Desde el preciso momento que la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura —hoy en día cooptado por el kirchnerismo de manera vergonzosa—, los más importantes referentes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuestionaron la medida con inusitada dureza.
Uno de los más verborrágicos en ese sentido, fue el ex presidente de esa entidad, Jorge Rizzo, quien aseguró que "en ningún momento (la oposición) pretendió modificar el sistema de justicia, sino que únicamente quiso complicar al Gobierno nacional” (sic).
Rizzo agregó que, con la reforma, "todo va a quedar stand by" al señalar que "se van a equilibrar las fuerzas, los jueces van a seguir votando para que no se destituyan a los jueces, y van a seguir votando corporativamente".
Días antes, había opinado en sentido similar Eugenio Cozzi, actual titular del Colegio de Abogados —del mismo riñón que Rizzo—, quien aseguró que la reforma “atenta contra el equilibrio” de esa entidad.
¿Qué equilibrio tiene hoy una institución sólo utilizada para premiar o castigar a jueces de acuerdo a cómo se encuentren en su alineación para con el kirchnerismo?
Para entender el por qué del apoyo de ambos letrados hacia el oficialismo —y sus vacías críticas a la oposición—, hay que recordar que los dos —tanto Rizzo como Cozzi— pertenecen a la agrupación política Gente de Derecho, la cual viene ganando las elecciones para presidir el Colegio Público desde hace años. Lo que pocos saben es que la referida lista tuvo el fuerte apoyo del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien aportó toda la logística y los fondos para que esta triunfara.
Sin embargo, el espaldarazo no es reciente. Desde hace años, Rizzo mantiene un diálogo directo con el todopoderoso ministro y hasta evitó que le sea quitada su matrícula profesional en enero de 2010 cuando un grupo de abogados protestó por la embestida del funcionario contra los jueces críticos al gobierno.
En su intento por defender a su “amigo”, Rizzo no dudó en sostener un argumento pueril y poco profesional: “Fernández está actuando como jefe de Gabinete, no como abogado” a la hora de presionar a los magistrados. En buen romance, no importa que se esté presionando a la Justicia, sino en carácter de qué se lo hace.
Dos años antes, a pesar de las dudas que existían acerca de que Fernández hubiera cursado la carrera de Derecho, el propio Rizzo fue quien le entregó la matrícula de abogado en sus propias manos.
Como sea, el Consejo de la Magistratura es hoy una caricatura de lo que intentó plantear la reforma constitucional del año 1994.
No hace falta ser un gran analista para percibirlo, sólo basta observar cómo se castiga a los jueces que emiten fallos contrarios a los intereses del Gobierno y de qué manera se protege a aquellos que trabajan alineados a las potestades oficiales.
En el primer grupo, puede encuadrarse a la jueza María José Sarmiento, quien osó fallar contra el uso de Reservas Públicas para pago de deuda en diciembre pasado y debió tolerar, no sólo el apriete directo del gobierno, sino también el imperdonable escarnio de los medios de comunicación afines al kirchnerismo.
En el segundo grupo, puede ubicarse a Norberto Oyarbide, quien no se ha cansado de cometer atrocidades jurídicas y sin embargo es cobijado y protegido por el oficialismo en el seno del Consejo de la Magistratura de toda manera posible.
¿Es este el órgano de observación a los jueces que quiere el Colegio Público? Probablemente sí, pero sólo por capricho de sus autoridades, ya que los abogados de la Ciudad de Buenos Aires —a los que supuestamente dicen representar sus adláteres— suelen ser sumamente críticos con el desempeño de ese organismo.
Nada de que asombrarse, sólo otra muestra de la idiosincrasia K.
Christian Sanz