Ante un nuevo aniversario del doble crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el libro Darío y Maxi, dignidad piquetera: El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda, sacado a la luz por el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, aporta una batería de datos abrumadores que testimonian la existencia de una planificación represiva por parte del gobierno de Eduardo Duhalde. También, se pone en tela de juicio a la veleidosa justicia argentina, pues “jueces y fiscales investigan los crímenes como si se tratara de un mero policial y no el resultado de una decisión política”.

Y por si fuera poco, se presenta el detestable papel de varios medios de comunicación que hicieron causa común con el gobierno, ya que “fueron los propios miembros del gabinete nacional quienes llamaron a los periodistas de confianza y a las redacciones de los principales diarios del país. Las operaciones de prensa tenían por objetivo reforzar la teoría de que “los piqueteros se mataron entre ellos”, pero esta vez de boca de “altas fuentes del gobierno”.

Pero este es solo el principio del análisis de este libro, que como un hecho trascendente, deberá ser desmenuzado para su mejor comprensión.  

Los antecedentes 

Eduardo Duhalde es llevado al sillón de Rivadavia mediante una sillita de oro, confeccionada mediante el acuerdo con Raúl Alfonsín y sus amigos gobernadores del PJ. Pero tenía un temor que le atenazaba la garganta: no quería terminar como Fernando De la Rúa, huyendo en helicóptero desde la terraza de la Rosada.

Para que esto no ocurriera, buscó desde ese 1° de enero de 2002 custodiarse por expertos.  Sean los fornidos muchachos aportados por su amigo Oscar Rodríguez, ex vicejefe de la SIDE, quienes apedrearon a los manifestantes contrarios al “Cabezón” en Plaza Congreso, o los integrantes de las fuerzas de seguridad. Para estos últimos, Duhalde tenía reservado un papel estelar: “El 10 de enero de 2002, diez días después del cambio de gobierno, en el diario Clarín podía leerse: 'la Policía Federal, la Policía Bonaerense, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval –es decir todas las fuerzas de seguridad que cubren las jurisdicciones de la Capital Federal y el Conurbano- empezarán a trabajar de manera conjunta para enfrentar la ola de inseguridad, según se anunció ayer. Voceros de la Secretaría de Seguridad de la Nación aseguraron que no será algo simplemente declamativo: se creará un área especial que se ocupará de la coordinación'”. Los hechos posteriores, demostrarían con creces que no se quedarían en los discursos.

Como las protestas en Plaza de Mayo y en otros rincones del país recrudecían, el ex hombre fuerte de Lomas de Zamora aleccionó a su secretario de Seguridad Juan José Alvarez para que las fuerzas de seguridad interior pudieran coordinar acciones represivas de manera coordinada: “Bajo esta idea se crearon ámbitos como el Consejo de Seguridad Interior y se dio vida a una serie de reuniones del Presidente con miembros del gabinete nacional, los mandos de las fuerzas armadas y de seguridad, jefes de la SIDE y funcionarios de la justicia, con una frecuencia y dedicación que no tuvieron temas vinculados al trabajo, la salud o la educación. Pocas veces la convocatoria a estos encuentros se hacía en nombre de reprimir el conflicto social, pero era evidente que ése era el principal objetivo. El potencial de las protestas de amplios sectores seguía siendo impredecible y para mantenerse en el poder, ante un probable nuevo estallido social, el gobierno debía garantizar una respuesta represiva mejor que la ejecutada por De la Rúa pocos días atrás”.

Ante los justos reclamos sociales, era mejor moler a palos o balear a quienes protestaban que atender las necesidades básicas de la gente.

Las reuniones para reprimir mejor continuaron: “El 8 de abril de 2002 se realizó otro de estos encuentros. El por entonces jefe de Gabinete, Carlos Capitanich, anunció que allí se había planteado la necesidad de 'fortalecer el accionar de las fuerzas de seguridad'y para ello se debía lograr un mejor equipamiento, dotando a los uniformados de una 'mayor capacidad preventiva'ante el conflicto social. La preocupación por las 'capacidades preventivas' tenía sus razones. El 20 de diciembre la Policía Federal había agotado el parque de gases lacrimógenos y vomitivos que disponía, usando incluso partidas vencidas hacía más de diez años. Eso no debería volver a pasar.

