La mitad de año no suele ser una época fácil para los administradores de los municipios bonaerenses, debido a que, con presupuestos mensuales más que ajustados, el pago del aguinaldo dispara el gasto salarial y coloca a los intendentes ante el primer cuello de botella financiero anual.

Pero además a esta altura terminan de proyectar números y el rojo que los acosará en el cierre del ejercicio pasa a ser una certeza definitiva para buena parte de las comunas de esta provincia.

En ese marco, los intendentes consiguieron esta semana algunas respuestas tras las embestidas por mayores recursos que, reservada pero enérgicamente, vienen ejerciendo sobre los gobiernos nacional y bonaerense.

Saben, sin embargo, que las concesiones comprometidas en estos días no revertirán los déficits estructurales crónicos de sus distritos.

La administración de Daniel Scioli se apuró a anunciar a comienzos de esta semana que, como hizo el gobierno nacional con el bonaerense, aplicará un mal llamado "plan de desendeudamiento" de los municipios con la Provincia.

Legisladores del oficialismo y la oposición ya habían avisado que llevarían al recinto de deliberaciones el reclamo que los intendentes venían haciendo en pos de una medida de ese tipo, cuando desde la Gobernación se anticipó que se refinanciarán a 20 años, con uno y medio de gracia, y con tasas más benignas que las actuales, las deudas de las comunas con el Tesoro bonaerense y con los organismos como el BID y el Banco Mundial.

La medida significará, sin duda, un fuerte alivio coyuntural para las finanzas de muchos municipios. Pero los propios intendentes beneficiados advierten que está muy lejos de ser una solución.

Es, en rigor, una "bicicleta" que traslada a gestiones venideras el peso de la deuda alcanzada por el plan y que, por cierto, no es toda la deuda que agobia a las comunas. En el gobierno provincial admiten que el 42 por ciento promedio de las obligaciones municipales no será refinanciada; las que muchos distritos mantienen con sus proveedores, por caso.

Y es, también, como toda medida de esta índole —como las moratorias impositivas—, injusta con las comunas que, por el estatus de sus contribuyentes pero también por el esfuerzo de sus administradores, no tienen deudas con la Provincia.

En Economía dicen que son sólo nueve los distritos en esa situación. Si es así, justamente el intendente de uno de ellos estaba el lunes pasado en el acto que aprovechó Daniel Scioli para anticiparle la medida a un grupo de jefes comunales. "¿Y mi municipio, que no tiene deudas, en qué se beneficia?", se quejó el hombre, cuando recibió la noticia.

Algunas promesas, una evasiva

El jueves pasado fue la Presidenta quien escuchó de boca de intendentes una serie de pedidos vinculados no a obras sino al vil metálico. Los había de todo el país, pero los bonaerenses llevaron la voz cantante, desplegando una lista de "propuestas".

Pidieron ser agentes de retención del IVA que deben pagar sus proveedores, a cambio de una comisión por la gestión de cobro; y un sistema de leasing, instrumentado por el Banco Nación, para comprar maquinarias y computadoras.

Reclamaron también la sanción de una ley nacional que les permita cobrarles un canon municipal a las empresas de servicio "por el uso del espacio público" (el espacio que ocupan columnas, cables y cañerías, por ejemplo). Un tributo que, reconocen los propios intendentes, esas compañías podrían trasladar a las facturas y terminaría siendo pagado por los vecinos.

Los intendentes que participaron de la reunión dicen que se llevaron el compromiso de Cristina Kirchner de avanzar en la instrumentación de esos requerimientos.

Afirman que hubo evasivas, en cambio, para un reclamo que los jefes comunales bonaerenses ya le han planteado, también infructuosamente, al Gobernador: que la administración nacional disponga fondos específicos para cubrir parte de los gastos que demandan los centros municipales de salud, las "salitas" de los barrios.

La cuestión salarial

Esta búsqueda de mayores fondos "genuinos" —al margen de préstamos y auxilios coyunturales— se da en medio de un clima de tensión creciente en buena parte de los distritos, que aún no definieron aumentos salariales o afrontan demandas de nuevas mejoras a la luz de las que se están concediendo en el sector privado.

Esos intendentes se preguntan cómo podrían otorgar los incrementos que les reclaman, cuando en más de un caso no tienen los recursos necesarios para pagar, con los niveles actuales, el aguinaldo.

Es verdad que algunas comunas tienen exceso de personal, como consecuencia de un formato más del clientelismo político, y quizás algunos ñoquis.

Pero no es menos cierto que la cuestión salarial refleja tal vez como ninguna cuál es la situación financiera de los municipios.

En ese sentido, muchos intendentes que tienen dificultades para juntar cada mes la plata necesaria para pagar los sueldos, vieron, cuando el gobierno nacional anunció el Plan Argentina Trabaja —para los excluidos, sin empleo, sin ayudas sociales, sin nada— cómo esos cooperativistas iban a ganar más ($1.200 mensuales) que sus empleados.

Marisa Álvarez
NA