El sábado pasado, la Argentina presentó un informe ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su reunión habitual del medio año en Aruba. Un documento señaló la "alarmante profundización del hostigamiento permanente del poder gubernamental" hacia la prensa, sumada a la constante persecución a periodistas y medios que incluyen “casos de espionaje, escuchas telefónicas, trabas, discriminaciones en el acceso a la información pública, desprestigio, difamación e intimidaciones a los medios y periodistas, hostigamientos y descalificaciones a corresponsales durante actos públicos, por el sólo hecho de preguntar o cumplir con su deber y la exclusión de profesionales de algunos medios en conferencias de prensa". También se destacó la animosidad “estatal y sistemática” de avanzar contra la firma Papel Prensa.

Este primer informe fue presentado por Francisco Montes del Diario de Cuyo, donde expone que “la calidad de un Gobierno y de una democracia, pueden medirse por el grado de libertad de expresión y de prensa que gozan sus ciudadanos". Según el documento, esta situación persiste por la contradicción entre la vocación de los medios por informar y los supuestos fantasmas que el Gobierno detecta permanentemente en ese libre ejercicio; donde él mismo insiste en encuadrar toda acción de informar libremente a la población, en algún intento conspirativo destinado al desestabilizarlo.

En este marco, el informe de Montes fue aprobado y en el día de hoy se dieron a conocer tres resoluciones sobre la situación de libertad de prensa en la Argentina. Allí, se solicita al Gobierno Nacional que "cese en las actitudes de hostilidad y violencia contra la prensa, que respete las resoluciones judiciales que suspenden la Ley de Medios y que ponga fin al plan sistemático de hostigamiento" contra Papel Prensa. Estas resoluciones son previas a un informe final sobre toda la región que dará a conocer la SIP esta tarde.

Si bien a principios de este año la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (organizaciones no gubernamentales) pidieron la difusión de los gastos de la publicidad oficial, el informe de Montes también expone los reveses de este tema, donde se le recomienda al Gobierno publicar sus gastos en dicha administración. Contrariamente a las políticas que venía manteniendo hasta mediados del año pasado, hoy por la mañana —y con la firma del Jefe de Gabinete— el Gobierno se negó a divulgar dicha información, aludiendo que esta contiene “datos personales” por lo que quedaría excluida del decreto que permite a la ciudadanía acceder a información pública.

En un escrito, Aníbal Fernández objeta: "Los datos personales sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, previo consentimiento del titular de los datos".

No obstante, la ADC presentó un recurso de amparo para conseguir la información que el Gobierno le negó. No es la primera vez que ambas ONG´s piden los detalles de las pautas oficiales a la Casa Rosada, pero este año, no se consiguió. A esta hora, ambas organizaciones se rascan la cabeza pensando qué tipo de datos personales pueden figurar en una lista detallada de los gastos oficiales en lo que a publicidad respecta, que hasta hace unos meses atrás les fue entregada sin objeción alguna, aseverando que esto "fija estándares de transparencia inadmisibles para un Estado democrático". Esto sólo puede negarse si aquellos datos personales fueran información sensible tales como origen racial, opiniones políticas, filosóficas, religiosas, o la vida sexual de las personas; pero se trata de datos bastantes importantes, ya que en el marco del Futbol para Todos, el Gobierno indicó que iba a ser solventado con pauta publicitaria oficial.

Recordemos que el Gobierno dijo que pagaría $600 millones por ese arreglo, pero que los recuperaría con publicidad privada. La especulación fue un fracaso y terminaron ocupando fondos para las provincias que serian utilizados en políticas ambientales.

Una demostración más de las burlas y “ninguneos” que padece la prensa en la actualidad por parte del kirchnerismo, la cual en público y frente a las cámaras la descalifica, pero cuando el martillo de la justicia atina a golpearlos, la acusa de desestabilizadora y conspirativa.

Hoy, la SIP se encuentra actualmente al tanto de lo que pasa en el ámbito periodístico de la Argentina y ya es una realidad que ningún otro Gobierno, salvo la dictadura militar, arremetió y hostigó de tal manera a la prensa independiente.

¿Tanto habrá para ocultar? Esperemos que pueda contarse para saberlo.

Equipo de Política
Tribuna de Periodistas