Diez días después, a un nuevo encuentro presidido por el secretario Juan José Alvarez, se sumaron el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ricardo De Gastaldi y funcionarios provinciales del área de seguridad. Esta vez se dispuso llevar adelante un plan de capacitación de los cuadros policiales de todas las provincias, que estaría a cargo de Gendarmería y se avanzó en temas estratégicos, como la protección de yacimientos y redes de distribución energética. Más allá de la real importancia de estos temas, lo que queda claro es que se inscriben en el marco de la revalorización y creciente coordinación de las fuerzas de represión interior”.

Pero el 14 de mayo de ese año, se terminó de dar forma a un mecanismo que mostraría sus dientes un mes después: “Donde comenzó a tomar forma concreta la decisión de reprimir fuertemente la protesta fue en el encuentro de gobernadores del Partido Justicialista en La Pampa, el 14 de mayo.

Allí Duhalde había convocado una vez más a los gobernadores de su partido con un argumento convincente o me apoyan o renuncio. Los acuerdos se basaron en el más puro pragmatismo del intercambio de favores. Ningún gobernador sacaría provecho con una renuncia que volviera a complicar la transición institucional y acordaron dejar de lado los pedidos de elecciones anticipadas. Como contraparte, aprovecharon la debilidad del equipo bonaerense de gobierno para presionar sobre sus intereses más urgentes. Allí volvieron a resonar las palabras con que los representantes del poder económico habían advertido al gobierno de De la Rúa un año antes: reprimir a cualquier costo los cortes de ruta y bloqueos de ciudades. Así lo habían dicho públicamente Eduardo Escasany, presidente de la Asociación de Bancos de la República Argentina y Enrique Crotto, presidente de la oligárquica Sociedad Rural. De la misma forma lo repitieron en el encuentro de gobernadores peronistas: el salteño Juan Carlos Romero, el cordobés José De la Sota y el pampeano Rubén Marín. Pidieron una represión aleccionadora a nivel nacional, transmitiendo sus propios deseos y de los sectores económicos que expresaban. Todos acompañaron el reclamo de que fuera el gobierno nacional el que se mostrase menos permeable a las protestas sociales, y no tuviesen que pagar el pato siempre las provincias, protagonizando en soledad fuertes represiones y asesinatos como acostumbraba el gobernador salteño, responsable de la muerte de cinco piqueteros en su provincia.

El por entonces precandidato peronista a la presidencia, De la Sota, increpó al Secretario de Seguridad de Duhalde:

-¿A vos te parece que éste puede ser un gobierno serio con las calles de Buenos Aires tomadas por miles de encapuchados con palos?

- Decime qué delito cometen por estar con la cara tapada y yo los meto presos, contestó en aquel momento Alvarez, o al menos así dejó que trascendiera a la prensa para reforzar esa imagen legalista sobre la que construye su carrera política.

En otro diálogo se mostró menos apegado a las formalidades legales:

-¿Te vas a decidir a dar goma?, se burló el pampeano Marín ante el Secretario de Seguridad.

- ¿Porqué en vez de pedirme fuerzas federales a m, no mandás a tu policía a darle goma a la gente que hace siete horas nos está puteando en la puerta?, respondió el hombre de Duhalde, ofendido por la chicana y en referencia al masivo escrache que los funcionarios padecían desde temprano.

El jugoso cruce de consejos en torno a las políticas represivas, muestra cuáles son las alternativas en danza entre los halcones y las palomas, los duros y los blandos. Cada uno le aconsejan al otro dar goma, los dos se muestran igual de molestos por las protestas en que los putean, pero ninguno de los dos duda en recomendar la misma receta: represión”.

Tiene toda la razón el texto, pues muestra sin desperdicio la más fibra íntima del pensamiento de los impresentables nombrados más arriba. Ellos muestran ante las cámaras sus mejores sonrisas Kolynos, besan a nenitos en las campañas electorales, pero cuando están lejos de los flashes, les obsesiona paliar las necesidades básicas de la población “dando goma”.

La represión 

Duhalde ya tenía banca para salir con los tapones de punta, sino quedaría ante sus pares como un blando. Un mes después del apriete de los gobernadores, el lunes 17 de junio, estaba dispuesto a poner orden a cualquier costo: “Según informó la Agencia DyN en un cable fechado el mismo lunes 17 y despachado a las 02:55 del día martes, el Presidente advirtió que 'los intentos de aislar a la Capital' con cortes de ruta y piquetes 'no pueden pasar más. Tenemos que ir poniendo orden', dijo y aclaró que este duro planteo ante la protesta se basaba en que 'la conflictividad social en la Argentina está bajando en forma abrupta' y que la confrontación con las organizaciones piqueteras 'irá amainando en la medida en que los planes sociales se vayan incorporando a los sectores más desfavorables de la población'. Habló Duhalde con el mismo criterio de verdad con el que poco tiempo atrás había anunciado que el 9 de julio 'terminaría la recesión en la Argentina' y con la misma capacidad de premonición que cuando, días antes de alguna nueva catástrofe económica o política, suele anunciar que 'estamos condenados al éxito'.

