La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) volvió a deplorar las amenazas e intimidaciones que en los últimos días volvieron a recaer contra periodistas por el sólo hecho de ejercer la tarea de investigar hechos de interés público e informar a sus lectores.

Con preocupación, ADEPA dio a conocer un nuevo comunicado donde vuelve a advertir sobre una metodología que se ha convertido ya en una costumbre: “cada vez que toman estado público noticias que involucran de manera negativa a ciudadanos, funcionarios u organismos de gobierno, las respuestas suelen adquirir formas violentas contra la prensa que no se corresponden con los procedimientos habituales de las sociedades civilizadas”.

Y prosigue: “con frecuencia se ataca y denuesta al mensajero en lugar de criticar o rechazar la causa originante del mensaje que es el que alerta sobre conductas viciadas o desvíos institucionales que se deben corregir.

Así lo demuestran los casos analizados por la entidad en su último informe, como la intimidación a Daniel Santoro, que sufriera interferencias en sus líneas telefónicas y en su correo electrónico y la presión ejercida sobre Matías Longoni por parte de Ricardo Echegaray quien le inició una acción por daños y perjuicios bajo la desmesurada acusación de ser el autor de un plan sistemático para perjudicarlo. Asimismo, el escrache que sufriera Juan Cruz Sanz mediante el despliegue de diez pasacalles contra su persona frente a la casa de su familia en Río Gallegos. Los tres, son periodistas de Clarín.

En Junín, en tanto, el diario La Verdad ha recibido amenazas telefónicas anónimas. Por el tenor del mensaje, unas están vinculadas con la publicación de notas referidas al ejercicio de la prostitución en la zona; y otras están relacionadas con la difusión de un gravísimo hecho de supuesta mala praxis en una clínica local.

A su vez, en La Rioja, en la puerta del diario El Independiente, se presentó un piquete con actitudes patoteriles que protestaban y pedían la identificación de la fuente informativa en un caso que compromete al Ministerio de Trabajo de esa provincia.

Por último, Carlos Gamond, director de Puntal de Río Cuarto, recibió amenazas e intimidaciones por parte del abogado Dui lio Da nie le, a quién se le imputa el haberse beneficiado con un inmueble de una persona mayor, presuntamente obtenido de modo fraudulento.

ADEPA brega para que cesen estas acciones que buscan amedrentar a periodistas con el propósito de bloquear información que la ciudadanía debe conocer si pretendemos una sociedad mejor.

Sólo el apego al Estado de derecho garantiza la justicia y la equidad a cada quien a través de procedimientos formales que todos debemos respetar, incluidos periodistas y empresas periodísticas. Pero la misma Constitución Nacional brinda protecciones especiales para el desempeño del periodismo, en la inteligencia de que su pleno funcionamiento –aun cuando la difusión de noticias y opiniones pueda resultar incómoda para personas o instituciones- es fundamental para la salud del sistema democrático y republicano”.