Doctrinariamente, en el ámbito judicial, se conoce al agente provocador como aquel individuo que, con conocimiento previo de la autoridad, alienta a otro a violar alguna ley penal, es decir, el que induce a cometer un delito. En esta relación nadie es inocente, ni el que induce, monitorea, controla ni el que ejecuta la acción típica, antijurídica y culpable.

Desde el punto de vista de la Política Criminal esta clase de acciones pueden ser efectivas y eficientes, aunque de muy dudosa entidad ética y moral.

Ni qué decir cuando algunos vivillos se aprovechan de esta clase de circunstancias y recién “blanquean” el supuesto delito experimental o controlado (algunas de las denominaciones del resultado del agente provocador) cuando alguna otra autoridad “accidentalmente” descubre el ilícito.

En la actualidad se ha instalado un tema novedoso: la cuestión relacionada con la efectiva percepción del 82% móvil por parte de los beneficiarios del sistema social de previsión, derecho ya reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Deberíamos reconocer la capacidad de inventiva del kirchnerismo para prever e improvisar los más diversos temas que conciten atención y a la vez distraigan de otros escándalos en cada ocasión en que salieran a luz hechos gravísimos de corrupción.

Este asunto del 82% fue echado a rodar como un verdadero Plan B ante el frustrado éxito de la selección nacional de fútbol que habría operado como elemento fagocitante de la hambruna popular, nada menos cuando se están dando batallas de primer nivel respecto al affaire de la Embajada Paralela en lo que hoy podemos denominar karakasgate, el escándalo de los aportes a la campaña electoral y su conexión con la mafia de los medicamentos, y las tropelías de Julio De Vido, Claudio Uberti, el “vasco” Olasagasti, el eecaudador Capaccioli, ea participación en los negociados del esposo de la diputada Diana Conti, Enrique Dratman,  que distraen la atención del insólito sobreseimiento al piquetero oficialista Luis D´Elia en la toma de la Comisaría 24, las generosas concesiones de obra pública que se le siguen otorgando al empresario Eurnekian; no obstante se le rescindieran dos megaemprendimientos por incumplimiento de su parte, después de haber percibido todos los anticipos de las obras frustradas, y el trato privilegiado conferido a la empresa más contaminante del mundo, la Barrick Gold del millonario Peter Munk por su explotación minera en Veladero y Pascua Lama. Ni qué decir del dinero que se viene quemando en la hiperdeficitaria Aerolíneas Argentinas, verdadero agujero negro donde también van a parar fondos de nuestros ancianos.

Lo cierto es que el tema del 82% se ha elevado a la categoría de verdadera carnada, la cual picara la oposición que hoy reclama a viva voz su implementación cuando antes accedió a la modificación del sistema provisional destruyendo y vaciando las AFJP, resultando un acicate que desde las más altas esferas del oficialismo se sostenga que es un disparate y un despropósito exigir el cumplimiento de ese rezagado derecho de nuestros mayores vilmente saqueados por cuanto gobierno nos precediera.

Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, es el agente provocador que incita a que la oposición ahora luzca como encarnizada defensora de este derecho social inalienable de la tercera edad, esperanzado en que los supuestos anti K se traguen este nuevo sapo y, como en la perinola, termine el oficialismo llevándose todo el crédito.

En primer lugar, porque si se frustrare la implementación de ese 82% el costo político lo soportaría la oposición, y si ésta lo hiciere exigible se demostraría la imposibilidad material de su cumplimiento como lo vienen advirtiendo desde el gobierno.

Si no pudiese cumplirse es porque los fondos desaparecieron, y si se evaporaron, ¿por qué no se lo controló o descubrió antes?

El mejor escenario se le ha brindado al kirchnerismo, pues si en las próximas elecciones llegase a triunfar la oposición, el nuevo gobierno estaría atado a tantos compromisos sin poder echar mano de caja alguna, que difícilmente pueda sostenerse más allá de los 180 días (corridos, no hábiles) con el agravante del reclamo de los actuales beneficiarios del sistema clientelar que quedarían desamparados echando mano a lo que quisieren, eclipsando con creces el saqueo de las épocas de Alfonsín.

En consecuencia, a los KK sólo les queda echarse a dormir mientras acontezcan estos desmanes y sean llamados, como salvadores de la patria, a retomar las riendas del caos generado por ellos mismos.

Enrique Piragini