Luego de siete años de ejercicio ininterrumpido, el gobierno kirchnerista parece haber dejado dos cuestiones claras:
1-la innegable farsa en torno a un progresismo inexistente el cual se supo manipular en provecho de campañas políticas explorando de este modo, un territorio inusitado hasta el momento: el de los Derechos Humanos, y así también corrompido. Cada vez son más las entidades humanitarias que condenan prácticas esgrimidas por el kirchnerismo.
El veto del 82% móvil para los jubilados que el Gobierno ya anticipó, parece ser una clara demostración de que los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), no están del todo bien administrados. Dichos fondos que deberían estar exclusivamente destinados a asegurar el bienestar y el futuro de millones de jubilados y aportantes, son manejados por el Gobierno como patrimonio propio olvidando que su deber es protegerlo o acrecentarlo, no dilapidarlo. Los fondos de la Anses actualmente están siendo utilizados sin veto alguno para el otorgamiento de préstamos a empresas en apuros, el financiamiento de proyectos dudosos, entrega de computadoras gratuitas para escolares, financiación de decodificadores de televisión digitalizada, pauta oficial, 6, 7, 8, Aerolíneas Argentinas, General Motors, impedir la inflación, la carrera electoral 2011, Bicentenario, empresas energéticas del amigo Julio De Vido, Banco Macro y la lista sigue … pero si se trata de utilizar esos fondos para su real uso y concretar la siempre postergada vigencia del 82 por ciento móvil (1) exigido por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos, tratándose del único ingreso que percibirán actuales y futuros jubilados, entonces es un “disparate”, “oportunista”, ”mezquino”, “demencial” y “bochornoso”.
Es dable destacar que si de la lista anterior tenemos en cuenta que se están financiando con el estado a empresas privadas, significa que se vuelven a privatizar fondos estatizados, y no a través de las AFJP, sino mediante entidades financieras amigas. Evidentemente, algo está muy mal en el manual de progresismo K.
2- la mala puntería para los negocios, sobre todo cuando se quieren disfrazar de primeras necesidades para el pueblo, como lo es el Futbol para Todos, un negocio que le sigue dando pérdidas al Estado.
En sólo 10 meses del "Fútbol para Todos", en el que el Gobierno destinó más de $600 millones, no ha recuperado ni un 10% de eso. La publicidad privada (sólo IVECO) y otros ingresos rondan los 30 millones netos. De esta manera la realidad contradice al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien había afirmado que “el producto fútbol tiene que producir tanto beneficio que no debe costarle ni un centavo al Estado”. Sin embargo, según informó Clarín, por cada hogar en el que hay un televisor que sintoniza el fútbol “gratis”, el Estado desembolsa $ 240 mensuales. Aquí la explicación: el Apertura 2009 promedió los 9 puntos de rating, mientras que el Clausura bajó a los 7. La ecuación es simple: cada punto de rating equivale a 31.474 hogares, durante el último año, el “Fútbol para todos” fue visto por 250.000 hogares. A los gastos por derechos hay que añadirles los de transmisión ($ 30 millones en 2009 y otros $ 22 millones por la mitad de 2010). Por lo tanto en cifras, esto representa $ 240 por cada hogar en que se enciende la tevé para ver fútbol.
"El fútbol se convirtió en un instrumento de propaganda oficialista. Está totalmente a contramano de lo que se hace con el deporte en el resto del mundo”, manifestó el consultor de marketing deportivo Gerardo Molina. En vistas al mal negocio por la pésima rentabilidad de futbol, el Gobierno decidió usufructuar el deporte políticamente, pero el 4 a 0 de Alemania le puso fin al sueño del “Futbol Tapa Todo”.
Carlos Forte
(1) Mientras se termina de escribir el presente artículo, ha trascendido a través del Boletín Oficial que se ha derogado un artículo de la Ley Nacional de Empleo que prohibía tomar el salario mínimo vital y móvil como parámetro. Esto ocurre a pesar de que ayer mismo el oficialismo aseguró que se vetaría cualquier intento de aumento jubilatorio propuesto por la oposición.