Semejante exposición de sandez gratuita, por parte del ex mandatario a dedo, no merece comentario alguno porque es digna de insertarla textualmente en una futura enciclopedia universal de la infamia. Borges volvé, te perdonamos.

Faltaban menos de diez días para que la cacería del Puente Pueyrredón tuviera lugar, y los futuros asesinos esperaban instrucciones por parte de sus mandantes. Y estas no tardarían en llegar.

Cuando arribaron las columnas a las cercanías del Puente, se encontraron que éste estaba cercado por un anillo de hierro: “En el operativo represivo del 26 de junio por primera vez actuaron de manera conjunta las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, y la Policía Federal) y la Policía Bonaerense, para enfrentar la protesta social. Después de insistir durante meses en la necesidad de esta coordinación, el gobierno de Duhalde concretó su objetivo militarizando todos los accesos a la Capital, en los que desplegó más de dos mil efectivos bajo un mando común. El resultado fue trágico”.

A toda esta parafernalia represiva, se sumarían después efectivos policiales de civil que actuaron remedando a los nefastos grupos de tareas de la dictadura militar del 76.

Llegado a este punto, el libro muestra como las fuerzas represivas balearon a mansalva con munición de plomo a los manifestantes, hiriendo a 32 y matando a Kosteki y a Santillán por la espalda.

Pero los matadores no actuaron espontáneamente, sino que siguieron al pie de la letra instrucciones precisas de una línea de comando definida: “Fanchiotti estuvo en contacto directo con un área secreta del Poder Ejecutivo Nacional durante la jornada en que comandó la operación represiva que terminó con las vidas de Maxi y Darío: la sede Billinghurst de la SIDE”. Esto lo denunció el programa televisivo Periodistas, agregando además que la tarea de dicha sede es “la inteligencia sobre organizaciones populares: se pinchan teléfonos, se filman protestas y se acumulan archivos con los antecedentes de los manifestantes. A esa infraestructura secreta apelan los gobiernos de turno cuando necesitan montar operaciones como la Masacre de Avellaneda”. Al frente de esa oficina de los servicios, estaba en ese momento el “Señor 8”  Oscar Rodríguez, amigote de Duhalde y Quindimil.

Así, queda desterrada la inefable teoría oficial acerca de la “provocación” piquetera a las fuerzas del orden, como también que las muertes de los dos chicos fueron obra del infaltable “loco psicópata del gatillo fácil”.

“Miente, que siempre algo queda” 

En este rubro, se lleva las palmas Daniel Hadad, quien “manipuló fotos acusando a Santillán de portar un palo con una punta especial para perforar chalecos antibalas”, secundado en el podio por su ladero Feinman, quien “mostró una escopeta casera que atribuyó a los piqueteros”.

Los siguieron en la tarea de desinformar, el canal de noticias por cable TN: “A las 12:01, mientras nuestro compañero Mario Pérez caía baleado, el cronista de TN Marcos Barroca justificaba: 'Ahora la policía trata de poner calma a la situación...Había muchos piqueteros que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento...Allí seguramente algún piedrazo o algo llevó a que la policía dispersara a los manifestantes'. De fondo se escuchaban más y más detonaciones.

La desinformación fue total y la versión que difundieron los grandes medios televisivos y radiales estuvo en sintonía con la decisión política del gobierno y el accionar represivo en el Puente. El equipo de TN, aún después de informar que una mujer (por Aurora Cividino) 'aparentemente fue herida de gravedad' prefirió dedicarle casi media hora de transmisión a lamentarse por los destrozos a comercios de la zona y automóviles estacionados”.

Por supuesto, nada dijeron acerca de los baleados por la espalda, como tampoco de los policías que recogían las cápsulas servidas, aún humeantes, del suelo.

Transcurrieron nueve años desde la muerte alevosa de este par de chicos. Las lágrimas y la sangre se secaron, pero no el dolor. Menos aún, se tiene que apagar la memoria y el reclamo permanente de justicia hasta que todos los culpables paguen en la cárcel. Y no sólo los que oprimieron el gatillo, sino también “los que firmaron la orden de agonía”, como decía el ilustre poeta Pablo Neruda.