en juego que hay en el negocio de los casinos en Mendoza.

La situación reviste tal gravedad que, hasta el diputado del PJ disidente, Daniel Cassia, admitió que “la Legislatura no puede mirar para el costado” luego de semejante señalamiento.

“Si un fiscal no actúa de oficio, entonces nosotros tenemos que ir a la Justicia. Estamos hablando de un hecho muy grave contra la máxima autoridad de la provincia”, acusó Cassia.

Cazabán llegó hasta la Legislatura para ser interpelado en relación a la firma de un decreto que reglamentó la instalación de casinos en hoteles cinco estrellas. El punto en discordia es la medición del 4 por ciento de la superficie que los hoteles pueden destinar para el funcionamiento de salas de juego.

En ese contexto, acusó a Vila y a Manzano de estar detrás de las denuncias penales contra el Gobierno por este tema, ya que tienen intereses claros el negocio del juego.

¿Cómo seguirá la historia? Por ahora, es imposible arriesgar pronósticos.

Carlos Forte