En la crónica que hice este domingo para el bisemanal Perfil, se actualiza lo publicado sobre la historia de Papel Prensa, relatada en mi libro periodístico David Graiver El banquero de los Montoneros, aparecido en 2007. 

Desde que días atrás ofreciera su consulta gratuita en mi portal de Internet, continúan produciéndose intervenciones públicas de significativa importancia. El 4 de abril pasado el periodista Adrián Ventura, denunció al presente gobierno en el matutito La Nación. Le atribuyó la intencionalidad “de apropiarse de la empresa” Papel Prensa, remitiendo al contenido de una resolución de la Secretaria de Comercio Interior, fechada el 31 de marzo de 2010.  

Cabe recordar que la polémica se desató alrededor del reciente aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, entre el periodista Joaquín Morales Solá, el abogado Rafael Bielsa, el embajador Héctor Timerman y la jefatura de la redacción del diario Clarín, materiales que también podrán consultar en mi sitio web www.juangasparini.com  

La tesis de Ventura consiste en que Clarín y La Nación, mancomunados en aquella época con La Razón, no pudieron adueñarse ilícitamente de Papel Prensa, porque la compraron legítimamente mediante un “contrato escrito”, suscripto el 2 de noviembre de 1976 por Lidia Papaleo de Graiver. Se trataba de  la viuda del “socio mayoritario” de la compañía, el banquero David Graiver, presuntamente asesinado por su vinculación con los Montoneros, en un sospechoso accidente de aviación, poco más de dos meses antes en México.    

Video: Papel Prensa y sangre

Ventura agrega que la relación entre los Graiver y la guerrilla peronista se conoció  después del traspaso de Papel Prensa a través de aquel contrato, reconociendo que la viuda del banquero muerto violentamente, fue secuestrada por la dictadura militar, pero en marzo de 1977, o sea cuatro meses después de que se documentara la permuta de titulares en la sociedad.  

Cotejando la nota de Ventura con la resolución de la Secretaria de Comercio Interior por él criticada para acusar al gobierno de querer quitarle Papel Prensa a Clarin y La Nación, perdura la controversia. 

Es evidente que Lidia Papaleo, entonces principal heredera de David Graiver, no puede salir hoy a la palestra y desenmascarar las manipulaciones y abusos que pudieron ejercer las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles para arrebatarle Papel Prensa, porque aceptó callar en 1986, cuando el gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín, la indemnizó por daños y perjuicios con 84 millones de dólares, en línea con lo probado en mi libro.  

Sin embargo es relevante que su hermano, Osvaldo Papaleo, extranjero al pacto de resarcimiento, salga a dar la batalla pública, en un testimonio que disgusta a Ventura, quien trata de rebatirlo; declaraciones que, a su vez, constituyen la punta de lanza de la resolución de la Secretaria de Comercio Interior, contra la cual asimismo arremete Ventura. Osvaldo Papaleo, vocero de la firma reina del escándalo, sostiene la versión que hubo usurpación de Papel Prensa con los Graiver cautivos en campos de concentración.   

En ese contexto, los invito a explorar una hipótesis distinta a la inducida por Ventura. El aniquilamiento del grupo Graiver llevado a cabo por las Fuerzas Armadas siguió un plan que abarcó tres fases. La primera fue decapitar al grupo, una multinacional valuada en 200 millones de dólares con tentáculos en la Argentina, Bélgica y Estados Unidos, abatiendo al líder, David Graiver, quien sucumbió en México el 7 de agosto de 1976.  

La segunda etapa se hizo respetando las apariencias de la legalidad, con la viuda, heredera y madre de todas las firmas en libertad, sin duda bajo control y presión del régimen militar. La operación debía parecer limpia, neutralizando reproches eventuales de cara al futuro. Tenía que observar las formas de un canje ordinario de responsables, para que el proyecto monopolizador del “insumo vital” destinado a abastecer periódicos y revistas a escala nacional, cambiara de manos sin despertar recelos y suspicacias.  

La tercera etapa fue la expropiación forzada de lo mucho que les quedaba a los Graiver, para lo cual resultaba prescindible acatar las normas republicanas. Tal saqueo se perpetró con los expoliados en prisión. Y comenzó luego de un mes que los tuvieran secuestrados clandestinamente, quienes fueron ulteriormente condenados a largas penas de cárcel por la justicia militar.  

La codicia castrense por las vidas y los dineros de los demás, la glotonería genocida de las Fuerzas Armadas, los daños colaterales del festín de sangre y plata, llevó a los victimarios militares y coautores civiles a cometer infracciones y descuidar detalles. Algunos errores fueron puestos en evidencia por la resolución del gobierno. Ventura eludió hacer frente en su réplica, una nota dominada por la ambición de atacar las supuestas intenciones del gobierno, un derecho que nadie puede negarle, relegando el deber primordial de los periodistas: la esclavitud para con los hechos, las fechas y las circunstancias en que ocurrieron los acontecimientos. 

La resolución de la Secretaria de Comercio Interior dice que el 24 de noviembre de 1976, 22 días después que Lidia Papaleo firmara la cesión de Papel Prensa, las acciones de David Graiver seguían en posesión de su sucesión. Añade que el 29 de agosto de 1980, en los libros de actas de Papel Prensa no existían constancias de la transferencia de las acciones que pertenecieran a David Graiver. Ventura alaba la intervención de la empresa por decreto del presidente de facto, Jorge Rafael Videla, de agosto de 1977, la cual duró cinco meses, no detectando irregularidades, como si los actos de la dictadura fueran un criterio de verdad, o un parámetro valido de referencia que allí las cosas transcurrían naturalmente. Ventura olvidó aclarar el enredo anudado por sus colegas de Clarín, en el editorial del 27 de marzo de 2010, al plantear que los Graiver fueron detenidos en abril de 1977, y no en marzo de ese año, recalcando que en ese mes de marzo de 1977, Lidia Papaleo de Graiver, “estuvo en una asamblea de accionistas”.                

Si los abogados de Clarin vienen de protagonizar el ridículo de haberse salteado las exigencias de los códigos en los reclamos para que los hijos adoptivos de su directora, Doña Ernestina Herrera de Noble, no se sometan al cruce de datos genéticos que han sido validos para el común de los mortales en la Argentina, es permitido imaginar lo peor en lo sucedido con Papel Prensa.

Quizás tenía razón Mario Puzo en su frase anticipatoria de El Padrino: “detras de cada gran fortuna hay un crimen” (Balzac).

Juan Gasparini