Con el dictado de la ley 23187 se creó una institución que controla la Matrícula de los Abogados de la Capital Federal, es así como nació el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presidido, hasta el año 2006 por notables letrados dignos representantes del gremio abogadil. Pasaron por la Presidencia de este Colegio celebérrimos hombres de leyes, hasta que irrumpió, Internet mediante, un lumpen que aprovechó el desconcierto de sus oponentes no acostumbrados a jugar sucio. A partir de allí, hasta ahora, comenzaron a verse conductas insólitas reñidas con las más elementales normas éticas y de buen gusto, pero eso no es lo peor. Hoy el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a través de su presidente Jorge Rizzo, se ha convertido en zona de coto de la inteligentzia kirchnerista, funcionando como una verdadera Gestapo dedicada a la persecución de los abogados contrarios al oficialismo, tanto del gobierno kirchnerista como del ente gremial.

A través del Tribunal de Disciplina de ese Colegio profesional, la longa manus de Rizzo hace que se impongan sanciones a los abogados que se rebelan contra el sistema hegemónico y autoritario de ambos oficialismos con sede en la Kaja Rosada y en el edificio colegial de la Capital Federal.

Es sospechoso el modo en que el Contador Aníbal FERNANDEZ, hoy Jefe de Gabinete de Ministros, hiciera tan vertiginosa carrera como abogado, restándole horas a sus funciones como Ministro de Justicia, del Interior y superministro todo servicio, rindiendo materias, a mansalva, coronando con su título obtenido en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Lomas de Zamora, pero ello no impidió que Rizzo lo agasajara e hiciera jurar en sesión especial (no en las colectivas junto a cientos de noveles colegas). Este contacto más el trato fluido con los diputados ultrakirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel, han hecho que el Colegio se convirtiera en la hoguera persecutoria de quienes molesten al sistema de poder.

Pero ello funciona de formas distintas, una vía es a través de investigaciones “de oficio” generadas en el seno del propio Colegio, o a veces echando mano de algún denunciante ad hoc, y otras, a través de las denuncias que hacen los jueces genuflexos quejosos contra los letrados y exigen el castigo por sus pares. Esto porque los jueces ya no tienen el ejercicio disciplinario, pues de lo contrario se regodearían con las sanciones más gravosas posibles. Al derogarse el delito de desacato y quitarles las facultades sancionatorias sólo les quedó perseguir indirectamente utilizando al Colegio profesional, equivalente al Consejo de la Magistratura que los disciplina y pone en caja a los propios magistrados.

Ahora se ha puesto de moda, por parte de los jueces, remitir pedidos de investigación de conductas de los abogados “molestos” al Colegio comandado por Rizzo, que pretende continuar en su mandato a través de su alter ego en las elecciones del próximo 20 de abril, de apellido convenientemente fonético y gráfico, su cuasi parónimo Cozzi, súcubo de aquél. En mi caso, se me abrieron expedientes en los dos últimos años por recusar jueces y fiscales, o tratarlos con firmeza y ello implicó fuertes multas- Pero la persecución continúa.

Prueba de ello es que el juez Bonadío, al desestimar mi denuncia contra la diputada Diana Conti, por asumirse públicamente stalinista, dijo que las expresiones de la espada kirchnerista en el Consejo de la Magistratura no son delito y entran dentro del derecho de libertad de expresión, pero a la vez considera mi presentación “liviana” y me envía al Colegio de abogados.

Contemporáneamente la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, al rechazar el recurso de casación interpuesto por los abogados de la Sra. de Noble en el marco de la causa por los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, también mandó a los letrados a la picota del Colegio público profesional.

Además, el Tribunal Oral Federal nº 6, en una causa seguida a mi defendido que lleva más de 40 meses encarcelado preventivamente, cuando logré que la Sala IV de Casación revocara la decisión del tribunal que mandaba prorrogar por 4 años la prisión preventiva (en un hecho insólito pues se trata de estafas reiteradas, llevadas a la justicia federal con la excusa de interrumpir comunicaciones telefónicas, cuando en realidad corresponde el fuero ordinario) y ordenara el cese de esa detención, frente a mi pedido de soltura le imponen una caución de imposible cumplimiento por lo que insistí en pedir su liberación a través de un pedido de excarcelación para que fijen una caución adecuada que no tornase ilusoria la libertad, no sólo rechazó mi petición sino que también me envió al Colegio de Abogados!

Y en la víspera, el juez Rafecas, al desestimar una denuncia que hice junto con otro colega que también ha hecho distintas presentaciones contra funcionarios, el Dr. Alejandro Kalbermatten, sobre la incompatibilidad de la Lic. Mercedes Marcó del Pont para ser Presidente del Banco Central de la República Argentina (pues a la fecha de su designación era Presidente de la Asociación de Bancos y ello constituye una causal que impide ejercer ese otro cargo), no solamente tildó de “temeraria” la conducta de los denunciantes sino que también nos envió al Colegio de abogados, hoy rebautizado como Kolegio Público de Abogados de la Capital Federal, por estar el servicio exclusivo del kirchnerato.

Viene al caso señalar que la diputada Diana Conti tiene una denuncia hecha por un empleado al cual le exigía parte sustancial de su sueldo, y además el suscripto denunció que su esposo, Enrique Dratman, tiene vinculación con la mafia de los medicamentos y está vinculado a la megacausa que hoy tiene entre rejas a Zanola.

Por otra parte, vale recordar que el juez Rafecas, muy vinculado al Dr. Esteban Righi, fue designado por el kirchnerismo, y una de sus primeras resoluciones le llevó 22 carillas para desincriminar a Hebe de Bonafini, cuando la denuncié al incitar a la violencia al decir que había que tomar todas las comisaría y quemarlas, al igual que quemar los juzgados, en el marco de la toma de la Cria. 24 por parte de D´Elía, sosteniendo que era una buena viejecita que sólo hacía uso de su derecho a expresarse libremente.

Y en cuanto al juez Bonadío, que lleva adelante mi denuncia contra los 4 secretarios KK, no se queja que la promoví en base a lo publicado en la Revista Noticias, no obstante en la causa de Diana Conti me acusó de “copy paste”, como si él en su juzgado no utilizara una especie de Lex Doctor para confeccionar, como chorizos, las resoluciones que firma sin leer.

La Kasa de brujas continuará, máxime cuando en mi caso hice denuncias por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, del ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime, del ex Secretario de Medios Enrique Albistur, de los 4 secretarios privados de los presidentes K, del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández (una de ellas por desobediencia contra la orden del juez Sudera, cuando abiertamente se alzó contra la orden judicial en el marco del conflicto en el Sindicado de Aeronavegantes, beneficiando a la Lista a la que pertenece Alicia Castro, actual embajadora en Venezuela), del segundo de la SIDE, Dr. Larcher que también incrementara su patrimonio escandalosamente, además de la malversación de fondos públicos y abuso de autoridad en la distribución de fondos para el Fútbol Gratis, el festival de licitaciones con sobreprecios, los fabulosos aeroviajes presidenciales y del entorno del kirchnerato, sumado a la incitación a la violencia por parte de las varias veces denunciada por mi Hebe de Bonafini (que encima libra cheques sin fondos por cifras millonarias), el piquetero oficial Luis D´Elia, la ex Secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti que distrajera millonarios fondos, además de promover varias denuncias relacionadas con concursos amañados en el Consejo de la Magistratura para designar nuevos jueces federales y, muy especialmente, por denunciar el tráfico de influencias del actual Procurador Fiscal Esteban RIGHI, cuyos hijo y esposa, defienden a funcionarios kirchneristas investigados por corrupción, entre muchas otras causas radicadas en la justicia.

El aceitado mecanismo K tiende a denostar a políticos, jueces y abogados, no rentados ni complacientes con el sistema hegemónico instalado en la República Argentina desde el 25 de mayo de 2003, y ahora se pretende utilizar bloggeros, pagados por el Estado, para denostar opositores, inundar la web con propaganda oficialista y vulnerar la intimidad de las personas.

Enrique A. Piragini